ÚLTIMOS INTENTOS PARA FRUSTRAR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE GENÉRICOS EN ARGENTINA
La Nación, La Prensa, Página/12, Clarín, El Cronista, 27, 28 y 29 de agosto de 2002

En vísperas de la aprobación por la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que obliga a los médicos a prescribir por el nombre genérico y no por la marca comercial del laboratorio surgió una gran polémica. La nueva ley autoriza a indicar además del nombre genérico el comercial, lo que permite al consumidor optar entre esa marca u otra en su reemplazo.

El proyecto oficial dispone, básicamente, que toda receta o prescripción médica se efectúe, en forma obligatoria, con el nombre genérico del medicamento. Si bien autoriza al médico a indicar, también, la marca comercial del producto, a pedido del consumidor el farmacéutico tendrá la obligación de sustituir esa marca por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos.

El 4 de abril del corriente, el Senado había dado media sanción a una ley que reforzaba el decreto de "emergencia sanitaria" 326/2002 firmado en marzo por el ministro González García, por la que se resolvía que los médicos debían recetar drogas por su nombre genérico en vez de marcas comerciales.

El objetivo del proyecto de ley es mejorar la accesibilidad mediante el abaratamiento de los medicamentos. Según estudios hechos por el ministro de Salud, entre 1991 y 1997 los medicamentos aumentaron el 96 por ciento a pesar de que prácticamente no hubo inflación. En el año 2001 la industria de medicamentos facturó 3.570 millones de pesos. Y los remedios genéricos abastecieron el 40 por ciento de las compras de los hospitales. De acuerdo con una encuesta publicada por Clarín en su edición del 9 de agosto pasado, en algunos casos los precios de las marcas comerciales superaban en un 566 por ciento el valor de los genéricos.

Como se podría esperar las tres cámaras de la industria farmacéutica -CAEME, CILFA y COOPERALA- remitieron a los diputados una carta en la que advierten sobre los "perjuicios", que a su entender, provocaría la sanción del proyecto de ley de promoción de medicamentos por su nombre genérico.

Las cámaras cuestionan "la falta de garantías de la intercambiabilidad de los productos, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud", y "la ausencia de protección al consumidor ante posibles efectos adversos".

En la carta, los laboratorios aluden a la necesidad de "evitar males mayores a los que ya se han producido por la libre sustitución en farmacias de las recetas emitidas por los médicos".

Parte del contencioso es, como publicó el diario Clarín, que en Argentina no hay genéricos, porque no se han definido las normas técnicas necesarias para la elaboración de genéricos. Existen medicamentos similares (contienen idéntica cantidad del mismo principio, la misma sal o éter, en idéntica forma farmacéutica, pero no necesariamente el mismo excipiente), que se ofrecen como alternativa farmacéutica de costo inferior a los innovadores.

Por lo tanto lo que se espera con la nueva ley es la venta de especialidades farmacéuticas similares, según el nombre genérico recetado. Estas especialidades fueron oportunamente aprobadas por la ANMAT, existen en el mercado, son legítimas, con criterios de calidad, seguridad y eficacia garantizados.

Otra parte de la polémica proviene de que en las farmacias, en contravención de la ley, no siempre hay un farmacéutico. Esta ausencia puede implicar un peligro menos graves cuando se entrega el remedio según lo indica la receta, pero puede ser peligroso cuando se pide la substitución de un medicamento por otro equivalente.

Estas deficiencias las resaltó dos día antes de que la Cámara de Diputado discutiera la aprobación del proyecto de ley la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) al presentar los resultados de una investigación contratada por la asociación y realizada por peritos judiciales (escribanos) en 48 farmacias de la Capital y el Gran Buenos Aires, en el que se descubrió la ausencia del profesional farmacéutico en la mayoría de los locales y la venta de medicamentos sin las drogas que supuestamente poseían o en una concentración diferente.

En base a este hallazgo, ADECUA suscitó una gran polémica cuando solicitó al juez que suspendiera "preventivamente la venta de generalizada de medicamentos de cualquier tipo que no estén aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación hasta tanto no se arbitren los mecanismos jurídicos y controles suficientes". ADECUA pidió la suspensión cautelar del decreto 486/02 y las resoluciones 163/02 y 326/02, que requieren la prescripción de medicamentos por su nombre genérico y habilitan a los farmacéuticos a reemplazar un remedio por otro con el mismo principio activo. La interposición afirma que los medicamentos, sobre todo las especialidades médicas para hipertensos, no tienen las drogas necesarias y que además no están realizados por los farmacéuticos sino en muchos casos "por empleados administrativos." Según ADECUA, "se ha producido en la venta de medicamentos una suerte de libre albedrío que pone en peligro la salud de la población, con una falta total de control en las farmacias ". Sandra González, presidenta de ADECUA, afirmó a este diario que "fuimos a distintas farmacias con un escribano público y en ninguna nos atendió el farmacéutico; y nadie firma en la parte posterior de la receta como dice la resolución ministerial".

