ÉTICA Y DERECHO

Litigación

Argentina: Multa a Glaxo: siguen las repercusiones y las sospechas
Miradaprofesional.com  9 de enero de 2012
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En el Congreso de la Nación analizan cambios en las leyes que rigen los ensayos de medicamentos y vacunas. Incluso quieren equiparar actos de corrupción con “delitos de lesa humanidad”.  Alguna familias que participaron del ensayo siguen reclamando por el engaño. Pacientes quieren boicotear productos de Glaxo.

Sigue el escándalo por la multa al laboratorio multinacional Glaxo, por irregularidades en la realización de un ensayo clínico de una vacuna en el noroeste del país, y que incluyó a niños en situación social vulnerable de forma indebida. Desde que se conoció la noticia, desde distintos sectores le apuntaron a la necesidad de mayores controles por parte del Estado. Por eso, ya hay algunos legisladores que buscarán que el parlamento apruebe un proyecto que intensifique los controles con los ensayos farmacéuticos. En tanto, siguen las sospechas por las muertes de 14 niños durante el protocolo cuestionado. Pacientes y usuarios lanzan un complot contra la firma.

La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de multar a la farmacéutica con un millón de pesos por los polémicos ensayos clínicos despertó todo tipo de críticas y reclamos. Luego de conocido el hecho, ya hay legisladores que reclaman una nueva ley que controle estos ensayos, y que declarar “delito de lesa humanidad” cualquier acto de corrupción en materia de salud.

Según explicó la diputada nacional por el PRO Cornelia Schmidt-Liermann “el Estado sólo aplica sanciones económicas y administrativas a las empresas que no representan ninguna amenaza para los involucrados en estas acciones”, por lo que pidió crear “algún recurso penal que juzgue a las compañías farmacéuticas, funcionarios y profesionales de la salud que participan de la realización de investigaciones médicas”.

Asimismo, Schmidt-Liermann sostuvo que “es fundamental que los legisladores asumamos el compromiso de trabajar de manera urgente en la ley nacional de Investigación Biomédica”, mientras consideró que “todo tipo de delito o acto de corrupción vinculado con la salud debería ser equiparado con delitos de lesa humanidad, para que no prescriban con el paso del tiempo y de esta manera no queden impunes”.

“El centro de esta cuestión no es si la vacuna tiene objeciones, sino la maniobra delictiva que se instrumentó para lograr la aprobación de los pacientes. Es aberrante la conducta de quienes se abusaron de la inferioridad de condiciones de padres que no pueden comprender el alcance de lo que están suscribiendo, para obtener los consentimientos y realizar los estudios”, finalizó la diputada.

En tanto, las familias que participaron del ensayo y se sienten damnificadas siguen reclamando compensaciones. En Santiago del Estero, el abogado Bernardo Herrera, representante de dos de estas familias, advirtió que “la resolución de la ANMAT” sobre el caso “es muy clara” porque asegura que “se constató” que “los bebés que fallecieron” en el norte del país “no debían haber sido” inoculados.

El letrado argumentó que “el protocolo” de investigación “dice que no debe vacunarse a chiquitos con enfermedades ‘inmunodepresivas’ porque, ante las defensas bajas, con ese tipo de vacunas, se potencian las enfermedades”. Además, insistió con que “el laboratorio”, de capitales británicos, vició el consentimiento” de los padres de las víctimas al haber recurrido a “sectores muy vulnerables, excluidos del sistema de salud, analfabetos” con un “sistema de captación lucrativo que no era ético”, mientras reiteró que “no hacían el control posterior ni el anterior a la vacunación”.

Herrera adujo que, “en el caso de (el bebé de la familia Medina)”, una de sus representadas, “si hubieran cumplido por el protocolo, no lo hubieran vacunado nunca (a su niño), porque estaba internado por neumonía”. El letrado, en declaraciones radiales, insistió con que al “laboratorio vició el consentimiento” de los padres de los bebés.

En tanto, en la red pacientes y usuarios de medicamentos del país lanzaron una campaña para boicotear a la firma Glaxo. Por el momento, la idea circula por la red social Twister y por un correo electrónico, que cita varios fallos en contra de la farmacéutica.
Entre los datos que se aportan sobre la historia de Glaxo, se afirma que en marzo de 2004 la FDA ordenó que se advierta con un recuadro negro sobre un antidepresivo de la firma y otros similares por el riesgo potencial de pensamientos suicidas en niños y adolescentes. Desde 1992 aproximadamente 5 mil personas demandaron a la compañía. Además, en enero de 2003 la propia acompañó advirtió que Severent, uno de sus productos contra el asma, podía llegar a ser muy riesgoso y provocar incluso la muerte.

En febrero de 2003 el Estado de Nueva York acusó a Glaxo y Pharmacia de sobornar médicos para que elijan sus medicamentos, y ese mismo mes hubo una denuncia similar de la justicia italiana.

Glaxo, tercer laboratorio del mundo, y dos médicos fueron multados por haber cometido irregularidades al buscar el consentimiento de los padres de al menos 14 bebés que fallecieron en el norte del país tras haber sido sometidos a pruebas con una vacuna experimental.

No obstante, la empresa sostuvo que practica estudios “respetando todas las leyes”.

Sin embargo, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky confirmó ayer la sanción de Pa400.000 (1US$=Pa4,35) para el laboratorio y de Pa300.000 para cada uno de los médicos, Héctor Abate y Miguel Tregnaghi, al rechazar la apelación de la compañía a la multa dispuesta en 2009 por la ANMAT.

Las irregularidades fueron detectadas en el procedimiento de selección e ingreso de pacientes al estudio clínico realizado entre 2007 y 2008 en Santiago del Estero, Mendoza y San Juan, según la investigación realizada por ANMAT, dependiente del Ministerio de Salud.