Comunicaciones

Derechos de propiedad intelectual, acuerdos comerciales y reforma a los sistemas de salud en EE.UU. ¿Cómo afectarán a Colombia?
Editado por Boletín Fármacos de: Tatiana Samay Andia Rey (Consultora Económica, Observatorio del Medicamento, Federación Médica Colombiana), Boletín Informática y Salud, 2009;19(4).

Pronunciamiento de Sociedad Civil Andina y Europea ante TLC con la UE. Principales amenazas de la agenda europea para el acceso a los medicamentos y la salud de los pueblos andinos
Alianza CAN UE por el acceso a los medicamentos
Bogotá, Colombia, 9 de febrero de 2009.

Negociaciones comerciales con la UE ponen en riesgo acceso a medicamentos esenciales en los países andinos
M. Aguirre, IPS, Lima, 30 de marzo de 2009.
ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91680

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Editado por Boletín Fármacos de: Tatiana Samay Andia Rey (Consultora Económica, Observatorio del Medicamento, Federación Médica Colombiana), Boletín Informática y Salud, 2009;19(4).

Un sinnúmero de artículos, comentarios y columnas de opinión se han escrito en medios nacionales e internacionales sobre el reto que enfrenta el nuevo presidente de EE.UU., Barack Hussein Obama, frente a la crisis financiera y la recesión. Sin embargo, comparativamente poco se ha dicho sobre lo fundamental de su plan de gobierno en el mediano plazo: la reforma al sistema de salud estadounidense. Los retos en ese campo son enormes, y dejan lecciones que los países en vías de desarrollo como el nuestro deberíamos aprender.

Distintas versiones de la crisis del sistema de salud norteamericano presentan casos igualmente dramáticos de personas en estados delicados de salud, privadas del servicio por no ser capaces de pagar por él.

Un reportaje del New Yorker (Getting There from Here: How should Obama reform health care?, 26 de enero de 2009) presenta cifras sorprendentes: en el año 2007, alrededor de 57 millones de americanos tuvieron dificultades para pagar sus cuentas de salud y tuvieron que endeudarse en promedio en US$2.000 para cubrirlas. En parte por esta razón, la mitad de los hospitales de EE.UU. operaron en ese mismo año con pérdidas, y se predice que la recesión solo agravó la situación en el 2008 y lo hará aun más en este 2009.

Pero ¿por qué frente a una crisis de tal magnitud, la reforma al sistema de salud resulta tan complicada de implementar en el país del norte? Una de las explicaciones más relevantes es sin duda, como lo ilustra un documental de la BBC (“What now Mr President” disponible en: www.youtube.com/watch?v=rD65UKgB6hU), el lobby que han hecho y continuarán haciendo tanto las grandes compañías aseguradoras, como las grandes transnacionales farmacéuticas.

Los recursos en dinero que dichas industrias invierten en apoyo a campañas políticas para la elección de congresistas que representen sus intereses en el parlamento, junto con el temor al socialismo del pueblo estadounidense, y por lo tanto el miedo a la supuesta pérdida de libertad que representaría reemplazar el sistema actual por uno altamente estatalizado, son lo que ha hecho y hará tan difícil la tarea de reformar la salud en EE.UU.

El tema es de fundamental importancia para los países en vías de desarrollo, no solo por las lecciones evidentes que se pueden extraer en términos de inequidades y fragilidades financieras de un sistema que privilegia los incentivos privados de mercado sobre los derechos al acceso a la salud de la población; sino por las implicaciones geopolíticas que trae consigo una posible reforma a un sistema que genera inmensas ganancias para unas industrias que, en un mundo cada vez más globalizado, han aprendido a trasladar costos y beneficios de un país a otro sin mayor dificultad.

