Economía y Acceso
Tratados de Libre Comercio, Propiedad Intelectual y Patentes
Patentes: vuelven los escenarios conflictivos como en los ’90
Pharmabaires, 17 de noviembre de 2014
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La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) volvió a convertirse en el campo de batalla contra las patentes farmacéuticas que obstruyen el crecimiento de los países emergentes. Pero también España, aliada de Washington en política internacional, parece haberse cansado de las patentes insustanciales. En Argentina comienzan a discutirse licencias obligatorias y biosimilares, siguiendo el ejemplo colombiano.
La 21 Reunión Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI retomó a comienzos de noviembre un temario que incluía “el impacto del sistema de patentes en los países en desarrollo” y sobre la “calidad de las patentes”, entre otros puntos.
Pero, como era previsible, al momento de las definiciones “las conversaciones se han estancando en el tema de la confidencialidad, sobre el mecanismo de cooperación internacional para el examen de las patentes farmacéuticas” y la compensación con una retribución “justa y razonable” en el caso de las licencias obligatorias, señalaron los voceros del organismo.
Durante los debates, la organización Knowledge Ecology International (KEI) fundada por el estadounidense Ralph Nader en 1995, denunció que persiste un conflicto debido a que “las patentes se aplican típicamente como un derecho exclusivo y el monopolio conduce a precios muy altos”.
“Esto es particularmente cierto en el área del cáncer, donde los nuevos precios de los medicamentos cuestan a menudo US$100.000 por año y en ocasiones más del doble de eso”, señaló KEI.
Coincidentemente, investigadores de MD Anderson de EE UU divulgaron un estudio que indica que si los 1,6 millones de pacientes norteamericanos con Hepatitis C fuesen tratados con los nuevos medicamentos biotecnológicos (Sovaldi de Gilead, por ejemplo) “el costo para los contribuyentes sería de US$136 a 188.000 millones en los próximos cinco años. O sea, US$65.000 millones más que lo que cuestan los medicamentos que se han utilizado hasta ahora”.
“Una respuesta a estos altos precios es evitar la concesión de patentes que extienden y amplían los monopolios, o conceder licencias obligatorias cuando los precios no son razonables o inalcanzables”, propuso KEI.
Las patentes se utilizan “para establecer la propiedad de los premios para estimular la innovación” pero debido a los abusos “el Senado de EE UU y las Academias Nacionales del mismo país han propuesto un estudio de desvinculación (Nota del Editor: donde el costo de la innovación no influye en los precios), como una alternativa a los monopolios de los medicamentos”, se mencionó durante la cumbre de la SCP de la OMPI.
A su vez, el Grupo Africano y del Grupo de la Agenda para el Desarrollo que desde 2007 impulsan Brasil y Argentina, insistieron en un “módulo de asistencia técnica” que se enfocaría en los mecanismos de flexibilidad para la concesión de licencias obligatorias.
Estados Unidos se opuso en la Asamblea General de la OMPI de este año al desarrollo de este módulo de asistencia técnica, por considerar que excede “el mandato” del organismo.
Pakistan, en nombre de los países emergentes, también solicitó en la OMPI “asistencia técnica a los países en desarrollo a fin de que puedan modificar sus leyes de patentes para poder utilizar las flexibilidades relacionadas con la salud pública”.
Precisamente, en estos momentos se fortalecen las versiones sobre cambios sustanciales a través del INAME y la ANMAT para el otorgamiento de licencias obligatorias para la producción local de biosimilares.
El modelo que se discute en Argentina es el recientemente aprobado en Colombia, que concede una vía abreviada para producir y registrar biosimilares, aunque solo algunos laboratorios en el país están en condiciones, actualmente, de impulsar la investigación y el desarrollo de medicamentos complejos como los biotecnológicos.
La opción sería profundizar una alianza comercial con laboratorios de India, ya que Carlos Chiale, antes de partir, aprobó cinco plantas industriales farnacéuticas de ese país y en consecuencia están habilitadas para importar.
También España ha decidido introducir modificaciones en su sistema de patentes, pese a su alianza estratégica con EE UU, y la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que revisa el marco legal de la propiedad industrial mediante la renovación de la Ley de Patentes para conseguir que estos derechos de explotación sean “fuertes” y “de calidad”.
Así lo anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, resaltando que el objetivo principal de la modificación normativa no es la de fomentar la iniciativa de patentar “al máximo”, sino que las patentes sean “serias y de calidad”.
Soria explicó que se pasará de patentes “débiles”, que generan a menudo “burbujas tecnológicas” tras las que se esconden “empresas sin actividad inventiva real”, a patentes “fuertes”, comparables a las de los sistemas internacionales y países industrializados.
De esta forma, todas las patentes estarán sujetas a un examen previo por el que se tendrá que justificar que el invento que se patenta es nuevo y que incorpora actividad inventiva y tiene aplicación industrial, de lo contrario “no se otorgará” el derecho, explicó el ministro del Partido Popular en el gobierno.
