El proyecto, que funcionará en el edificio de investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud en la capital panameña beneficiará a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La iniciativa, financiada por el Banco Mundial tiene un costo de ocho millones de dólares.
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El gobernador añadió que las “Farmacias de la Gente” servirán como centros de enlace para encaminar a hospitales especializados a personas que requieran otro tipo de atención médica. “En las farmacias originalmente habrá medicamento para atender enfermedades, digamos, ordinarias, medicamentos básicos y si alguien requiere medicamentos y atención médica específica por alguna enfermedad, como hipertensión o deficiencias renales, entonces podrá acudir a cualquier “Farmacia de la Gente” donde se le enlazará de inmediato con un centro de salud especializado para que reciba de manera inmediata la atención médica requerida”, explicó.

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Este programa puesto en marcha por la ONG Farmacéuticos Mundi cuenta con el respaldo de la Diputación de Valencia quien ha aportado para su desarrollo una subvención de €38.555 euros procedente de los programas de financiación a proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

Según indicó el diputado de Cooperación Municipal responsable también de estos programas internacionales, Juan José Medina, se trata de consolidar redes de salud comunitaria y comisiones de salud en los municipios de Villa El Carmen y Tipitapa, ampliando la cobertura de la Red de Ventas Sociales de medicamentos en 22 municipios pobres de nueve departamentos de Nicaragua. Las áreas de intervención se centran exactamente en los departamentos de Managua, León, Granada Nueva, Segovia, Madriz, Estela Jinotega, Boaco y Río San Juan consideradas como zonas de “extrema pobreza” y con una dotación de servicios básicos de salud “muy precaria”.

Las Farmacias Comunitarias, que allí se llaman Ventas Sociales de Medicamentos, tienen el objetivo fundamental de ofrecer a la población un abastecimiento alternativo de medicamentos esenciales genéricos, de calidad y a bajo coste. Estas pequeñas farmacias tienen un número limitado de medicamentos esenciales, que no suelen ser más de 200, pero que son los necesarios para tratar las enfermedades más comunes y la población paga un precio simbólico por ellos. De esta manera el dinero que se recauda se reinvierte en la compra de más medicamentos consiguiendo que los propios ciudadanos hagan sostenible su Farmacia, de ahí el nombre de Farmacias Sociales. En la actualidad Farmamundi, junto a varias ONGs locales, ha montado más de 350 botiquines comunitarios y 75 farmacias sociales. Este tipo de establecimientos tiene otra función muy importante que es formar a dispensadores de farmacia, desarrollar acciones de divulgación y promocionar el uso racional del medicamento entre el personal de salud y la población.

“Si conseguimos que estas zonas vendan medicamentos de primera necesidad a las comunidades vecinas estaremos apostando por que tengan un medio de vida y unos ingresos económicos pero también que mucha gente mejore su salud y a corto y medio plazo reduzca su morbi-mortalidad porque dispondrán de medicinas de forma inmediata” concretó el diputado Juan José Medina.

Según el estudio elaborado por Farmacéuticos Mundi la población que se beneficia de la gestión de este proyecto asciende a 295.216 personas de las cuales 150.560 son mujeres. De ellas un total de 124.051 personas (63.266 mujeres y 60.785 hombres) son beneficiarias directas.

Las zonas en donde se ubica el proyecto se caracterizan por estar habitadas por una población de escasos recursos económicos en algunos casos las familias sobreviven de la agricultura y de la pesca artesanal para el autoconsumo. Además las zonas de intervención se encuentran en una situación epidemiológica con una elevada tasa de mortalidad general sobre todo entre la población infantil y una prevalencia importante de enfermedades transmisibles y parasitarias.

Por este motivo, dijo Juan José Medina, decidimos colaborar en esta iniciativa, ya que vimos que era la mejor manera de garantizar el abastecimiento de medicamentos y el mantenimiento de la red de salud comunitaria y hacer viable la autogestión y el funcionamiento coordinado y concertado de las organizaciones de salud de las comunidades. Este proyecto tendrá un periodo de ejecución que durará hasta principios del 2009.