Precisamente en este contexto, me topé hace un par de semanas con un documento de acuerdo entre el presidente y CEO de Pfizer, Jeff Kindler, y el Profesor Emérito de Derecho de la Universidad de Stanford, John Barton, como respuesta a una solicitud hecha por el Senador Max Baucus, presidente del Comité Financiero del Senado de EE.UU. [a]. En dicho documento Kindler y Barton proponen una supuesta salida concertada frente al dilema de la protección de los derechos de propiedad intelectual y los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas estadounidenses, y el acceso a medicamentos de la población vulnerable de los países menos desarrollados.

El acuerdo consta de seis puntos:
1. Los países desarrollados se comprometerán a desarrollar mecanismos detallados para asegurar que sus autoridades gubernamentales de compra de medicamentos paguen un precio adecuado por los productos farmacéuticos, tanto para incentivar la innovación como para cubrir una porción de los costos de la investigación de dichos productos innovadores disponibles en países en vías de desarrollo.
2. Los países más pobres del mundo (principalmente los del África Subsahariana) no estarán obligados a proteger derechos de propiedad intelectual para medicamentos hasta el 2016.
3. Los países de ingreso medio protegerán derechos de propiedad intelectual, pero sus mercados serán divididos: los sectores más pobres se beneficiarán de precios bajos, mientras los sectores más ricos pagarán un precio similar al de los países desarrollados. Algunos países tendrán que desregular sus sistemas de control de precios para permitir que esto suceda.
4. Todas las naciones prohibirán contrabando y comercio de drogas falsas. Cooperarán con la industria para suprimirlas y ayudarán a prevenir las importaciones paralelas de genéricos provenientes de los países de bajos ingresos hacia las naciones de ingresos altos.
5. Todos los países beneficiarios de precios con bajos márgenes tendrán que remover todos los impuestos, aranceles y similares barreras comerciales a las importaciones y comercialización de productos farmacéuticos. También aceptarán permitir el ingreso de nuevos medicamentos que hayan sido aprobados mediante un proceso de registro internacional.
6. Las naciones donantes se comprometerán a apoyar los fondos globales, multilaterales y nacionales, hasta un determinado nivel.

No perdamos de vista que este es un acuerdo firmado por Pfizer, la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo, y que justamente acordó la semana pasada la compra de Wyeth por 68 billones de dólares.

El primer punto del acuerdo va en sentido contrario de una de las principales apuestas de la reforma a la salud propuesta por el presidente Obama, quien sugiere abiertamente que es necesario reducir los costos por medicamentos del sistema norteamericano, y denuncia lo aberrante que es que los medicamentos en EE.UU. cuesten hasta seis veces más de lo que cuestan en países como Canadá o Inglaterra. Si la reforma a la salud en EE.UU. sale adelante y los países desarrollados no son quienes cubrirán los “altos costos de la I&D” ¿quienes garantizarán entonces las inmensas utilidades de las transnacionales farmacéuticas, que en el caso de Pfizer, en el 2008, antes de la fusión, alcanzaron los 48 billones de dólares, y que sumadas con las de Wyeth se espera que alcancen los 71 billones?

Seguramente una parte de dichas utilidades las cubrirán las ganancias asociadas a los nuevos productos biotecnológicos a los que le han apostado las grandes compañías como Pfizer, o como Roche con su reciente oferta de compra de Genentech, y cuyas copias genéricas son esquivas gracias a las barreras tecnológicas impuestas por la industria, entre otras, a través de requisitos al registro sanitario de dichos productos en países como el nuestro.

Pero seguramente otra parte la cubrirán los sistemas de salud de países en vías de desarrollo, que se verán obligados a desregular sus precios como lo enuncia el punto 3 del acuerdo, o que tendrán que evitar las “falsificaciones”, cuya diferencia con las copias o genéricos no está definida por el documento (punto 4), y quienes por último tendrán además que eliminar todas sus medidas de protección industrial (barreras al comercio) y de protección sanitaria (agencias locales de registro), como lo enuncia el punto 5.

Ojalá frente a este panorama los países en vías de desarrollo como Colombia aprendamos la lección de la propuesta de reforma a la salud del presidente Obama y le apostemos a sistemas de seguridad social incluyentes y sostenibles financieramente, reduciendo, entre otros, el costo de la provisión de medicamentos, en lugar de convertirnos en el paraíso de la desregulación, como lo propone el documento de Kindler y Barton para el Senador Max Baucus.

