Obligar a las compañías farmacéuticas a que den a conocer las razones detrás de las grandes subidas de precios y los elevados costos de los nuevos tratamientos ¿Ayudará a que los precios de los medicamentos sean asequibles?

Esa es la premisa detrás de la legislación que se ha discutido este año en aproximadamente una docena de estados, incluyendo California. Además, el presidente Barack Obama propuso en su presupuesto de 2017 que el Departamento de Salud y Servicios Humanos requiriera a las empresas farmacéuticas que divulgara sus costos de investigación y desarrollo.

Sin embargo, algunos investigadores y defensores de los consumidores dicen que estas medidas de “transparencia de los precios de los medicamentos” probablemente por si solas no basten para reducir el continuo incremento de los precios y que harán falta otros cambios en las políticas de medicamentos

“Por sí mismas, no creo que sea probable que las [medidas] tengan un gran impacto”, dijo Chapin White, investigador y experto en transparencia de costos de atención de salud en el centro de investigaciones RAND Corp., de Santa Mónica. Chapin dijo que conseguir más información es sólo un elemento para decidir “cuál es precio justo que se debe pagar” por los medicamentos.

Sin embargo, sugirió que tales leyes podrían impedir que las compañías farmacéuticas suban los precios “sin dar más explicaciones”.

El 10 de agosto los legisladores del estado de California revisarán un proyecto de ley que exige a las compañías farmacéuticas dar aviso con anticipación si planean introducir medicamentos que cuestan US$10.000 o más (por año para enfermedades crónicas o por tratamiento) o aumentar el precio de los medicamentos existentes en un porcentaje superior a cierto nivel. También estarían obligados a justificar esos precios en un plazo de 30 días, aunque la legislación no aclara cómo tendrían que hacerlo.

El proyecto de ley también requiere que los planes de salud informen anualmente cuánto gastan en los medicamentos que requieren receta.

Las propuestas en otros estados han incluido exigir a las compañías farmacéuticas que informen a los organismos gubernamentales sobre los costos de investigación y desarrollo, creando para ello comisiones de revisión farmacéutica y permitiendo que los programas gubernamentales de salud no cubran algunos medicamentos de alto precio.

Según el Consejo Nacional de Legislaturas Estatales, este año la mayoría de las medidas se han estancado, excepto en California, Nueva Jersey y Pennsylvania. Los partidarios de esa legislación atribuyen su falta de progreso en la mayoría de los estados a la fuerte presión de la industria farmacéutica.

El aumento de precio de los medicamentos de venta con receta ha sido muy debatido, especialmente desde que Martin Shkreli, un ejecutivo farmacéutico que ha sido fuertemente criticado, incluso por otras empresas farmacéuticas, obtuvo la licencia de fabricación de un antiparasitario necesario para evitar la muerte de los pacientes y el año pasado aumentó su precio en más de 5.000%. Con ese episodio como ejemplo extremo, los encargados de formular políticas han estado buscando maneras de prevenir precios explotadores.

Los partidarios de la ley de California dicen que el aviso anticipado de los aumentos de precios puede ayudar a las empresas que compran medicamentos a negociar un mejor precio para los consumidores.

Pero las compañías farmacéuticas dicen que la legislación podría impulsar a que las grandes cadenas de farmacia, al enterarse de la subida de precios, “acaparen” los medicamentos existentes a precios más baratos.

La industria dice que las medidas de transparencia amenazan sus intereses empresariales fundamentales.

“Divulgar esa información es revelar información muy sensible a una población muy amplia que podría socavar la competencia y producir consecuencias no deseadas”, dijo Priscilla VanderVeer, vicepresidenta de comunicaciones estatales de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

VanderVeer dijo que el precio de etiqueta de un medicamento no da una imagen exacta de lo que realmente cuesta, ya que el precio casi siempre acaba negociándose a la baja.

Chapin, investigador sénior de RAND, señaló que las actuales normas de patentes otorgan a los fabricantes de medicamentos el poder de cobrar precios altos como recompensa por la innovación. “La protección que otorga el sistema de patentes da un poder monopólico a las empresas farmacéuticas” explicó Chapin, pero añadió que no se imagina como este sistema puede desmontarse.

En cambio, dijo, la discusión sobre precios de medicamentos debe enfocarse en como establecer “límites razonables” al precio de un medicamento, y el precio debe reflejar los beneficios reales que consigue en la práctica médica.

“Tiene que haber algún límite”, dijo Chapin. “No debería ser aceptable que una empresa pidiera el cielo por un medicamento”.

Ameet Sarpatwari, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que las medidas de transparencia podrían otorgar información que puede ayudar a los legisladores a introducir cambios fundamentales a las políticas farmacéuticas. En realidad, controlar los precios de los medicamentos probablemente requeriría una acción federal, dijo, al igual que permitir que los programas estatales de Medicaid mantengan los medicamentos de alto costo fuera de sus formularios.

El Sistema de Retiro de Empleados Públicos de California (CalPERS), que en 2014 gastó US$1.800 millones en medicamentos de venta con receta para sus 1,4 millones de afiliados, dice que ya se beneficia de sus propios esfuerzos para conseguir información sobre el gasto anual en farmacia de los planes de salud. Esos datos han ayudado a CalPERS a decidir cuánto más deben cobrar a los afiliados por los medicamentos y determinar la lista de medicamentos cubiertos.

CalPERS apoya la ley de transparencia de California, llamándola un primer paso para bajar los precios de los medicamentos.

” No se pueden cuestionar los precios cuando no se sabe cuáles son los costos”, dijo Doug McKeever, subdirector ejecutivo de CalPERS para política y planificación de programas de beneficios. “Nos da la oportunidad de decir colectivamente, ‘¿cómo podemos trabajar juntos para hacer frente a estos aumentos de los precios?'”

Por ahora, las medidas de reducción de precios de CalPERS han ayudado a proteger su presupuesto al exigir que los miembros paguen más o tengan menos opciones. Pero la agencia cree que mayor transparencia sobre los costos de los medicamentos podría en el futuro permitir a los proveedores de salud negociar mejores precios, aligerando el esfuerzo de los usuarios.

Public Citizen, un grupo nacional de defensa pública, también apoya las medidas de transparencia estatal, pero dice que la demanda de transparencia debe poder exigir “abrir la caja negra” de los costos de investigación y desarrollo de los medicamentos. Sin eso, los encargados de formular políticas no tendrán la información adecuada para examinar las afirmaciones que hace la industria sobre el precio de los medicamentos, dijo Steven Knievel, un organizador del programa de Acceso Global a los Medicamentos de Public Citizen.

La medida de transparencia de los precios de los medicamentos en California sería más útil, dijo Knievel, si exigiera la divulgación de los costos de producción, que otros estados han pedido.

Knievel añadió que los tomadores de decisiones no ponen presión para que la información disponible se divulgue tan ampliamente como sea necesario para poder dar un giro a las conversaciones sobre precios de los medicamentos. Las medidas de transparencia propuestas corren el riesgo de convertirse en nada más que “un acto de relaciones públicas para los políticos que quieren ser percibidos como duros con las compañías farmacéuticas”.

Public Citizen también está presionando para que el gobierno federal tome medidas para controlar los precios de los medicamentos. También está presionando para que los funcionarios del gobierno intervengan cuando los medicamentos que se han desarrollan con fondos públicos no se venden a “precios razonables”.