Según Sandra González, el estudio encontró numerosas irregularidades que van desde la ausencia sistemática en las farmacias de un profesional para reemplazar las prescripciones de los médicos hasta el hecho de no pedir casi en ningún caso las recetas correspondientes. Posteriormente, agregó, los estudios de laboratorio practicados sobre los remedios así dispensados demostraron que los sustituidos en farmacias por supuestos genéricos más baratos no poseen la cantidad de droga que dicen tener. A la gente se le está vendiendo gato por liebre". Sin duda, con estas acciones ADECUA intentó influir el debate parlamentario durante la discusión del proyecto de ley, con intención de que no se aprobase.

La respuesta del ministerio

Consultado sobre la denuncia de ADECUA, el ministro de Salud, Ginés González García, opinó que la acción de amparo "tiene otro tipo de intereses, no justamente el de los consumidores", y advirtió que la medida cautelar "podría paralizar la compra de medicamentos esenciales. El farmacéutico debe estar presente en la farmacia: la prescripción por genéricos requiere que esté en la farmacia, donde debe cumplir una tarea profesional".

Al señalar los resultados de esta forma de prescripción, el ministro observó que "desde hacía muchos años no se registraban los descensos en precios de medicamentos que se están verificando", y comentó que "en realidad, lo que hicimos fue transformar un mercado de ‘genéricos de marca’ en un verdadero mercado de genéricos". Se refería a que "la mayoría de los fármacos del mercado son productos para los que ya venció la vigencia de la patente y, entonces, distintos laboratorios los fabrican: el mismo medicamento con distintas marcas y una enorme dispersión de precios. La receta por el nombre comercial o de fantasía hizo posible esta situación".

Además, consideró que las probables irregularidades "no guardan relación alguna con toda la política de genéricos", ya que, en el caso presentado ante la Justicia, se trataría de una "fabricación y venta ilegal de medicamentos". Y aconsejó: "Si se quiere denunciar (que se diga) cuál es el medicamento y en dónde" se lo expende.

En ese sentido, ADECUA presentó un ejemplo, mencionado en una de las actas adjuntadas al juez. "El requirente solicitó Amloc de 10 mg y Renitec de 5 mg, los que por su precio no adquirió. Ofreció el empleado no farmacéutico preparar los mismos, cosa que realizó, dándole los siguientes medicamentos preparados: Enalapril 5mg por 60 comprimidos y Amlodipina 10 mg por 60 comprimidos. "De lo expuesto se desprende que no existe asesoramiento profesional, ni certeza sobre el contenido de los medicamentos entregados; tampoco constancia sobre el responsable de la elaboración y su pertinente autorización para la fabricación del mismo. Ninguno de los medicamentos sustituidos analizados presenta la concentración reemplazada".

González García sostuvo que ADECUA maneja "un discurso similar al de los laboratorios", principales perjudicados por las medidas dispuestas por el Gobierno. Sandra González, respondió: "Me parece irresponsable que se diga que hay presiones", y estudia querellar al ministro por vincularla con intereses de la industria farmacéutica.

El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, en la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. ratificó la continuidad de la prescripción de medicamentos por sus drogas genéricas para abaratar su costo y aseguró que "la calidad de esos productos está absolutamente garantizada,” y recordó que "ya existen leyes que amparan esta política en 14 provincias, las más grandes", que acuerdan con el procedimiento "y suman -dijo- un 80 por ciento de la población". Destacó que un estudio de consultores privados determinó que ese porcentaje de la población "dijo estar de acuerdo con los genéricos, así que el gobierno va a seguir escuchando la voluntad de la gente" y enfatizó que "la calidad de los remedios está absolutamente garantizada". Añadió que "hay otras entidades, muchas, que apoyan decididamente la prescripción por nombre genérico de medicamento" y adelantó a los periodistas presentes que "en las próximas horas tomarán conocimiento de las entidades que expresarán esto públicamente".