La carta está disponible en: www.med-informatica.com/OBSERVAMED/Propiedad_intelectual/CartaBaucusKindlerBarton.htm

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(regresa a economía)

Alianza CAN UE por el acceso a los medicamentos
Bogotá, Colombia, 9 de febrero de 2009.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Europa y los países andinos, agrupadas bajo la Alianza CAN-UE [1] con el propósito amento de velar porque el TLC no afecte el acceso a los medicamentos y la salud pública de los pueblos andinos, queremos hacer de público conocimiento lo siguiente:

La CAN, si bien es fundamentalmente un acuerdo comercial, es también una aspiración de integración política y social de pueblos hermanos. Los tratados comerciales y la propiedad intelectual han sido una de las piedras de conflicto entre sus miembros. Años atrás se forzó la aceptación de la protección con exclusividad a los datos de prueba, después que el Tribunal Andino de Justicia juzgara que tal protección era contraria al ordenamiento jurídico vigente. Este fue uno de los motivos de retiro de Venezuela de la CAN. El año anterior, para cumplir los compromisos del Perú con EE.UU., se forzaron confusas modificaciones a las normas andinas en propiedad intelectual, que generaron profundas divergencias, especialmente con Bolivia y Ecuador.

Preocupa a la Alianza que un Acuerdo de Asociación, que fuera presentado como una negociación entre bloques regionales, se haya convertido en un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Perú y la Unión Europea. Aunque ahora se presente mediante un juego de palabras, como una negociación entre bloques pero a diferentes ritmos y en diferentes planos, percibimos este acuerdo como un esfuerzo para romper la CAN, ya bastante maltrecha por las decisiones de años anteriores.

• Objetivos del Capítulo de PI
Los objetivos de este capítulo son facilitar la producción y comercialización de “productos innovadores”, y alcanzar un adecuado y efectivo nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Estos objetivos hacen primar el interés del titular del derecho sobre los del consumidor y la comunidad. Contrastando, el ADPIC condiciona la protección de los DPI a que las medidas “favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” [3], y autoriza a “prevenir el abuso de los DPI por sus titulares…” [4].

• Referencia equivocada a la Declaración de Doha
La propuesta europea reconoce la importancia de la Declaración de Doha [5]. Sin embargo, circunscribe la interpretación favorable a la salud pública a las patentes, dejando por fuera otras modalidades de propiedad intelectual igualmente sensibles, como el agotamiento de los derechos, la protección de datos de prueba y la observancia de los DPI.

•   Protección de Datos
Se trata de la más agresiva propuesta destinada a extender la protección hasta por 11 años, durante los cuales no existirán genéricos. Hoy solamente existe protección a los datos de prueba con exclusividad en Perú y en Colombia, pero limitada a cinco años para los medicamentos. Téngase en cuenta que en la región los medicamentos genéricos cuestan cuatro veces menos que los productos de marca internacional en promedio y en casos puntuales hasta 35 veces menos.

•   Patentes de Modelos de Utilidad para medicamentos
Otra gran amenaza de la agenda europea, no presentada aún a la CAN, pero existente en acuerdos negociados recientemente, como el de CARIFORUM, se refiere a las patentes para modelos de utilidad [6]. Estas patentes, cuya duración es de 10 años, se han otorgado solamente a innovaciones mecánicas sobre productos, siendo expresamente prohibidas para procedimientos y para materias excluidas de protección por patente de invención [7]. El texto del acuerdo UE-CARIFORUM, amplía la aplicación de estas patentes a “cualquier producto o proceso de cualquier ámbito tecnológico, a condición de que sea nuevo, implique un cierto grado de no obviedad y sea susceptible de aplicación industrial” [8]. Semejante propuesta podría incluir las patentes para segundos usos, para desarrollos triviales e incluso para combinaciones de dos o más medicamentos.

