Si todo marcha como está previsto, en unos diez días los pacientes de cáncer y especialmente los de Leucemia Meoloide Crónica (LMC) colombianos podrían recibir una noticia histórica: por primera vez un medicamento clave para su tratamiento sería declarado como de interés público y sometido a licencia obligatoria. Es decir que, por primera vez, el país impediría que una empresa siga teniendo los derechos exclusivos de propiedad para explotarlo. Se trata del imatinib, un fármaco comercializado por Novartis y por el que los colombianos pagamos unos $400.000 millones entre 2008 y 2014, mientras los genéricos desaparecían del mercado.

La semana pasada se dio el primer paso para que esto fuese posible: el comité técnico que había designado el Ministerio de Salud emitió su decisión final, después de estudiar por más de un año el caso, que tenía enfrentados a la multinacional Novartis y a un grupo de organizaciones de la sociedad civil entre las se encuentran la Fundación Ifarma, Misión Salud y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, apoyados, entre otros actores, por el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica (Observamed). De acuerdo al análisis, hecho público ayer, “el comité recomienda al Ministro de Salud la declaratoria de existencia de razones de interés público con fines de licencia obligatoria sobre la solicitud puntual elevada para el imatinib”.

En otras palabras, le aconseja a Alejandro Gaviria que acepte la solicitud que le hicieron esas organizaciones, representadas por, entre otros, Francisco Rossi, Germán Holguín y Óscar Andia. Aunque antes de hacerlo, lo invita negociar el precio del imatinib que fijó Novartis, para que resulte acorde con la sostenibilidad financiera del sistema de salud. En ese lapso, además, esa cartera podrá recibir comentarios.

Para algunos como Rossi, director de Ifarma, y Holguín, director de Misión Salud, esta decisión es histórica pues ratifica lo que ellos habían advertido en varias ocasiones y que había replicado este diario: que el precio que hemos pagado los colombianos por ese producto, que se usa en el 90% de los casos de leucemia meloide crónica (una enfermedad que puede ser mortal si no se trata a tiempo), es excesivamente elevado y además carece del nivel inventivo necesario para que le fuera otorgada la patente que en una polémica decisión le concedió el Consejo de Estado.

Después de esa decisión, como le había contado a El Espectador Óscar Andia, Novartis empezó una especie de “matoneo judicial. Demandó a todos los laboratorios que eran sus competidores para erradicar la competencia legalmente establecida en el país”. Competencia que, como se lee en una carta que enviaron al Minsalud Ifarma y Misión Salud en 2014, permitía conseguir el medicamento a un valor mucho menor: 77%. Y por esa falta de competencia el país había pagado en los últimos seis años $396.962 millones, según cuentas del Observamed. En otros términos: eliminar los genéricos del imatinib podría costarle al país más de $31.000 millones anuales. Y eso amenaza las finanzas de un sistema de salud con dificultades fiscales.

En su defensa Novartis había recalcado en varias ocasiones que su patente es legítima y que su esfuerzo es reconocido por más de 40 países. Sus funcionarios aseguraban que la patente no pone en riesgo el acceso de los pacientes a la terapia, pues el imatinib (que ellos venden como Glivec) hace parte de los medicamentos incluidos en POS”.

Otra cosa piensa el comité que evaluó la propuesta: “Si bien el Imatinib está incluido dentro del plan de beneficios, esta no es razón suficiente para aceptar o negar una solicitud de declaratoria de interés público. Corresponde al Ministerio de Salud velar porque no se presenten precios excesivos, fomentar la competencia y corregir las distorsiones del mercado farmacéutico (…) La falta de competencia del imatinib en el mercado amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y en esa medida, la afectación de su precio constituye una razón de interés público”

Pero en esa disputa, Novartis, el Ministerio y las organizaciones no han sido los únicos actores. La discusión despertó el interés de altos funcionarios suizos, país en el que la multinacional tiene su oficina central. Por ejemplo, el 26 de mayo por Livia Leu, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, le envió una misiva a esa cartera dejando en claro su preocupación por el hecho de que Colombia esté pensando en que el imatinib sea declarado de interés público. Algo similar hizo René La Barré, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza. En sus misivas ambos le recordaron al ministro Gaviria que los dos países tienen una excelente relación económica que no vale la pena hacer tambalear.

Su postura fue rechazada después de unos días por organizaciones internacionales como Health Action International y por Franco Cavelli, expresidente de Union for International Cancer Control, cuya sede también está en Suiza. En otra carta le solicitaban a Gaviria no pasar por alto las necesidades de la población colombiana en términos de salud pública.

De aceptar la recomendación del comité, podría tratarse del primer caso en el mundo que se recomienda la declaración de interés público por solicitud de la sociedad civil.