La respuesta de la ciudadanía

El presidente del Comité del Consumidor (CODELCO), Guillermo Durand Cornejo, se quejó ayer de la denuncia formulada por la entidad ADECUA contra la prescripción de medicamentos genéricos y reveló que mandó "una nota a la secretaría de Comercio Interior para que cancele a ADECUA la personería como asociación de consumidores porque para tenerla hay que seguir pautas éticas", al tiempo que se quejó de que el Registro Nacional de Asociación de Defensa del Consumidor "no hace los controles necesarios". Añadió: “Es falaz que los genéricos no tendrían control efectivo. De ser como dice González, tampoco existiría la bioequivalencia en las marcas comerciales que promocionan los laboratorios. Es una actitud confusa la que presentó ADECUA y con lo que nos costó y nos cuesta instalar este tema de genéricos con el poder que tienen los laboratorios, esta señora Sandra González viene a hacer esta presentación".

Pocas horas después de conocerse la petición judicial de ADECUA, en respuesta a una convocatoria del ministro de salud, se reunieron en el Ministerio representantes de más de ochenta entidades para instrumentar acciones para evitar la suspensión de la normativa de prescripción por nombre genérico, que aconseja la Organización Mundial de la Salud; rechazar presiones, lobbies y operaciones de prensa que pretenden confundir a la población; reconocer los esfuerzos que junto a la autoridad sanitaria realizan las entidades profesionales para garantizar la calidad de los fármacos, cada vez que se denuncian irregularidades. Fue el acto más importante hasta la fecha en la dirección de fijar como política de Estado esta forma de prescripción, que facilita la elección según precio entre distintas marcas.

Asistieron empresarios, profesionales, diputados del FREPASO, de la UCR y del PJ junto con sindicalistas de distintos sectores, todas las centrales gremiales, la CGT oficial, la CGT disidente y la CTA, la mayoría de las organizaciones de consumidores, las confederaciones médica (COMRA) y farmacéutica (COFA), la Federación Argentina de Enfermería, la Cruz Roja, la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires, la Asociación de facultades de Medicina y Farmacia (AFACIMERA), la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la Asociación de Clínicas, Hospitales Privados y Sanatorios de la Argentina, la Asociación de Hospitales de Colectividades, y la Asociación de Entidades Médicas Prepagas. Se sumaron el titular del PAMI y los secretarios de Salud de la provincia de Buenos Aires y de Tierra del Fuego. Obvios ausentes fueron los laboratorios, que siempre combatieron la prescripción por genéricos.

Aldo Giusti, secretario de la COMRA, atribuyó la maniobra judicial a "los mismos de siempre" y señaló que "los médicos no tenemos ninguna objeción a la prescripción por genéricos, ya que se trata de las marcas que ya existían en el mercado; sólo cambia la manera de hacer la receta y el resultado es abaratar los medicamentos. Lo peor que le puede pasar a un paciente y a un médico es que el enfermo no pueda tomar la medicación". Francisco Díaz, presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, señaló que "venimos usando genéricos desde hace más de 20 años, ya que sus controles de calidad son exactamente los mismos". También Carlos Tossi, vicepresidente de la Asociación de Hospitales de Colectividades y director del Hospital Francés, observó que "hace muchísimos años usamos los genéricos sin ningún problema". Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores Argentinos, presentó un documento firmado por ocho entidades señalando que "la prescripción por nombre genérico debe ser una política de Estado". Daniel Alvarado, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, aclaró que la entidad apoya "la prescripción por genéricos, ya que ayudar en la elección del medicamento es una atribución de los farmacéuticos", dijo, y aclaró: "Acá discutimos intereses y no ideas". El padre Carlos Acaputo, de la Pastoral Social de la Iglesia, consideró que se debe "velar para que esta política sea efectiva, sobre todo para los más pobres y desamparados, que muchas veces no tienen quien los defienda cuando necesitan un remedio".

El encuentro sirvió también para que representantes de jubilados y la defensora del Pueblo revelaran "denuncias de gente a quien la prepaga no le acepta la receta por genéricos, o el médico se niega a esa prescripción". Legisladores de varios partidos anticiparon que, en la sesión de mañana, darán fuerza de ley a la receta por genérico.

El foro sirvió también para que se escucharan críticas, no contra la prescripción por genéricos sino contra su insuficiente aplicación. Dora Mouzo, representante de una federación de jubilados, observó que "muchas veces en las farmacias nos dicen que no tienen o nos muestran otra marca más cara". Alicia Oliveira, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, advirtió que "recibimos muchas denuncias de personas a quienes su obra social o prepaga no les acepta la receta por genérico, o incluso el médico no quiere hacerla".