Sabemos que una de las prioridades de la UE en PI es reforzar globalmente el respeto de los DPI, mediante el establecimiento de medidas administrativas y judiciales fuertes. Por tanto, no es extraño que la propuesta de la UE a los andinos contenga toda una sección dedicada a la observancia [9]. Nos preocupa que el abuso de estas medidas pueda contribuir a demorar la oferta de medicamentos genéricos con la consiguiente pérdida de acceso, por lo que recomendamos que sean evaluadas cuidadosamente, especialmente la pretensión de convertir en delito toda infracción intencional de un DPI a escala comercial estableciendo sanciones privativas de la libertad. En contraste, el ADPIC limita la pena de prisión a dos casos específicos [10].

En mayo de 2008 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución 61.21, Estrategia Global y Plan de Acción sobre Innovación, Salud Pública y Propiedad Intelectual. Es el resultado de una conclusión profunda y grave a la que llegó la OMS tras de cinco años de investigación y deliberaciones: El modelo de incentivos para la innovación sanitaria vigente, basado en las patentes y la perspectiva de altos precios de monopolio, no sirve a los países en desarrollo, donde vive el 80% de la población mundial. No sirve porque no se traduce en medicamentos para las enfermedades “desatendidas”, como malaria, tuberculosis, y porque los nuevos medicamentos para enfermedades que también afectan a los países en desarrollo, tienen unos precios inaccesibles para los enfermos y para los sistemas de salud.

La Estrategia Global establece dos objetivos: fomentar la investigación y desarrollo de medicamentos necesarios para resolver los problemas de salud prioritarios del mundo en desarrollo, y mejorar el acceso de esta población tanto a los productos resultantes de este esfuerzo innovador como a los que ya están en el mercado.

Fundados en esta perspectiva, los Gobiernos de Colombia y Perú han incluido en su propuesta sobre PI una disposición según la cual “Las Partes reconocen la importancia de promover la implementación y pleno aprovechamiento de la Resolución WHA 61.21…” (Art. 1.2)

Existen notables diferencias entre las posiciones de Bolivia y Ecuador, de una parte, y Colombia y Perú de la otra, respecto a las aspiraciones de la UE en el tema de la biodiversidad. En el fondo, los países andinos quieren limitar la biopiratería, práctica muy extendida entre las industrias de los países desarrollados consistente en patentar en su territorio, tanto el conocimiento ancestral como los seres vivos que forman parte de nuestra riqueza natural. La CAN no permite que tales prácticas puedan llevar a una patente en sus países miembros, pero quisiéramos evitar que puedan ser patentados en los países desarrollados. LA UE no solamente aspira a no modificar sus obligaciones en esta materia, sino que quisiera modificar las normas andinas, para que sus empresas puedan patentar nuestra biodiversidad en nuestros países. Colombia y Perú ya aceptaron la primera parte en las negociaciones con EE.UU., lo que ha marcado una nueva ruptura interna y una nueva amenaza a la CAN.

Nosotros como defensores del derecho a la salud no asumimos una posición de repudio de los tratados comerciales, siempre que contribuyan a impulsar el desarrollo económico y social de todos. Tampoco nos oponemos a la protección de la propiedad intelectual (PI), siempre que sea proporcionada a los niveles de desarrollo de cada país, honre los intereses de la sociedad, y prevea salvaguardias contra su abuso por los titulares. Lo que rechazamos es que se negocie la salud a cambio de beneficios comerciales, como si se tratara no de un derecho fundamental sino de una mercancía transable.