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En respuesta a las duras críticas que el Colegio Médico del Perú (CMP) emitió en su contra, el Ministro de Salud, Hernán Garrido-Lecca, aseguró que “hay médicos que tienen negociados con los laboratorios” y por ello recetan medicamentos de marca, en lugar de genéricos.

El CMP publicó un comunicado en diversos medios de comunicación a través del cual tildó de “incompetente” y “de persona no grata al titular de salud”, por -entre otras cosas- haber establecido sanciones y multas para todos aquellos profesionales médicos, cirujanos, dentistas y obstétricas que consignen en la prescripción de medicamentos únicamente el nombre de la marca del medicamento sin hacer mención explícita a la Denominación Común Internacional (DCI) del mismo [a].

“Combatir la corrupción es importante. Está comprobado que el 90% del gasto que realiza una familia en salud se va en medicinas (…) una medicina de marca puede costar 6 o 7 veces más que un genérico”, apuntó Garrido-Lecca.

Asimismo, recordó al decano del CMP, Julio Castro Gómez, que su postura no tiene sustento, puesto que la sanción económica de 6.000 nuevos soles, se aplicará cuando el médico haya incurrido en esa falta por cuarta vez.

Del mismo modo, descartó cualquier acto de mala fe en sus visitas sorpresa a los establecimientos de salud del interior del país, pues también ha felicitado a quienes hacen bien su labor. Pese a todo, el titular de Salud, dijo tener la esperanza de que retorne el diálogo.

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Ante graves denuncias de corrupción en los procesos de compra de patrulleros, ambulancias, y en el Sistema Integral de Salud, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República de Perú un proyecto de ley para crear la Central de Compras Públicas (Perú Compras). Las Comisiones de Descentralización y Economía del Congreso están revisando el proyecto de ley.

Los defensores del proyecto destacan de la propuesta la realización de compras corporativas, a precios justos y transparentes; la conformación de la Central con profesionales especializados, independientes, no “partidarizados” y, sobre todo, honorables; las mejoras en los procesos de tramitación [1]; la centralización de las compras del Estado como una forma de mejorar la fiscalización sobre las mismas; y que el CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) continuaría realizando una función reguladora y actuando como tribunal [2].

En una editorial del diario El Comercio se plantea la posibilidad de llegar a cambiar la cultura del gasto público del aparato estatal: “pasar de ser un país preparado para no gastar, a otro capaz de realizar una gestión eficiente, con mecanismos suficientes para poder adquirir cada vez más bienes y servicios, de manera rápida y al precio justo, sin escándalos ni corruptelas.” Se reclama asimismo que el proyecto aprobado esté basado en consideraciones técnicas, no políticas y al amparo de las experiencias aplicadas en otros países [1].

Desde el interior del propio Ministerio de Economía y Finanzas se presentaron algunas dudas sobre la efectividad del nuevo organismo. Una fuente del Ministerios informó que es necesario definir qué categoría tendrá la nueva entidad para evitar que se burocratice el nuevo espacio en requisitos y procedimientos formales. En ese sentido, señaló que habrá que determinar si tendrá la calidad de pliego presupuestal o de unidad ejecutora, más aún si se quiere poner un tope a la cantidad de personal que contratará el organismo. Según el proyecto de ley, Perú Compras podrá contratar hasta un máximo de 20 personas [3].

El presidente Alan García aseguró que no será un organismo de miles de empleados y que ninguno de sus miembros será de filiación aprista [1]. “Sugiéranme los periodistas, analistas y académicos quién es la persona respetable, honorable y capaz para tener este cargo. No es necesario abarrotar de burócratas algo que debe ser extra del partido, extra del gobierno y autónomo”, dijo García. Sostuvo también que no busca cargar todas las contrataciones públicas a la nueva entidad sino que “solo se encargará de las grandes compras”, precisó [4].