Legisladores del justicialismo, el radicalismo, el ARI y el FREPASO participaron para destacar la prescripción por genéricos como "política de Estado". El diputado y ex ministro de Salud Aldo Neri añadió "la necesidad de avanzar en la regulación de los medicamentos: el truchaje es un riesgo, aunque la política de genéricos no lo favorece". La diputada Silvia Martínez anticipó que "el miércoles se convertirá en ley el proyecto de prescripción por genéricos", que ya tiene la media sanción del Senado.

A estas posturas adhirieron, entre otros, Cristina Resano de Caritas, Santiago Spadafora del Obispado de Quilmes, Miguel Angel Ciarciari del capítulo Salud de la Mesa de Diálogo Argentino, Patricia Vaca Narvaja de Consumidores Argentinos, y Eduardo Szelepski de Consumidores Activos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Día Nacional de la Solidaridad, 26 de agosto de 2002, los abajo firmantes nos reunimos con el objetivo de instrumentar acciones concretas que tiendan a evitar la suspensión de la normativa vigente en materia de prescripción por nombre genérico de los medicamentos (Decreto 486, Resolución 326 del Ministerio de Salud, y Resolución 163 de la Superintendencia de Servicios de Salud)y:

Expresamos

Nuestro firme apoyo y reivindicación a la política de Estado de medicamentos que tiende a garantizar su uso racional, su calidad, así como a mejorar las condiciones de acceso a los medicamentos del conjunto de la sociedad argentina.

Rechazamos

Todo tipo de presiones, lobbies y operaciones de prensa que atentan contra una política tan saludable, y que se fundamentan en intereses mezquinos que infructuosamente pretenden confundir a la población;

Reconocemos

Los esfuerzos que junto a la autoridad sanitaria se están realizando desde las entidades profesionales para garantizar la calidad de los fármacos, con el fundamental apoyo de la sociedad, cada vez que se denuncian irregularidades en la venta de medicamentos, para que las mismas sean subsanadas y/o sancionadas;

Y convocamos

A las fuerzas sociales y políticas para continuar con la defensa de las conquistas alcanzadas para mejorar el acceso a los medicamentos a través de una sólida política de Estado, impulsada por el Ministerio de salud de la Nación por medio de la prescripción de medicamentos por nombre genérico, como aconsejan la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud).

Algunos de los firmantes:

Norberto Larroca – Presidente de Argentina Salud
Dra. Regina Rivikinski – Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA
Dr. Jorge Jañez – Presidente de COMRA
José Manuel Corchuelo Blasco – Interventor PAMI
Dr. Hector Vazzano – Secretario FECLIBA
Dr. Gustavo Mamonni – Pte. CONFECLISA
Pablo Giordano – Pte. ADEMP

Los Ministros de Salud de las provincias argentinas reafirmamos nuestro apoyo irrestricto a la política de estado de prescripción por nombre genérico establecida por el Ministerio de Salud de la Nación y a todo lo expresado en nuestra solicitada del día 24/07/2002.

Considerando que:

1- La prescripción de remedios por su nombre genérico es una herramienta fundamental para mejorar el acceso de toda la población a los medicamentos.
2- Ninguna actitud que se oponga a estas políticas defiende en realidad los derechos de los consumidores de nuestro país.
3- Debe mantenerse la vigencia de las normas:
a-Decreto (DNU) N° 486/02
b-Resolución Ministerial N°326/02
c-Resolución SSS N° 163/02

Firmantes:

Los Ministros de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Dr. Alfredo Stern; Buenos Aires, Dr. Ismael Passaglia; Catamarca, Pablo S. Doro; Córdoba, Dr. Roberto Chuit; Corrientes, Dr. David Dos Santos; Chaco, Dr. Jorge Humberto Romero; Chubut, Dr. Eloy García; Entre Ríos, Dr. Miguel Angel Prince; Formosa, Dr. Aníbal Gómez; Jujuy, Dr. Héctor Olindo Tentor; La Pampa, Sra. Marta E. Cardoso; La Rioja, Cdor. Alejandro Enrique Buso; Mendoza, Dr. Juan Manual García; Misiones, Dr. Telmo E. Albrecht; Río Negro, Dr. Alejandro Betelu; Salta, Dr. Carlos Alberto Ubeira; San Luis, Lic. Graciela Mazzarino; Santa Cruz, Dra. Alicia Kirchner; Santa Fe, Ing. Fernando Bondesio; Santiago del Estero, Dr. Daniel E. Sosa; Tierra del Fuego, Dra. María Rosa Sahad; Tucumán, Dr. Alejandro Carlos Sangenis.

