La oficina de patentes nacional rubricó un acuerdo con su par norteamericana que favorece los reclamos de los laboratorios multinacionales, y atentará contra el precio y el acceso a los tratamientos. Además, especialistas y entidades de pacientes aseguran que existe “conflicto de interés” por los lazos del titular del INPI con la industria farmacéutica

En febrero de este año, sin mayor información, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) firmó un convenio con la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés), para regular la entrega de patentes de medicamentos en nuestro país. La iniciativa fue cuestionada por especialistas u entidades de pacientes, porque aseguran que pone en riesgo el acceso a tratamientos. Además, denuncian que hay conflicto de intereses con el titular de la entidad nacional, Dámaso Pardo, con estrechos vínculos con la industria farmacéutica. “Bajo su mandato la oficina nacional de patentes priorizará los derechos comerciales por sobre derechos humanos básicos como el acceso a la salud”, remarcaron.

El denominado Programa Piloto de Patentes de Prospección (PPH) se pondrá en marcha en el país gracias al acuerdo de la INPI y la USPTO. El mismo fue cuestionado por varias entidades, como la Fundación GEP, que viene denunciando la tendencia a favorecer a la industria multinacional de las nuevas autoridades de la oficina nacional. “El acuerdo deroga de hecho la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”, destacó la entidad mediante un comunicado.

A esta situación, agregó la fundación, deben agregarse el “artilugio legal” de firmar el acuerdo como “programa piloto” para saltear su aprobación por el Congreso, paso necesario para cualquier convenio que modifique la aplicación de una ley nacional, y la capacitación del personal del INPI a cargo de la oficina de patentes estadounidense para que “los empleados y técnicos argentinos sigan los procesos de concesión de marcas y patentes de acuerdo a los parámetros establecidos en los Estados Unidos“. “Estas acciones sin embargo no sorprenden dados los antecedentes: Pardo fue hasta junio de 2016 socio del mega estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h), donde defendía a las corporaciones cuyos pedidos de patentes ahora debe regular”, dijo el GEP, que en agosto del año pasado se reunió con el funcionario, quien expresó que su función es simplemente “entregar derechos de propiedad si cumplen con los requisitos fijados”. “Traducción: bajo su mandato la oficina nacional de patentes priorizará los derechos comerciales por sobre derechos humanos básicos como el acceso a la salud”, remarcó la entidad.

Según los especialistas, este convenio le abre la puerta a un proceso que usan los laboratorios para extender a punto de vencerse: patent evergreening (siempre verdes). Este “engaño legal”, permite extender la exclusividad sobre un medicamento en forma indefinida, evitando la aparición de competidores genéricos. “Evergreening es una estrategia mundial, también de los laboratorios europeos, pero con el PPH se les facilitará que busquen extender sus patentes sin aportar nuevas evidencias científicas”, escribió el periodista Alberto Ferrari, en una nota al respecto.

El programa piloto PPH comenzó a aplicarse en Argentina desde el 3 de marzo pasado y durará un período de tres años que terminará el 2 de marzo de 2020. El período de prueba se puede extender si es necesario para evaluar adecuadamente la viabilidad del programa PPH, señala la versión en inglés. Y ambas oficinas evaluarán continuamente los resultados de la aplicación del PPH para determinar si se debe modificar el programa.

“El mecanismo conocido como “Autopista para otorgar patentes” recientemente adoptado es considerado en todo el mundo por la sociedad civil que defiende el derecho a la salud como un peligro para el acceso a tratamientos que salvan vidas. Su desembarco ilegítimo en Argentina debe ser denunciado y combatido por toda la sociedad: nuestros derechos más fundamentales están en grave peligro. Los medicamentos no son una mercancía sino un bien social para garantizar el derecho humano a la salud”, concluyó por su parte la Fundación GEP.

“Nosotros nos enteramos de esta acuerdo por la página de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) ya que el INPI no informó nada”, precisó el argentino Rubén Abete, secretario general de ALIFAR, la asociación de laboratorios latinoamericanos de capital nacional. en tanto, El argentino Carlos Correa, uno de los mayores expertos mundiales en propiedad intelectual, asesor de la ONU, la OMS y la OMC, consideró que el acuerdo es “discriminatorio” porque otorga un privilegio del que no gozarán los laboratorios nacionales y que tampoco hay antecedentes de que se esté aplicando en la UE o en países industrialistas de Asia.

“Este convenio es una autovía rápida para imponer las patentes y un proyecto piloto según explicó la propia USPTO. Hasta donde sabemos ningún otro país fue invitado a firmarlo. Y justamente nos preocupa que pretendan avanzar con otros países latinoamericanos”, alertó Abete. “Creemos que Argentina se ha convertido en la cabeza de playa para imponer vías rápidas de patentamiento en la región”, reforzó el secretario general de ALIFAR.