Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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AGENCIAS REGULADORAS Y POLÍTICAS
Políticas
EE UU y Canadá
۞Informe de EE UU sobre supuesta piratería viola la soberanía nacional, dice comunicado de organizaciones de la sociedad civil
Boletín Informática y Salud, mayo 2014.
http://www.med-informatica.net/BIS/BisBCM18de2014_28abr04may14.htm
Aunque dice que el gobierno colombiano ha hecho progresos en materia de propiedad intelectual, la Oficina de Comercio del Gobierno de EE UU (USTR) decide mantener a Colombia en su “lista negra de países piratas”: el Informe Especial 301.
Se trata de una lista de los países que, según la USTR, están incumpliendo los estándares de protección de la propiedad intelectual. Organizaciones de la sociedad civil de Colombia han seguido este tema desde hace años. La Fundación Karisma, entre ellas, afirma que “la lista ha sido ampliamente criticada como ilegítima pues es unilateral (…) y es una afrenta a la soberanía de los países y en todo caso es el resultado de un procedimiento arbitrario”. Se trata de un instrumento de matoneo [4], que atiende esencialmente los intereses de la industria.
La Fundación IFARMA, Misión Salud, la Federación Médica Colombiana, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia -CIMUN-, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, el Comité para la Veeduría Ciudadana en Salud y la Fundación Karisma, participaron en el proceso público de consultas de 2014 propuesto por la USTR, cuestionando su legitimidad y presentando comentarios [5] que abordan las implicaciones del informe 301 para el país. Este documento fue también radicado en la Presidencia de la República, y en los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio, Salud y Cultura. Hace una semana se hizo pública la versión 2014 del Informe [6]; Colombia continúa catalogado como “país pirata”.
¿Por qué Colombia sigue siendo parte de esta lista?
Además de lo impropio del mecanismo, que no usa las rutas jurídicas obligatorias para solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (de la que ambas naciones son parte), en esta nueva versión del Informe 301, EE UU mantiene a Colombia en la lista de vigilancia. Argumenta que estamos en mora al no implementar aún los compromisos adquiridos en el TLC firmado con EE UU; alega, sin datos, que existe piratería en Internet y también en los “San Andresitos”; y se inquieta frente a temas que afectan el monopolio farmacéutico.
Le falta sustento a EE UU en este informe. Por ejemplo, efectivamente el gobierno colombiano tiene pendiente la adopción de una nueva ley de implementación de los compromisos adquiridos en el TLC con EEUU pero eso no lo justifica. El gobierno buscó cumplir el compromiso a través de la Ley 1520 de 2012 [7], conocida como la Ley Lleras 2, que fue declarada inexequible el año pasado por la Corte Constitucional por errores de procedimiento. Mantener a Colombia en la lista con esta justificación desconoce la soberanía del país. El gobierno intentó revivir la ley pero las críticas de la ciudadanía [8] llevaron al Ministerio de Comercio a facilitar un mecanismo de participación [9] para reconstruir el proyecto de ley. El mecanismo utilizado fue imperfecto y limitado, pero al menos buscaba consultar con otros actores las opciones de cumplimiento de un compromiso adquirido y evaluar una política pública interna dentro de un proceso legislativo nacional. Carolina Botero, de la Fundación Karisma, se refirió a este punto diciendo que “antes bien, el gobierno de EEUU debería felicitar a Colombia por promover principios democráticos. Deben entender que los procesos legislativos, si son responsables, no son inmediatos ni automáticos”.
El informe continúa abordando el tema de medicamentos. La USTR afirma estar preocupada con las limitaciones en la patentabilidad de productos farmacéuticos y con los obstáculos en la protección de datos. Ambas preocupaciones carecen de soporte fáctico y jurídico. Tal como se menciona en los comentarios que presentaron las organizaciones de la sociedad civil colombiana a la USTR, las medidas adoptadas por Colombia en materia sanitaria guardan estrecha relación con lo acordado en el TLC con EE UU, al igual que con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la normativa de la Comunidad Andina.
¿Qué significa estar en la lista 301?
Los acuerdos comerciales internacionales están convirtiéndose en importantes barreras para el desarrollo de políticas nacionales que combatan la desigualdad, no son neutrales dijo Stiglitz [10] hace poco en Medellín. Así, para las organizaciones que participaron en la elaboración de los comentarios enviados a la USTR, “Colombia necesita reconocer la ilegalidad del Informe Especial 301 y reafirmar como legítimas las acciones del país que han motivado su inclusión en el mismo, por haber sido tomadas en cumplimiento del marco jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno, y en ejercicio del principio de soberanía nacional”.
Alertan, además, que los impactos de ceder ante las presiones del USTR podrían acarrear implicaciones insospechadas, un riesgo que es común a todas las naciones incluidas en las “listas negras” de supuestos piratas de la propiedad intelectual. Al respecto, El Dr. Germán Holguín, de Misión Salud, comenta que “casos como el de la India [11] despiertan especial preocupación [12] en la comunidad, pues al haber sido incluida en la “lista de piratas” quedó expuesta a sanciones que podrían poner fin a su carácter de principal proveedor de medicamentos genéricos asequibles del mundo en desarrollo, en donde vive el 80% de la población global”.
Referencias