La aprobación de esta iniciativa quedó despejada cuando se confirmó que la mayoría del justicialismo se expediría por el proyecto del Gobierno, y la UCR anunció su voto positivo luego de recibir la promesa de debatir otra norma para establecer controles a la calidad de los génericos.

El justicialismo había llegado al debate tras fuertes discusiones en su bancada, pero el rechazo al proyecto sólo quedó limitado a la exposición de la presidenta de la Comisión de Salud, Marta Alarcia, quien se ausentó del recinto en la votación. Al iniciarse el debate del proyecto, dijo en su discurso "Si lo que se busca es abaratar los precios de los remedios, no es necesaria esta norma; ya existe una ley de emergencia que permite al Poder Ejecutivo provocar esa baja en los costos . No se puede permitir que se prescriban genéricos sin control, que haya medicamentos para ricos y otros para pobres."

Desde el oficialismo expuso también la duhaldista Silvia Martínez, quien aseguró que esta ley convalidará una política que se está aplicando a nivel nacional y en varias provincias que apunta a que la población pueda comprar los remedios y no quede "cautiva de una sola posibilidad" ante la "distorsión" de precios que hay en el mercado. "Actualmente hay diferencias entre los genéricos y las marcas comerciales", dijo Martínez, y destacó que si no se aplicaba esta medida "mucha gente en esta brutal crisis económica optaba por no comprar remedios imprescindibles".

El radical Aldo Neri lamentó que las pujas en el oficialismo hayan impedido avanzar en un proyecto único para "mejorar el proyecto sancionado en el Senado". El ex ministro de Salud en el gobierno de Raúl Alfonsín detalló que es urgente aprobar otra ley complementaria para imponer "controles regulatorios para garantizar la calidad de todos los medicamentos, donde se cree un registro empresas y limita a las farmacias en exclusividad la venta de remedios".

También se pronunciaron a favor los diputados del ARI Eduardo Macalusse, Alicia Gutiérrez, y Margarita Jarque del Frente Grande.

La tercera posición

El tercero en discordia era el dictamen del radicalismo, elaborado por Aldo Neri (Buenos Aires). En esta iniciativa también se exige a los genéricos estrictos requisitos para su inscripción en la Anmat y su posterior comercialización. Además, propone la creación de registros de farmacias y de empresas productoras y fraccionadoras de drogas y medicamentos.

En cuanto a la receta, coincide con el proyecto del oficialismo en cuanto a obligar a los médicos a prescribir por la denominación genérica de la droga o principio activo elegido, aunque, si el profesional prefiere una determinada marca comercial, deberá agregarla a la denominación genérica con la leyenda "no intercambiable".

Al final del debate el proyecto de ley pasó a ser ley. La votación, que se hizo pocos minutos antes de las dos de la madrugada, arrojó un resultado contundente para la iniciativa del Gobierno: 183 votos a favor, tres abstenciones y apenas dos votos en contra.

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EL DECRETO DE PRESCRIPCIÓN POR NOMBRE GENÉRICO EN URUGUAY FUE BIEN RECIBIDO
El País (Uruguay), 26 de agosto de 2002

Directivos de cámaras mutuales y de la gremial de farmacias coincidieron en que el decreto permitirá que los usuarios accedan a fármacos más baratos y que exista una mayor competencia por el precio.

En Uruguay existen "genéricos de marca" que son fabricados por los laboratorios nacionales. No hay por el momento laboratorios que fabriquen medicamentos para ser vendidos solamente con el nombre de la droga básica si bien el Hospital Militar y de la Facultad de Química existen proyectos encaminados para incursionar en ese campo.

El presidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Eric Bomio, también consideró que las farmacias podrían lograr un aumento de sus ventas, ya que "en alguna medida, se va a poder competir en precio con el ticket mutual y atraer a usuarios que no pasan por la farmacia privada. Hay muchas personas que no tienen acceso al medicamento por el precio, y que dentro de lo que le receta el médico van a poder acceder al mismo producto a menor precio. Esto va en la línea de lo que ha hecho históricamente el mutualismo, donde se han dispensado similares que son comprados en mejores condiciones, por lo cual, esta historia que estaba dada hacia adentro del mutualismo ahora va a ser dada hacia afuera y las farmacias vamos a estar en las mismas condiciones".

