Acuerdo CAN-UE: La Hecatombe
Germán Holguín Zamorano
Director de Misión Salud, Colombia

Desde el punto de vista del derecho a la Salud, el mayor problema de los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre países desarrollados y países en desarrollo es que el capítulo de Propiedad Intelectual (PI) siempre se concibe para favorecer los intereses de las multinacionales farmacéuticas, mediante la imposición de mayores estándares de PI, sin importar el impacto social que ello pueda ocasionar en los países débiles, debido a que los mayores estándares se traducen, indefectiblemente, en medicamentos con precios inaccesibles, por encima de las posibilidades de las personas y de los sistemas de seguridad y previsión social.

Conscientes de esta amenaza, diversas organizaciones de la sociedad civil de Colombia y Perú nos opusimos firmemente durante el proceso de negociación del TLC con los EE.UU. a que se incluyeran mayores estándares de PI y, mediante estudios serios, respaldados entre otros por la Organización Panamericana de la Salud, demostramos que las propuestas presentadas por las transnacionales a través del USTR (Oficina Comercial de EE.UU.) causarían grave daño a la Salud Pública, en términos de pérdida de acceso a los medicamentos y, en casos extremos, pérdida de vidas humanas.

La Iglesia Católica y organizaciones internacionales, como OXFAM y Acción Internacional para la Salud, respaldaron este esfuerzo, al igual que el Partido Demócrata de los EE.UU., el cual impuso un Protocolo Modificatorio del TLC que incluye importantes cambios en materia de acceso a medicamentos. El ahínco mancomunado de todos dio como resultado un TLC menos dañoso que el pretendido hasta el final del proceso por el USTR con la aquiescencia de buena parte de los negociadores de Colombia y Perú.

Muchos piensan que con la firma del TLC modificado se acabó el problema, pues allí se definieron los niveles de protección de la PI de medicamentos que regirán los futuros tratados. Infortunadamente están equivocados. La ambición y la capacidad de intriga de las multinacionales farmacéuticas a favor de sus intereses comerciales no conocen límites. Ellas saben bien que en el monopolio radica su éxito económico, pues es lo que les permite fijar a sus productos precios exorbitantes, y por tanto luchan en todos los escenarios, nacionales e internacionales, diariamente y sin tregua, por fortalecerlo. Alguien las comparaba con un crucero que se lanza al mar sin destino final: va de puerto en puerto lucrándose con pasajeros, víveres y provisiones pero el viaje nunca termina.

El próximo puerto para el crucero farmacéutico se denomina CAN-UE, esto es, el Acuerdo de Asociación cuya negociación iniciaron en septiembre pasado la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE), el cual consta de tres pilares fundamentales: Diálogo Político, cuyo objeto es fortalecer la alianza entre los dos bloques regionales, Cooperación, cuya meta es “diseñar una cooperación planificada, eficiente y positiva”, y Comercio, que tiene como propósito establecer una zona de libre entre los dos bloques, para lo cual la negociación se divide en 14 “mesas”, una de los cuales es, por supuesto, la de PI.

En la sesión de inauguración oficial de las negociaciones, quedó claro que el interés de la UE es “lograr el acuerdo más completo y avanzado de cuantos ha firmado con otros países”. En PI esto significa, según lo explicó la negociadora de esta mesa, “establecer en todas las disciplinas los más altos estándares de protección, por lo menos iguales a los vigentes en la UE”, lo que en su concepto es fundamental para estimular la innovación y las inversiones.

Según estudios de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, elaborados a raíz de las negociaciones con EE.UU. (www.misiónsalud.org), en Colombia el establecimiento de estándares de protección “por lo menos iguales a los vigentes en la UE”, significaría un desastre para la Salud Pública, desde luego que generaría los siguientes impactos económicos y sanitarios:

1. Los principios activos con monopolio, que hoy representan el 4% del mercado, pasarían a representar más del 60% en 2020.
2. El índice de precios de las medicinas sufriría un incremento del 40%.
3. Si se desea mantener el mismo nivel de consumo, será necesario aumentar el gasto en medicamentos en US$1000 millones anuales hacia el 2020.
4. De no haber los recursos para atender este mayor gasto, cerca de 5 millones de personas de ingresos medianos y bajos podrían perder acceso a los medicamentos necesarios, con los efectos sanitarios inherentes.
5. En VIH-sida, por ejemplo, cada año podrían perder acceso a los ARV 12.000 enfermos, los cuales verían reducida su esperanza de vida entre 5 y 10 años.

Otra consecuencia del incremento de los principios activos con protección sería el marchitamiento de las industrias nacionales de genéricos. En Colombia, por ejemplo, donde hoy los genéricos representan el 70% del mercado farmacéutico nacional en volumen, la industria nacional sufriría una pérdida dramática de participación en el mercado, llegando a una disminución del 60% en 2020. Las consecuencias económicas y sanitarias para Bolivia, Ecuador y Perú no han sido medidas, pero es obvio que cuando se calculen mostrarán una situación igualmente dramática, si no peor, proporcional al tamaño de la población y a la magnitud del mercado farmacéutico de cada país.

En conclusión, el Acuerdo CAN-UE, en el contexto de las aspiraciones de la UE, constituye la mayor amenaza concebible para la salud de los pueblos andinos: una verdadera hecatombe. Pero no al estilo de la Grecia pagana, donde “hecatombe” era sinónimo de sacrificio de bueyes a los dioses del Olimpo, sino al estilo TLC, donde significa sacrificio de vidas humanas al dios Dinero.

Afortunadamente la sociedad civil andina viene organizándose de diversas maneras para tratar de evitar el desastre. En nuestra opinión es fundamental enfrentar el peligro mediante la participación activa en el proceso de definición de las posiciones nacionales y comunitaria, la participación en todas las rondas de negociación, el adelanto de estudios que demuestren la magnitud del daño, la presentación de propuestas y fórmulas de solución alternativas a los congresos, los gobiernos y los representantes de la CAN, el diseño y desarrollo de una campaña de educación y sensibilización de los medios y las gentes del común.

Adicionalmente, siguiendo el ejemplo del TLC con los EE.UU., es imperativo trabajar coordinadamente con redes de la sociedad civil europea para que en sus países presionen por la definición de posiciones que respeten los derechos económicos, sociales y culturales de los países andinos, y resguarden el acceso a los medicamentos y la salud de la población pobre, como lo hicieron la Iglesia Católica de Washington y OXFAM América en el caso del TLC de Colombia y Perú con los EE.UU., con resultados encomiables.

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