Las grandes compañías farmacéuticas han pagado más de US$100 millones para evitar que en un referéndum estatal en California se aprobara el control de precios de los medicamentos limitando lo que pagarían las agencias estatales por los tratamientos de venta con receta que compran para sus pacientes.

Las compañías farmacéuticas están poniendo anuncios televisivos y enviando miles de anuncios por correo diciendo que les preocupa que la medida pueda ser contraproducente y solo sirva para que las compañías, para seguir siendo solventes, tengan que aumentar los precios de los medicamentos para los veteranos de guerra y otros pacientes.

Su verdadera preocupación es la posibilidad de que esta propuesta tenga un efecto dominó y las agencias del resto de los estados hagan lo mismo. Las compañías farmacéuticas están gastando mucho para defender sus ganancias, y disfrazan su plan como si defendieran los intereses de los veteranos. Pero para las compañías farmacéuticas y sus accionistas, el beneficio siempre viene antes que los pacientes, incluyendo los veteranos enfermos.

La propuesta 61, que se vota en California el martes, este año es la más cara del estado, y la campaña “No a la Propuesta 61” ha roto el récord de gasto de los opositores. La propuesta prohibiría que las agencias estatales paguen más por los medicamentos de lo que paga el Departamento Federal de Asuntos de Veteranos, que usa su poder de compra a gran escala para negociar precios más bajos (Nota de Salud y Fármacos: el referéndum ya se ha realizado y la propuesta no fue aprobada).

John Lechleiter, el CEO de Eli Lilly dijo a los inversores el mes pasado que “estamos luchando contra viento y marea para que esto no suceda”. Lilly ha contribuido con más de US$$4,5 millones contra la Prop 61. Una publicación de la industria dijo que si la Propuesta 61 se aprobara llevaría a más gobiernos estatales e incluso a planes privados de salud a exigir los descuentos, diciendo que sería “un desastre para toda la industria farmacéutica estadounidense”.

La AIDS Healthcare Foundation, una organización internacional sin fines de lucro y el mayor proveedor de atención médica a pacientes con VIH / SIDA en EE UU es el patrocinador de la Prop 61, también conocida como la Ley para Hacer Posible los Medicamentos en California (California Drug Price Relief Act ). La campaña “Sí en la Proposición 61” ha recaudado casi US$15 millones, más del 99% de los cuales proviene de la AIDS Healthcare Foundation. Sin embargo, la oposición ha gastado siete veces más.

La campaña de la oposición se presenta oficialmente bajo el nombre “No a la Proposición 61 – Los californianos contra la propuesta engañosa contra los medicamentos, una coalición de veteranos de guerra, médicos, defensores de pacientes, personas mayores, contribuyentes y miembros de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhARMA), financiados primordialmente por Merck& Co,. Pfizer Inc. y otras empresas”. La campaña ha recaudado US$109 millones, exclusivamente de la industria farmacéutica; los veteranos, médicos, defensores de pacientes, personas de la tercera edad o contribuyentes no han puesto ni un dólar.

Las asociaciones médicas, sindicatos, grupos comunitarios y muchas organizaciones de veteranos también han respaldado la campaña “No”. Algunos de los respaldos, como el de dos grupos prominentes de LGBT (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneros) en San Francisco, fueron criticados al revelarse que cada uno recibió US$5.000 de la campaña “No”.

Los anuncios financiados por “No a la Prop 61” se estuvieron presentando durante los días previos a la elección durante casi todos los cortes comerciales de la televisión. Los anuncios cuentan como un veterano preocupado advierte a los californianos que la aprobación de la Propuesta 61 podría aumentar los costos de las prescripciones, y los partidarios de la Proposición 61 ven los anuncios como una amenaza más que como una advertencia con buenas intenciones.

“Esto no es una predicción; es una amenaza”, dijo Garry South, estratega principal de la campaña “Sí a la Propuesta 61”. “Si tienen que vender fármacos al estado de California a un precio más bajo, van a intentar compensar y mantener sus obscenas ganancias haciendo sufrir al resto de californianos”.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, quien durante su campaña presidencial llevó la discusión de los precios de los medicamentos a nivel nacional, se ha convertido en el gran defensor de la campaña “Sí” diciendo que la propuesta sería “un golpe real contra esta codiciosa industria farmacéutica”.

Además 23 empresas farmacéuticas más y la cámara de las empresas (PhARMA) dan un gran total de US$109 millones

Si bien el 99% de los fondos para la campaña “Si” provienen de AIDS Healthcare Foudation, también contribuyeron 500 personas con US$100 o menos, y el fondo de donaciones políticas de la Asociación de Enfermeras de California contribuyó con US$55.929. Apoyaron también el “Si” el ex ministro de trabajo Robert Reich, la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP), muchos capítulos locales del Partido Demócrata, y los sindicatos de trabajadores.

Kathy Fairbanks, vocera para el “No a la Prop 61” dijo que a pesar de la buena intención de los que la apoyan, la “Prop 61 no va dar resultados positivos. Al contrario, va a empeorar la situación de los pacientes en California, de los veteranos y sus familias”.

Fairbanks, y quienes se oponen a la Prop 61 señalan un informe de la Oficina de Análisis de la Legislatura de California sobre el impacto fiscal “altamente incierto” que pudiera tener la aprobación de la propuesta. Pero el mismo informe también señala que el impacto final en el estado “podría oscilar entre un efecto relativamente pequeño a representar un significativo ahorro anual”, y que las respuestas posibles de los fabricantes de fármacos limitan los ahorros potenciales,” y aclara que lo que realmente ayudará a predecir los precios de los medicamentos si se aprueba Pro 61 será la reacción de la industria farmacéutica.

Harriet Blair Rowan es una periodista investigadora independiente especializada en el impacto del dinero en la política. Anteriormente trabajó en el Center for Media and Democracy.