En todos los casos, los productos genéricos deberán estar habilitados por el Ministerio de Salud Pública. "La farmacia dispensa de acuerdo a un vademécum donde aparecen todos los genéricos y los distintos nombres de fantasía que existen en el mercado para el mismo principio activo". Bomio reconoció que los encargados de las farmacias van a tener que "abrir bien los ojos y saber bien lo que le están explicando a la gente". En ese sentido, recordó que el Centro de Farmacias ha implementado varios cursos de capacitación que planea extender.

La norma también fue muy bien recibida por el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Barret Díaz, porque contribuye a reglamentar una práctica que ya se realiza. "Si se establece que las sustancias activas tienen tales o cuales nombres de fábrica –eso supongo que va a quedar reglamentado y especificado en los organismos de venta–, se va a poner en claro algo que en realidad ya se podía hacer", admitió.

Por su parte, el directivo del Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), Antonio Durán, consideró que el decreto podría generar una rebaja general en el costo de los medicamentos, si todos los médicos se acostumbran a aplicarlo, porque podría obtenerse mejores precios por licitaciones. "Además se va a educar a la gente en cuanto a que le pueden cambiar una marca por otra, dado que el medicamento es el mismo", enfatizó Durán.

El directivo también recordó que era algo que ya se realizaba, pero ahora el consumidor va a saber que tiene un espectro de marcas para el mismo fármaco. Consideró que para educar realmente al consumidor es fundamental que toda farmacia le permita al usuario acceder a listados o programas computarizados donde pueda comprobar que se trata del mismo principio activo.

Los representantes de las cámaras de laboratorios nacionales y multinacionales no han querido evaluar por el momento los alcances que podría tener el nuevo decreto en su actividad. Fuentes consultadas de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) dijeron que antes de analizar el impacto de la nueva norma, prefieren estudiarla en profundidad y compararla con legislaciones similares existentes en otros países.

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LA CALIDAD PONE EN DUDA A LOS GENÉRICOS
El Comercio, Quito, agosto 19 del 2002

La Falta de buenas prácticas de manufactura y de biodisponibilidad no garantiza un fármaco eficaz.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los exámenes de biodisponibilidad, son requisitos indispensables para garantizar la calidad de un genérico. Sin embargo, el Ecuador no cumple ninguna regla.

En el noveno encuentro de la Comunidad Andina, en el que se debatió la armonización sanitaria, el Ecuador solicitó la liberalización del BPM hasta el 2005, a pesar de que la Ley vigente incluye esta norma.

En esta reunión, el país logró extender su plazo para cumplir con las pruebas, hasta junio del 2003, mientras tanto, los genéricos seguirán siendo comercializados, sin tener en cuenta una mínima garantía de que las medicinas tengan los mismos efectos terapéuticos que los de marca y su calidad sea apropiada.

Esta problemática fue debatida en un coversatorio “Medicamentos de calidad”, el pasado viernes, en el cual Liliana Aguirre, química farmacéutica de Colombia, dijo que las pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia aseguran que el genérico llega al paciente en la misma concentración y tiempo que el original.

“Cuando no se establece BPM y bioequivalencia no se puede asegurar que la cantidad de principio activo que se rotula en la caja del fármaco sea la correcta”, explicó. Estas fallas en la producción de genéricos es similar a la de los países vecinos, pero la diferencia está en que aquí no se presentan alternativas de solución.

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EL ENFERMO DEL SIDA CASI NO TIENE EL APOYO ESTATAL
El Comercio, Quito, 28 de julio 2002

Juan Carlos (nombre ficticio) está convencido de que el costo del tratamiento para el VIH -unos 800 dólares mensuales- “consumiría el sueldo de cualquier persona”.

Él es una de las seis personas con sida que solicitó medidas precautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el estado les garantice el acceso regular a los medicamentos que controlan su carga viral.

Cada mes-asegura- hace “milagros” para conseguir los antirretrovirales. No quiere dar datos de cómo lo logra, pues teme que cualquier información lo identifique ante las autoridades que -a partir de las medidas- están obligadas a darle las medicinas.

Las estadísticas demuestran que su caso no es la excepción, sino la regla. “Las personas con VIH necesitamos un tratamiento que implica cocteles de altísimo costo, lo que para el 90% de las personas con VIS-sida es inaccesible.”

En el Ecuador, según los datos del programa nacional del sida, hay unas 4.000 personas viviendo con VIH. LA mitad ya desarrolló la sintomatología de la enfermedad, explica María Elena Acosta, su directora.

Según la Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud, FEDAEPS, en el Hospital Carlos Andrade Marín, solo 20 pacientes reciben terapia antirretroviral, 200 lo hacen en el IESS de Guayaquil.