Otro escándalo se desató a nivel mundial cuando Stefan Oschmann, nuevo presidente de la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), la mayor asociación mundial de la industria farmacéutica, afirmó que las patentes no son las causantes de los abusos de mercado.
“Hay evidencia cero de que la propiedad intelectual sea un obstáculo para el acceso a los medicamentos”, dijo Oschmann, al asumir su cargo en Nueva York el 4 de noviembre. Esta declaración, citada en un twitter de la cuenta oficial de la multinacional Eli Lilly, fue luego eliminada a causa de la reacción en cadena.
El tweet fue borrado cuando organizaciones académicas y de consumidores comenzaron a cuestionar a Oschmann con abundante evidencia de los efectos de las patentes sobre los precios de los medicamentos. Ni Eli Lilly ni IFPMA respondieron a las solicitudes del periodismo para confirmar la declaración de Oschmann, y la transcripción del discurso no está disponible.
La Asociación Médica Americana de Estudiantes (AMSA), y la ONG STOPAIDS reclamaron que Stefan Oshmann e IFPMA se retractaran públicamente de “esta declaración engañosa” y reconocieran que “los verdaderos monopolios de patentes tienen efectos negativos sobre la capacidad de millones para acceder a los medicamentos que salvan vidas”.
“Cualquier persona que dice que no hay ninguna evidencia de que las patentes impiden el acceso a los medicamentos es o muy estúpida, o actúa como si todo el mundo fuera realmente estúpido. Las empresas miembros de la IFPMA han estado tratando de fijar el precio de medicamentos contra el cáncer en más de US$100 por día en la India, un país con ingresos medios un poco más de cuatro dólares por día. Es lamentable que una importante asociación comercial como IFPMA haya elegido a alguien sin ningún aprecio por la crisis en el acceso a nuevos medicamentos, y que juega al payaso, cuando necesitamos un verdadero liderazgo y compromiso, para reformar un modelo de negocio roto”, fustigó el estadounidense James Love, director de KEI.
“IFPMA debería comprometerse a que no hubiera ninguna persona que no pueda pagar los medicamentos, abandonando los sistemas de fijación de precios inadecuados y terminando la exclusividad de datos que restringe el uso de licencias obligatorias y evita que las empresas de genéricos puedan registrar medicamentos nuevos”, reclamó la Asociación Médica Americana de Estudiantes.
Al mismo tiempo, la campaña mundial “Las patentes son los puños de la industria”, fue instalada por los estudiantes de la ONG Universities Allied for Essential Medicinas (UAEM) sobre el efecto de las patentes en los países ricos y los países pobres.
UAEM, fundada en 2001 en la Universidad de Yale, es una alianza mundial estudiantil de más de cincuenta universidades en EE UU (Johns Hopkins University entre otras), Canadá, España, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Noruega y el Reino Unido.
Y para abonar aún más los escándalos, Wikileaks se ocupó de difundir el contenido de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y una docena de países que participan del Tratado de Comercio Transpacífico (TPP).
La organización presidida por Julian Assange filtró un documento de 77 páginas que alerta sobre algunas de las propuestas incluidas en el capítulo relativo a los derechos de Propiedad Intelectual en el marco de las negociaciones entre Estados Unidos y sus socios.
El documento es el resultado de una reunión que tuvo lugar el pasado 16 de mayo en la ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam) y del que Pharmabaires se hizo eco a partir de la denuncia de los fabricantes nacionales de medicamentos de México (EE UU vuelve a presionar por patentes en América Latina).
El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) de México, Alfredo Rimoch, advertía en aquella nota que se avecinan “presiones muy fuertes influenciadas por Estados Unidos” para extender las patentes en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
El documento filtrado refleja algunas exigencias en el área de medicamentos, que varios expertos creen que pueden afectar al acceso a nuevos medicamentos, como los oncológicos. Concretamente se refieren a una propuesta defendida por los Estados Unidos y Japón para incluir en el acuerdo estrategias orientadas a ampliar la patente de los productos gracias a modificaciones posteriores. Esta táctica, conocida como evergreening, está en el ojo del huracán desde hace tiempo.
Wikileaks señaló que la falta de movimiento dentro del capítulo de Propiedad Intelectual demuestra que “nadie está satisfecho” y que la oposición a estos cambios que impide nuevos avances. Frente a Japón y EE UU se alzarían Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, y países en desarrollo que defienden la protección de la salud pública como uno de los objetivos de los derechos de propiedad intelectual.
El último en la lista de presionados es Chile, que durante la reciente cumbre de Beijing de la APEC (Foro de Cooperación Asia-Pacífico) expresó su preocupación por la demanda de “fortalecer” su sistema de patentes que le reclama Estados Unidos.