Un programa televisivo emitió ayer un informe donde se muestra el mecanismo usado para comprar fármacos a nombre de jubilados fallecidos, y luego revenderlos en el mercado negro. La estafa le costó a la obra social unos 500 millones de pesos anuales. Por los manejos irregulares de los fondos, está procesado el ex interventor del PAMI, Luciano Di Césare.

Por año, el PAMI gastaba unos 500 millones de pesos en medicamentos. El problema era que los destinatarios de los tratamientos eran afiliados fallecidos. La maniobra, descubierta por la nueva conducción del organismo, generó una pérdida millonaria en la obra social, y puede terminar con muchos de los funcionarios responsables ante la justicia. Ayer, un programa televisivo mostró el mecanismo por el cual se estafaba a la entidad. Los fármacos eran vendidos en el mercado negro, y por la complicidad puertas adentro, la justicia ya investiga a las máximas autoridades de la gestión anterior.

En el programa “A dos voces”, de la señal de cable TN, se mostró cómo se compraban medicamentos a nombre de pacientes fallecidos, una red de corrupción que le costó en los dos últimos años (2014 y 2015) una pérdida anual de 500 millones de pesos. Según el informe, la operación “tenía el aval de los funcionarios que comandaban la obra social de los jubilados”. Todas las miradas le apuntan a Luciano Di Césare, ex titular del PAMI, quien está investigado por la justicia por esta y otras maniobras irregulares.

El programa mostró bolsas con troqueles por 200 mil pesos, “que cada mes una farmacia le cobraba al PAMI como coseguro por supuestas entregas de medicamentos a jubilados muertos”. Esto se replicaba en cientos de farmacias en todo el país, explicaron las nuevas autoridades, quienes detectaron las irregularidades y denunciadas ante la justicia.

El mecanismo fue denunciado por el actual titular del PAMI Carlos Regazzoni, quien dijo que la magnitud de la maniobra le está costando más de 500 millones de pesos por año: “Es el costo de un hospital por año”, afirmó el funcionario. En declaraciones al mismo canal, Regazzoni contó que la venta de remedios a muertos incluía sobremedicación y falsificación de la identidad de médicos. “En 2013 hay varias denuncia. Se usaban los nombres de los profesionales para recetas que no firmaban. Una matrícula habría hecho 39 mil recetas en un año. Eran verdaderas fábricas de recetas”, dijo indignado.

Según Regazzoni, las farmacias venían advirtiendo sobre las irregularidades. Incluso la Auditoría General de la Nación elaboró informes sobre esta maniobra. “Hay filmaciones donde aparece gente que iban con pilas de recetas a pedir medicamento a las farmacias. Esto está en la Justicia, quien tendrá que investigar las complicidades. No hay duda que esto era adrede, no pudo haber habido un error”, enfatizó y anticipó que ya “hay 20 denuncias radicadas en sede federal en todo el país”.

Regazzoni aseguró que “lo que más duele es que el dinero que tendría que ir a mejorar la salud de los jubilados, de los abuelos, mientras el PAMI se empobrecía, iba a inescrupulosos que se enriquecieron con ese tipo de maniobras”. Además de las denuncias, el PAMI inició una depuración del padrón de afiliados, para evitar nuevas situaciones.

Luego de la denuncia, la situación judicial del ex titular del PAMI se complicó aún más. Es que el fiscal federal Franco Picardi acusó al ex director ejecutivo de la obra social durante el kirchnerismo por el delito de “administración fraudulenta” y con ello se cerró la investigación judicial por la que Di Cesare fue procesado en noviembre pasado por el juez Claudio Bonadio. Sin embargo, en febrero la Sala II de la Cámara Federal respaldó lo decidido por el juez y confirmó el procesamiento.

El magistrado lo procesó porque Di Cesare había utilizado 2830 millones de pesos del PAMI para comprar letras de Tesoro y financiar al Estado nacional en detrimento del funcionamiento de la obra social de los jubilados.

Según se determinó en la investigación judicial, entre 2008 y 2012, cuando Di Cesare prestó el dinero del PAMI, la obra social padeció una grave crisis en las prestaciones que se tradujo en falta de insumos, falencias estructurales, pagos con retraso a proveedores y otras deficiencias.

El fiscal, que antes de llegar a su cargo era funcionario del Ministerio de Justicia del kirchnerismo, señaló en la acusación que “…la maniobra ilícita cuestionada a Di Cesare pudo proyectarse durante el prolongado período de cinco años como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de suscripciones de las letras del Tesoro, las diferencias en el registro de la contabilidad del PAMI, la laxitud de los controles internos y la imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos”.

Se hallaron graves irregularidades. Entre ellas se pueden destacar problemas edilicios y de faltante de insumos en geriátricos, “condiciones laborales intolerables” en varias sedes del PAMI y en una de ellas un área para atención de discapacitados situada en un primer piso por escalera.

La figura por la que fue acusado Di Cesare es la de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. Ese delito está penado con una prisión que va de un mes a seis años. En el mismo caso resultó indagado y con una falta de mérito Hernán Lorenzino, quien en su carácter de secretario de Finanzas de la Nación, le propuso a Di Cesare que comprara letras del Tesoro. Picardi elevó a juicio oral y público la investigación respecto del ex director ejecutivo del PAMI pero pidió continuar el caso sobre Lorenzino.