Esto no les garantiza un tratamiento oportuno. “La gente en el Seguro recibe las medicinas cuando hay. A veces se retrasan y esto es contraproducente pues causa resistencia”, dice Juan Carlos. Además, en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Quito, se atiende a 100 seropositivos. “Estas personas son las únicas que tienen acceso a servicios”, dice FEDAEPS. A ellas se sumaron 188 más este mes auspiciadas por la Asociación de DD.HH. Agua Buena, de Costa Rica, consiguieron que la Comisión Interamericana de DD.HH. conmine al Estado a que les garantice las medicinas.

Erick Roberts, director del Área de Derechos Humanos de la Procuraduría, dijo que es una obligación del Estado aplicar estas medidas de manera inmediata. Sin embargo, según Acosta, el Programa del Sida deberá evaluar quienes “necesitan los antirretrovirales”.

El viernes 26, esperaba la firma del Procurador para enviar, al Ministro de Salud, la notificación acerca de las primeras seis personas beneficiadas. “Eso quiere decir que desde mañana se proporcionaran los medicamentos”. En medio del proceso, el primero del grupo de los seis murió sin recibir atención.

La prueba de que hay voluntad política para atender este tema es que este año el presupuesto para el sida subió de 2000 dólares a cerca de un millón, señaló Maria Elena Acosta, directora del programa nacional del sida.

Gran parte de estos recursos se utilizarán para negociar la compra de medicamentos con ONU-sida. Con ese trato, el costo de la medicina se reduciría de alrededor de 6000 dólares al año a 4000.

Según Acosta, en “un par de meses” los medicamentos podrán llegar al país. “El Ministerio de Salud debe seguir los procesos regulares para las compras y esos procesos toman tiempo”. Además, el Programa también trabaja en la propuesta que presentará a las Naciones Unidas para concursar y recibir fondos para esta enfermedad.

Pero los tiempos del Gobierno difieren de los de las personas viviendo con esta enfermedad. “Hemos propuesto al gobierno que se compren los genéricos al Laboratorio Cipla de la India, que vende a la tercera parte del precio de algunos medicamentos. Otra alternativa es comparar a otros países o fabricar los genéricos. Pero lamentablemente hay muchos compromisos con las farmacéuticas”, dice Carmen Almeida, directora de la Fundación Siempre Vida, de Guayaquil.

Las personas viviendo con VIH son asintomáticas por un espacio de tiempo que va desde un año hasta siete. Luego, los enfermos entran en el proceso de sida, cuando las defensas del cuerpo ya están bajas y la carga viral es alta. Allí se desarrollan las varias enfermedades, conocidas como oportunistas.

Según el Programa Nacional del Sida del MSP, entre 1984 y el 2001 se reportaron 3727 casos de VIH-sida en el Ecuador. Las Naciones Unidas recomiendan multiplicar ese cifrador diez para tener una aproximación real de los casos. En 1991, por cada mujer con VIH hubo 6,4 hombres viviendo con la enfermedad. En el 2001, la relación era de una mujer por cada 2,6 hombres.

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UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
Editorial, El Tiempo, Bogotá

En la decisión pendiente sobre drogas genérica, el Gobierno debe tener como prioridad el derecho de los colombianos a los medicamentos baratos.

Mientras el desafío terrorista y las acciones del Estado par enfrentarlo acaparan la atención pública, en el seno del Gobierno Nacional se ventila un asunto que no ha ganado mucha publicidad pero que podría afectar a la vida de millones de colombianos. Es el tema de los medicamentos genéricos y su posible desaparición del mercado nacional, que las multinacionales farmacéuticas buscan desde hace años, con el creciente apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.

El empeño de las multinacionales cobró fuerza con la aprobación del Congreso estadounidense de la Ley de Preferencias Andinas (ATPA, por su sigla inglesa), pues aquella ley incluye entre sus requisitos el respeto de la propiedad intelectual por parte de los países que se beneficien con ella.

Armadas con esta nueva herramienta, están presionando al gobierno para que extienda por 5 ó 10 años la protección del llamado secreto empresarial a muchas drogas que tienen equivalentes genéricos, lo cual conduciría a que estos sean retirados y los consumidores pierdan el acceso a medicamentos sensiblemente más baratos.

Durante el gobierno anterior, las multinacionales estuvieron a punto de lograr su objetivo, que solo se frustró por la firme defensa de los genéricos asumida por el Ministerio de Salud y las compañías que los producen, entre las cuales están muchos de los laboratorios nacionales. Pero esto no impidió que en vísperas de concluir la administración Pastrana, el consejo superior del comercio exterior recomendara al nuevo Gobierno aprobar la medida tantas veces pedida por las farmacéuticas extranjeras aunque con algunos cambios.

