Una auditoria gubernamental ha encontrado que casi uno de cada siete ancianos que viven en residencias de ancianos, casi todos los que padecen demencia, reciben los poderosos medicamentos antipsicóticos atípicos, a pesar de que aumentan el riesgo de muerte y no han sido aprobados para este uso.

La auditoría encontró que más de la mitad de los antipsicóticos pagados por el programa federal de Medicare durante la primera mitad del 2007 fueron “inadecuados”, suponiendo un coste para el programa de US$116 millones en estos 6 meses.

Daniel R  Levinsón, inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos,  al anunciar estos resultados comentó, “gobierno, contribuyentes, las personas mayores, familiares y cuidadores, deberían estar indignados y buscar soluciones”. También señaló que tales medicamentos –que incluyen Risperdal (risperidona), Zyprexa (olanzapina), Seroquel (quetiapina), Abilify (aripiprazol) y Geodon (ziprasidona) – son “potencialmente letales”  para muchos de los pacientes que los toman, y muchos fabricantes promocionan ilegalmente sus medicamentos para este uso, “poniendo sus ingresos económicos por delante de la seguridad de los pacientes”

La auditoria es una evaluación inusual por parte del gobierno para ver si los médicos están tratando adecuadamente a los pacientes de Medicare en las residencias para personas mayores. Mr. Levinson sugiere que el gobierno debe recopilar información sobre los diagnósticos dados a los pacientes de Medicare, de modo que pueda evaluarse si son apropiados los medicamentos que se les prescriben. 

Aunque este tipo de control básico es común en el sector privado, es infrecuente en el programa Medicare y era casi seguro que generaría la oposición de grupos de médicos y que muchos congresistas considerarían esto como intromisiones impropias del gobierno en la relación médico-paciente. En respuesta a la auditoria, los Centros de Medicare y Medicaid, dicen que algunos de los usos inapropiados de antipsicóticos en pacientes ancianos en residencias son el resultado del pago de sobornos por los fabricantes de medicamentos a las residencias para incrementar la prescripción de los medicamentos.

Omnicare Inc., una cadena de farmacias para residencias de ancianos, pagó US$98 millones en noviembre del 2009 para resolver la acusación de que había recibido sobornos de Johnson & Johnson y otros fabricantes de medicamentos para facilitar la prescripción de antipsicóticos.

Los funcionarios de Medicare dicen que la información diagnóstica generalmente no se incluye con la prescripción de modo que el gobierno no puede evaluar en tiempo real si los gastos en medicamentos son adecuados.

El Dr. Daniel J Carlat, editor jefe de The Carlat Psychiatry Report, un noticiario de educación médica para psiquiatras, dice que a pesar de que la FDA ha alertado a los médicos de que el uso de medicamentos antipsicóticos en ancianos con demencia incrementa el riesgo de muerte, los médicos continúan prescribiéndolos debido a que hay pocas alternativas. Afirma que “los médicos buscan maximizar la calidad de vida tratando la agitación del paciente incluso si esto significa que el paciente puede morir un poco antes”.

Los auditores gubernamentales encontraron que a 304.983 de los 2,1 millones de pacientes ancianos que vivían en residencias durante los primeros seis meses del 2007, se les había prescrito al menos un medicamento antipsicótico con cargo a Medicaid. Aquellos que vivían en residencias recibieron el 20% de los 8,5 millones de prescripciones de medicamentos antipsicóticos para todos los beneficiarios de Medicare, con un coste de 309 millones de dólares en seis meses.

También encontraron que el 83% de las prescripciones de antipsicóticos para ancianos que vivían en residencias fueron para usos no aprobados por la FDA, y  el 88% lo fueron para tratar a pacientes con demencia – para quienes el medicamento puede ser letal. “Estos resultados son alarmantes”, según el Senador  Charles E. Grassley, republicano de Iowa, quien pidió la auditoria. “Los funcionarios de Medicare necesitan estar atentos.”

Las reglas federales requieren que cualquier medicamento pagado con fondos públicos, se prescriban para usos aprobados o al menos recogidos en uno de tres enciclopedias independientes sobre utilización de medicamentos. Los auditores encontraron que el 51%, o 726.000 de 1,4 millones de prescripciones de medicamentos antipsicóticos no cumplieron este criterio y fueron por tanto impropiamente pagadas por el gobierno.

Las reglas gubernamentales también prohíben que los medicamentos sean utilizados a dosis o con duración excesiva, incluso si los pacientes cumplen la condición para la cual el medicamento es adecuado. Los auditores encontraron que el 22%, o 317,971 de  1.4 millones de prescripciones de medicamentos anti psicóticos incumplieron esta norma.

Comentario de las traductoras:

Hay dos aspectos que nos llaman la atención: (1) Existe un doble rasero entre la sanidad pública y la privada, en cuanto a las auditorías. En la privada son algo asumido y se aceptan, mientras que en Medicare, una empresa más grande y de interés público, se rechazan estas auditorías como si fuera una vulneración a la libertad básica. (2) La prescripción de antipsicóticos a personas ancianas que padecen demencia se justifica con el argumento de que es un tratamiento paliativo que, a pesar de acortar la esperanza de vida, mejora la calidad de ésta. Sin embargo, está demostrada la alta letalidad de estos fármacos en estos pacientes, además de provocar demencia per se y acelerar el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer. Por esto, vemos necesario que se informe a los pacientes, cuidadores y sus familiares de los riesgos del uso de estos fármacos y de las alternativas que existen, para que puedan decidir qué opción eligen.