La Coordinadora de Afectados por la hepatitis C denunció este sábado el fracaso y el incumplimiento del Plan Estatal contra esta enfermedad, que carece de una financiación suficiente y fomenta la discriminación entre pacientes en función de su lugar de residencia.

En rueda de prensa tras el segundo encuentro de la coordinadora de afectados, José Moolia, de la plataforma de Álava, recalcó que mientras que en Andalucía ya se empieza a tratar con los nuevos medicamentos de nueva generación a enfermos en fase 1, en Euskadi solo los más graves (en fase 4) acceden a estos medicamentos de forma mayoritaria.

En Madrid se permite el acceso a los pacientes en fase 4, 3 y 2, en Castilla y León, a los de fase 4 y 3, y algo similar ocurre en Albacete, pero no así en otras localidades de la Mancha.

Moolia señaló que a nivel nacional, de los pacientes que han recibido los nuevos fármacos, muy eficaces y con pocos efectos secundarios, el 53,68% están en fase 4, el 20,84% en Fase 3, el 19,47% en F2 y un 5,49% en F1. En cambio, del total de personas tratadas en Euskadi, más del 84% estaban en el estadio más avanzado (el 4), y algo más del 6% en fase 3.“Esto significa que los tratamientos solo se conceden a enfermos de fase 4, recalcó.

Según Moolia, cuando el Ministerio no dotó de financiación al Plan Estatal l era bien consciente de que al final sería cada Comunidad Autónoma la que se ocupase del seguimiento y el tratamiento de los pacientes, pues las competencias de Sanidad están transferidas.

Andalucía, que desde el principio fue la que encabezó la extensión de estos medicamentos, “es también la más endeudada, explicó Esther Mate, de la plataforma de Salamanca.

Bajo el lema Enfermo detectado, enfermo tratado, el manifiesto que este sábado leyó la coordinadora pide una financiación adecuada para el plan nacional, un acceso igualitario, también para los presos y una estrategia nacional de detección de pacientes.

Faltan datos
Según Mate, el número real de afectados de Hepatitis C en todo el Estado podría rondar los 800.000, pero “a las autoridades no les interesa ni averiguarlo, ni reconocerlo ni dar la cara”.

La razón es obvia, señaló, pues estos nuevos medicamentos cuestan en el mercado hasta €24.000 euros, y el Gobierno no tiene recursos para procurar tratamientos a todos.

En el mismo Plan Estatal se contemplaba la puesta en marcha de una estrategia nacional de detección, que ni siquiera se ha puesto en marcha.

Nosotros pedimos la implantación de un cribado nacional en los hospitales, porque el primer paso para abordar un Plan Estatal es conocer el número real de pacientes.

Mate indicó que el acceso a medicamentos y el seguimiento varían incluso entre ciudades y entre hospitales, y “no es lo mismo” cuando denuncia la plataforma que cuando lo hace un particular.

De acuerdo con el manifiesto, el objetivo de esta coordinadora es “luchar contra la injusticia del Plan Estatal, que obliga a ponerse gravemente enfermos a los afectados para obtener la medicación”, reclamar fondos, y acordar medidas de presión para que los distintos Gobiernos se involucren.