1. HAI Global (Health Action International), HAI Europa, Concord (que aglutina a 1.000 ONG europeas), EPHA (Action for Global Health), Médicos Sin Fronteras (MSF), CELAM (Concejo Episcopal Latinoamericano), Conferencia Episcopal de Colombia, CINEP (Centro de Investigaciones y Educación Popular, organización de la Compañía de Jesús), Comunidad de Ministros de los Enfermos, AIS LAC (Acción Internacional para la Salud América Latina y el Caribe), AIS Bolivia, AIS Colombia, AIS Ecuador, AIS Perú, Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Fundación Misión Salud (Colombia), Fundación Ifarma (Colombia).
2. X. Seuba Hernández, La protección de la salud en el nuevo Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina (o algunos de sus miembros) y la Comunidad Europea a la luz de sus disposiciones en materia de propiedad intelectual y experiencias recientes, Lima: AIS-HAI, 2009.
3. ADPIC, Art. 7.
4. ADPIC, Art. 8.2.
5. Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Conferencia Ministerial de la OMC.
6. Recordemos que un modelo de utilidad es una modificación mecánica que se le hace a un objeto para producir un efecto técnico que permita su mejor utilización. Por ejemplo, para todos es muy claro que la finalidad de un cuchillo es “cortar”; si alguien le agrega al cuchillo algo que lo hace “cortar mejor”, se está en presencia de un modelo de utilidad.
7. Decisión CAN Nº 486 de 2000, Art. 82.
8. Acuerdo de Asociación Comercial entre la UE y los Estados del Cariforum, Art. 148.A.1.
9. Sub-Sección 3, Art. 13 a 31.
10. La falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial (Art. 61).

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(regresa a economía)

M. Aguirre, IPS, Lima, 30 de marzo de 2009.
ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91680

La sensación es de "incertidumbre por la poca información proporcionada, lo cual preocupa porque dejaría entrever las dificultades que persisten en las negociaciones y que la posición agresiva de la UE en el capítulo de Propiedad Intelectual no se ha retirado de la agenda", dijo a IPS la coordinadora de la Red de Globalización con Equidad (RedGe), Alejandra Alayza.

El jefe del equipo negociador oficial de Perú, Eduardo Brandes, se defendió este lunes de las alertas respecto de los posibles impactos en la región andina si se acuerda con la UE tal cual propone en estos temas.

“No tenemos previsto acordar condiciones gravosas, y nos encontramos dentro de un proceso de negociación", aclaró pocas horas después del fin de la segunda ronda de negociaciones, que se extendieron toda la semana pasada en Lima, entre la UE y los tres países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El cuarto integrante, Bolivia, no participa de estas tratativas.

Pero según especialistas, la propuesta del bloque europeo resultaría mucho más perjudicial que el Tratado de Libre Comercio que Perú ya suscribió con Estados Unidos, debido a que la protección a las patentes a favor de las empresas farmacéuticas que exige la UE es de cinco años adicionales.

Un estudio preliminar elaborado por la no gubernamental Alianza CAN UE por el Acceso a Medicamentos indica que, si se extiende la protección a las patentes de las empresas transnacionales de 20 a 25 años como propone el bloque europeo, el costo de los fármacos se incrementaría 26 por ciento en Perú y 11 por ciento en Colombia.

Este informe, sustentado en la metodología de la OMS y de su capítulo regional, la OPS, se presentó también en Lima, en forma paralela a las negociaciones del 23 al 28 de este mes, en la llamada Jornada de los Pueblos por la Integración, que reunió a más de 200 delegados de la sociedad civil andina.

El colombiano Francisco Rossi, de la Alianza y ex miembro de la OPS, advirtió que, si Perú suscribe el acuerdo tal como quiere la UE, tendría que gastar 386 millones de dólares anuales para cubrir las necesidades de salud de la población.

"Esto causaría un gran daño a la salud pública, porque los pobladores deberán pagar entre cuatro y 35 veces más caros los fármacos al verse forzados a comprarlos de marca original y ya no de origen genérico", explicó a IPS el peruano Roberto López, representante de la Alianza y director de la Acción Internacional para la Salud.

Según los estudios de los expertos, esta situación afectaría a 2,7 millones de personas en Perú, que tiene 28 millones de habitantes.

En tanto que la extensión del plazo de protección de los derechos de autor con exclusividad a los datos de prueba de los medicamentos significaría el equivalente a un gasto adicional en salud para 1,2 millones de personas en Colombia y para más de 1,4 millones en Perú.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz, al hablar en la inauguración de las negociaciones el día 23, advirtió que los temas más sensibles sobre la mesa eran el de propiedad intelectual por el acceso a medicamentos y la biodiversidad.