Sin embargo, el congresista César Zumaeta, quien fue el encargado de hacer la presentación del proyecto en el Congreso, no descartó que un aprista presida el nuevo organismo. “En el partido hay excelentes profesionales que pueden estar a cargo de este nuevo organismo. Ninguno de ellos está vetado”, aseguró [4]. Por su parte, la Ministra de Trabajo, Susana Pinilla, planteó que se reclute a los mejores funcionarios de cada ministerio para que se incorporen a Perú Compras [3].

También hicieron sus advertencias los integrantes PERUCÁMARAS (Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios). Hicieron notar que actualmente a las pequeñas empresas no les resulta fácil venderle al Estado, y con la propuesta del Ejecutivo, las posibilidades serían aún menores [5].

“Por ejemplo, si una pequeña empresa antes le vendía al Estado productos como carpetas escolares que pueden ser elaboradas en cada región, con el nuevo sistema de compras centralizadas, el Estado podría demandar una única licitación para abastecer sus requerimientos en varias zonas, con lo cual difícilmente las empresas pequeñas podrán competir”, subrayó Alan Kessel del Río, presidente de esta institución [5].

Kessel del Río explicó que a nivel nacional existirían entre 2.5 y 3 millones de micro y pequeñas empresas entre formales e informales, de las cuales aproximadamente 648.000, que son las formales, podrían acceder a las compras del Estado. No obstante, alertó que debido a la escasa información existente referida a los requisitos, plazos, trámites, entre otros aspectos, son muy pocas las que realmente le venden al Estado [5].

PERUCÁMARAS a través del Proyecto Business to Government (B2G), que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brinda asesoría a las pequeñas empresas en la presentación de propuestas para postular a las compras estatales, en el proceso de evaluación y adjudicación de propuestas; así como asesoría para la conformación de consorcios o alianzas entre las pequeñas empresas. Para ello, se han creado cuatro Unidades de Negocios y Servicios (UNS) en Lambayeque, Tacna, Huancayo y Huaraz, respectivamente, las cuales asisten a las empresas en la mejora de su competitividad para venderle al Estado [5].

Por otro lado, PERUCÁMARAS recibió con agrado que las contrataciones y adquisiciones efectuadas por los Gobiernos Regionales y Locales no se encuentren sujetas a esta iniciativa, y puedan, sí así lo desean, seguir manejando sus propias compras [5].

Referencias:
1. Editorial: Perú Compras, a la luz del día, El Comercio (Perú), 12 de octubre de 2007.
2. Afirman que Perú Compras no generará más burocracia, El Comercio (Perú), 12 de octubre de 2007.
3. MEF teme burocracia en Central de Compras, Diario Correo (Perú), 12 de octubre de 2007.
4. Dos comisiones analizarán proyecto de Perú Compras, Diario Correo (Perú), 12 de octubre de 2007.
5. PERUCÁMARAS: Preocupa que pequeñas empresas queden de lado con creación de una central de compra, SurNoticias.com, 11 de octubre de 2007.

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Una investigación de Associated Press ha revelado docenas de ejemplos a lo largo de cuatro años de descuidos en el control de calidad en la industria farmacéutica de Puerto Rico, que produce cada año medicamentos por US$35.000 millones, principalmente para su venta en EE.UU.

En momentos de preocupaciones por la calidad de los medicamentos y otros productos procedentes del mundo en desarrollo, las 100 páginas de informes de la FDA revisadas revelan que aun las plantas modernas bajo la vigilancia de los reguladores estadounidenses no logran mantener estériles los laboratorios y han exportado píldoras contaminadas.

Las autoridades de la FDA dicen que los problemas en Puerto Rico no son más graves que en otros laboratorios del país, pero los defensores de los consumidores están alarmados por considerar que la agencia reguladora no vigila suficientemente la industria.

“La gente se sorprendería al conocer toda esta variedad de contaminación”, dijo el Dr. Sidney Wolfe, de la organización Public Citizen. “El denominador común de todo esto es que realmente hay un control de calidad deficiente”.

Los informes fueron producidos por inspecciones de la FDA a 13 plantas farmacéuticas, aproximadamente la mitad en Puerto Rico, uno de los lugares en el mundo con mayor concentración de fabricantes de medicamentos.