Según la recomendación, hecha por la ex ministra de Comercio Exterior Ángela María Orozco, la protección del secreto empresarial se limitaría a un plazo inferior a lo solicitado (entre 3 y 5 años) y no incluiría a los medicamentos que ya están en el mercado, los de patentes expiradas y los que se requieran por razones especiales de salud pública, como los que combaten el sida. Esta fórmula causaría menos daño social que la propuesta por las multinacionales, pero aun así, refleja una falla de enfoque que ha estado presente a todo lo largo de la polémica.

La falla consiste en que un tema que toca directamente la salud sea tratado como un asunto comercial y esté asignado, por ende, a las instancias del Gobierno que se ocupan del comercio.

Allí halla audiencia f’acil el argumento predilecto de las multinacionales, según el cual tienen derecho a recuperar, con la comercialización exclusiva, las inversiones que realizan para producir innovaciones farmacéuticas.

Es lo mismo que hacen los fabricantes de computadoras o programas de software, o los autores de obras cinematográficas, musicales y literarias, amparados en sus derechos de patente, secreto empresarial o registro de marca. Lo que a nadie debe escapar es la enorme diferencia que hay entre impedir la piratería de computadores, discos o libros y tratar de bloquear la copia legítima de medicamentos, basada en datos que pertenecen al dominio público, como los que Invima ha autorizado producir en su forma genérica en Colombia.

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LA AUTOMEDICACIÓN VUELVE RESISTENTES A LAS BACTERIAS
El Comercio, Quito

Si el botiquín de su casa está lleno de antibióticos para curar infecciones respiratorias, ponga atención. El 90% de los microorganismos que las ocasionan son resistentes a cualquier clase de fármaco. En el mercado se comercializan más de 50 con bajos resultados, pues en los últimos 10 años, los males del tracto respiratorio se duplicaron.

Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los especialistas en la conferencia “Nuevas alternativas en el tratamiento de infecciones respiratorias”, realizada en Quito, hace pocos días.

Carlos Salvador, neumólogo de la Clínica Pasteur, está acostumbrado a tratar decenas de casos de resistencia a los antibióticos, provocada por la automedicación. Por ejemplo, uno de los pacientes contrajo una infección respiratoria por causa de un estafilococo. Salvador le prescribió penicilina por más de una semana. Pero al cuarto día mejoró y dejó de usarla. Tres semanas después recayó.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 1938 -cuando se introdujo la penicilina, el primer antibiótico en el mercado- ésta destruyó el 85% de cepas. Hoy este porcentaje es resistente a ella. Este microbio se reproduce cada 20 minutos, al igual que el neumococo.

Cuando un enfermo no toma en cuenta el ciclo vital de las bacterias, el tratamiento culmina en la supervivencia de los microorganismos más fuertes. Estos heredan y adquieren la resistencia a las medicinas por medio de mutaciones o compartiendo su ADN.

Guardar los medicamentos sobrantes y usarlos en otra ocasión tampoco es una buena idea. Según Ramiro Estrella, neumólogo, una nueva infección pude tener otro cuadro clínico. Su receta puede variar.

Las bacterias más resistentes, debido a la autoprescripción, son el neumococo, el estafilococo, la haemophilus influenzae y moraxella catarrhalis. En el caso del Haemophilus influenzae el 30% es resistente a la eritromicina, el 25% a la cefuroxina y el 20% a la amoxicilina. La Moxarella catarrhalis es resistente a la eritromicina (55%), amoxicilina (30%) y cefuroxina (25%).

Estos microorganismos son precisamente los que causan infecciones respiratorias como la amigdalitis, la faringitis, la otitis y la inflamación de los paranasales. Infecciones que obedecen sobre todo a la contaminación ambiental.

En Quito, esto es un factor de riesgo permanente. Las investigaciones de riesgo de Calidad de Aire de la Fundación Natura, demostraron que en el 2001, el 92% de los niños que estudia en sectores de alto tráfico vehicular, como el centro y sur de la capital, tenía en su sangre más del 2,5% del monóxido de carbono. Este es el límite aceptable, según la OMS. En Carcelén, un barrio con meno tráfico, el 43% de infantes tenía en su sangre niveles mayores.

Salvador considera necesario realizar una evaluación completa del paciente con una tomografía de senos paranasales. Este examen descarta hasta una posible sinusitis y, sobre todo, infecciones persistentes

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