En el transcurso de la discusión, Aráoz sostuvo, para dar confianza, que no se cedería en el tema de medicamentos. "Perú ha presentado una propuesta alternativa a la que contempla la Unión Europea para las negociaciones con el bloque andino, pues no estamos conformes y pensamos que aún se puede mejorar el tema", puntualizó.

Sin embargo al cierre de esta segunda ronda, la ministra no apareció como una de las portavoces ante la prensa sino que dejó ese rol al jefe del equipo negociador de Perú, Eduardo Brandes, quien señaló, sin dar detalles, que se avanzaron en las conversaciones en casi 60 por ciento, aunque no se logró cerrar ninguna de las mesas.

En el transcurso de la ronda sesionaron las mesas de propiedad intelectual, acceso a mercados, fortalecimiento de capacidades comerciales, comercio y desarrollo sostenible, movimientos de capitales, competencia, solución de diferencias, asuntos horizontales e institucionales, reglas de origen, y medidas sanitarias y fitosanitarias.

"Estamos satisfechos con los avances hasta la fecha, pero tampoco podemos decir que nos encontramos listos a terminar", apuntó Brandes.

En contraste, el mismo día del cierre, Alayza denunció en la Jornada que la UE condiciona la apertura de su mercado al banano de Ecuador para que este país acepte sus duras exigencias en la negociación, además de reclamar información a los gobiernos. La RedGe, a la cual representó esta activistas, es una entidad peruana dedicada a vigilar los posibles impactos de los acuerdos comerciales entre la población.

Líderes indígenas de Ecuador, Colombia y Perú expresaron sus observaciones a las negociaciones con la UE en la Jornada de los Pueblos por la Integración.

Uno de ellos fue el presidente del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la CAN, el ecuatoriano Andrés Andrango, quien lamentó que uno de los puntos de la negociación con la UE sea la biodiversidad. “En propiedad intelectual decimos que la biodiversidad, como las plantas medicinales, es de todos y para todos. Pero de eso no hemos recibido nada los pueblos, porque sólo han lucrado las empresas trasnacionales", acusó el jefe indígena.

“La biodiversidad es patrimonio de la humanidad, no sólo de un grupo. No debemos permitir que se patentes los productos y conocimientos ancestrales de la región, porque lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos", manifestó a IPS Andrango.

Para Andrango, el acuerdo comercial en discusión pone en riesgo productos de la Amazonía, que los países deberían proteger, pero que podrían ser patentados por grandes empresas extranjeras. Lo mismo ocurre con los recursos naturales, como el agua, que suele ser afectada por las operaciones de las empresas privadas.

Demandó, además, que exista una negociación transparente y que se consulte a los pueblos sobre lo que están decidiendo los gobiernos. A su vez, el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú, Mario Palacios, también exigió transparencia y, al igual que Andrango, advirtió que en un contexto de crisis la única forma en que los gobiernos andinos tendrán mejores condiciones de negociar con UE es en bloque.

”Se requiere una integración que vaya más allá de un acuerdo comercial para que se defiendan nuestros intereses", indicó a IPS, tras advertir que Perú es uno de los países con mayor diversidad en el planeta y que por lo tanto debe ser protegida.

El secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, quien también estuvo en Lima, consideró que, si se suscribe el tratado de libre comercio con la UE, se "va a consumar la expropiación de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios".

“Estos acuerdos comerciales aceleran la crisis humanitaria de los indígenas", agregó Arias, quien ha formado parte de las protestas en Colombia en defensa de sus territorios y frente a la represión del gobierno de Álvaro Uribe que ha dejado como saldo tres nativos muertos y 186 heridos.

La próxima ronda se realizará en Bruselas del 4 al 8 de mayo y, según el gobierno peruano, este proceso debería culminar en junio.

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(regresa a economía)