La FDA suele resistirse a sancionar al primer síntoma de problemas que detecta debido a que los fabricantes pueden atribuirlos a descuidos aislados, según John Scharmann, ex administrador de la FDA en el distrito de Denver, asociado ahora a un grupo de vigilancia.

Ese fue el caso de la fábrica propiedad de Biovail donde un trabajador notó manchas en las píldoras del mismo color azul con que estaban pintadas las puertas del laboratorio. “Se le consideró un hecho aislado… aun cuando el empleado dijo haber observado las mismas partículas antes”, dijo el informe.

Cuando se detectaron las partículas azules por segunda vez, la planta empezó a cubrir los remedios en las zonas de producción. Pero los inspectores de la FDA dijeron que eso no era suficiente y culparon a la compañía por no investigar la posible contaminación de las medicinas.

Una planta de propiedad de Teva exportó remedios, incluyendo metformina, para la diabetes, aun sabiendo que contenían partículas metálicas, dicen los informes. La unidad de control de calidad de la firma dijo que la presencia de algún material metálico era de esperar debido a que el equipo de manufactura es de metal, según un informe de inspección de la FDA en junio del 2006.

Teva retiró 21 productos diferentes como resultado de la inspección, según funcionarios de la FDA, y anunció dos meses después que cerraba la planta, aduciendo una reestructuración de la compañía. La portavoz de Teva, Denise Bradley, insistió en que las medicinas de la planta ahora cerrada eran seguras y efectivas pese a la contaminación.

David Elder, director de aplicación de la ley en la oficina de regulación de la FDA, dijo que los laboratorios farmacéuticos por lo general solucionan los problemas de por sí y que una vez notificados retiran productos de ser necesario. “Elaboran productos que salvan o preservan vidas, de modo que no es de su interés elaborar productos riesgosos o inefectivos”, dijo. “Creo que en general son buenos ciudadanos corporativos y que quieren cumplir con sus pacientes”.

Cuatro de las plantas descritas en los informes cerraron o anunciaron planes de cierre después de descubrir problemas significativos de control de calidad, aunque ninguna de ellas los citó como un motivo para el cierre.

Una de las cuatro compañías, GlaxoSmithKline, produjo tabletas de Paxil [hidroclorhidrato de paroxetina], un antidepresivo, que se abría y podía hacer que los pacientes ingiriesen dosis incorrectas. Cuando la empresa no retiró todas las píldoras deficientes, efectivos del Servicio Federal de Alguaciles de EE.UU. allanaron la planta en marzo del 2005 en la mayor incautación de medicamentos en la historia de la FDA.

Algunas plantas en Puerto Rico tienen tres décadas, construidas cuando la industria farmacéutica tomaba vuelo gracias a incentivos impositivos destinados a desarrollar una manufactura más tecnológica.

Por ejemplo, exenciones fiscales aprobadas por el Congreso en 1976 animaron a las empresas a crear el mayor número de puestos de trabajo y que permitía a las empresas remitir sus beneficios al territorio continental estadounidense sin apenas pagar impuestos. Pero las exenciones fiscales prescriben este año.

La isla todavía elabora 13 de los 20 remedios de mayor venta en EE.UU., pero la industria se ha reducido en algún sentido: las compañías han eliminado más de 3.000 empleos en los últimos 18 meses y han cerrado varias plantas por una variedad de motivos, incluyendo la pérdida de beneficios fiscales y el aumento de costos (por ejemplo, de la energía).

Parte de estas pérdidas fueron paliadas mediante nuevas inversiones en biotecnología: industria que ha cabildeado intensamente el gobernador Aníbal Acevedo Vila, que desarrolló nuevas exenciones fiscales especiales para investigación y desarrollo.

En el 2007, las plantas farmacéuticas que cesaron operaciones fueron: Pfizer, en Arecibo; Ivax Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline y Teva Pharmaceutical Industries Ltd, en Cidra; Schering Plough, en Manatí; Bristol-Myers Squibb Co, en Barcelonesa; Watson Pharmaceuticals Inc, en San Juan y Medtronic Puerto Rico, en Villalba.