AGENCIAS REGULADORAS Y POLÍTICAS

América Latina

Argentina: Producción pública de medicamentos: dura pelea por reglamentación de la ley
Mirada Profesional, 28 de septiembre 2011
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La aprobación de la ley nacional de Producción Pública de Medicamentos por  el congreso argentino a fines de julio de este año es considerada un paso fundamental en la consolidación de un sistema sanitario más inclusivo y con una fuerte impronta social. Pero hasta ahora se mantiene sin reglamentar, por lo que no está en vigencia. Durante este tiempo, distintos integrantes del gobierno se mostraron a favor de la iniciativa, que marca un quiebre en la política estatal en materia de remedios. La decisión final, parece, está en manos del titular de Salud, Juan Manzur, a quién desde distintos espacios “le marcan la cancha”. En tanto, en la Facultad de farmacia de la UBA, uno de los sectores más involucrados por esta medida, se dan los primeros pasos en medio de una interna política a tener en cuenta.

Ley Nº 26.688 fue aprobada en el senado en julio de este año, y está actualmente en etapa de reglamentación. Durante este período, distintos funcionarios dieron pasos concretos para apoyar su puesta en marcha. Pero quien no habló del tema fue el titular de Salud, Juan Manzur, principal responsable de la reglamentación. En este sentido, existen dudas respecto a la voluntad del ministro para dar cumplimiento al espíritu de la ley. Así lo expresa un trabajo difundido por el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, que busca poner límites a la futura norma.

Este sector, que nuclea a diversos defensores de la gestión pública en salud, difundió esta semana un trabajo donde hace hincapié en las cuestiones a tener en cuenta por Manzur sobre esta temática. “(El ministro) deberá adecuar la reglamentación de la ley a las políticas orientadas y definidas en forma clara y contundente desde el mismo Gobierno. Para ello deberá partir del concepto de que los medicamentos son bienes sociales -así lo define la ley- y no mercancías disponibles sólo para quien pueda pagarlas. Eso significa que el Estado debe asegurar la accesibilidad a los mismos”, rescatan en el trabajo, difundido por este grupo en su página web (http://www.grupogestionpoliticas.blogspot.com).

Para los integrantes del grupo de gestión, “los laboratorios de PPM apoyados por el sector científico-tecnológico para hacer investigación y desarrollo, son el ámbito más adecuado para resolver esas necesidades públicas”. “Esperamos que se tomen las medidas necesarias, porque propiciar el desarrollo de ciencia y tecnología para fortalecer la inclusión social no escapa a la percepción del ministro Manzur, quien en ocasión del 17º Congreso Internacional de Salud, realizado días atrás en Tucumán, manifestó ‘de nada sirve el avance de la ciencia si no está disponible para todos los que la necesitan’”.

La advertencia de este espacio se choca con algunas versiones que indican diferencias en el seno del gobierno para reglamentar la ley, ante un fuerte lobby de la industria farmacéutica, que no quiere perder sus enormes privilegios. En este sentido, debería recordarse las palabras de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando presentó este proyecto de ley: “esa iniciativa debe ser una política de Estado”.

Apoyando esta mirada, el grupo de Gestión recordó algunos pronunciamientos públicos de funcionarios de primera línea del gobierno. Uno de los más importantes fue el realizado por el ministerio de Defensa, que confirmó la ampliación y adquisición de equipamiento para el Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, en sus dos sedes bonaerenses de Palomar y Caseros. Con esta medida, los ministros de Defensa Arturo Puricelli y de Ciencia Lino Barañao dieron un “apoyo explícito” a la ley.

Según informó la cartera castrense, las reformas permitirán “aumentar la actual producción de 2.500.000 comprimidos anuales a 20 millones; con una proyección para el tercer año de 50 millones de comprimidos y 300.000 frascos de líquidos estériles, así como cumplir con las normativas exigidas por la ANMAT, asegurando la calidad de sus productos”.

Por su parte, la ministra de Industria, Débora Giorgi, hizo referencia a la necesidad de paliar el rojo de la balanza comercial del sector farmacéutico actual (estimado en US$1.327 millones) para lo que lanzó un plan de sustitución de las importaciones. En este contexto, el Estado ya dio créditos al 9,9% de tasa fija anual por 400 millones pesos a empresas privadas del sector farmacéutico.

Por último, el presidente del INTI, Enrique Martínez, firmó el acta/ acuerdo fundacional de la RELAP en setiembre de 2007, con la finalidad de brindar soporte tecnológico a los laboratorios de PPM en más de 30 rubros.

Interna en la UBA

Por otra parte, se sabe que la Universidad de Buenos Aires (UBA) es un bastión de este tipo de políticas, y desde sus distintas facultades salieron los apoyos más fuertes para esta ley, en especial desde la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la facultad de Medicina. En tanto, en la facultad de Farmacia, hay algunas discrepancias sobre la reglamentación, que en definitiva marcará el éxito -o el fracaso -de la norma.

En este sentido, la semana pasada se confirmó que la planta de producción de medicamentos funcionará en el hospital de Clínicas, a cargo de la facultad de Farmacia, y su objetivo es “abastecer a la red de hospitales universitarios y también ofrecer un espacio de formación práctica para estudiantes y docentes”.

Según una nota publicada el viernes 23 de septiembre en Página/12, “la nueva planta de producción de medicamentos tendrá 1.363 metros cuadrados. El costo total de la obra será, aproximadamente, de US$4 millones, donde la obra civil costará dos millones, los equipos de producción y servicios US$1,4 millón, y el laboratorio de desarrollo farmacéutico unos US$300.000. El proyecto cuenta ya con un subsidio que ronda los US$400.000 de parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que estaría disponible a partir del mes que viene. Se estima que en el 2012 la facultad estará en condiciones de inaugurar la planta y que, según comentan sus impulsores, producirá unos 450.000 comprimidos por semana con una variedad, en principio, de 25 especialidades medicinales”.

La actividad de esta planta generó algunos cruces dentro de la facultad. Hoy, en el mismo diario porteño, el PCCE Universidad y La Fórmula, agrupación de estudiantes y graduados de esa casa de estudio, difundieron un comunicado donde celebraron “la creación de la planta farmacéutica de la facultad que se construirá en el Hospital de Clínicas”, y criticaron algunos sectores que mostraron “poco interés” en la actividad.

“Como es de público conocimiento, somos los únicos que desde hace años venimos instalando e impulsando el debate de la producción pública de medicamentos en nuestra facultad”, afirman. El PCCE y La Fórmula destacaron el rol del Gobierno en la iniciativa (la Nación financiará el proyecto) y apuntaron contra las agrupaciones radicales y de izquierda de la facultad: “No podemos dejar de mencionar el gran desinterés por parte de Participación (graduados), la Alianza y el PO (estudiantes) por la producción pública de medicamentos (…) Hoy, por mero oportunismo político sorprendentemente les empieza a preocupar”.