En medio de toda la confusión de la semana pasada entorno a la inmigración, el Tribunal Supremo, Irán y las calificaciones del programa de televisión de Arnold Schwarzenegger, se prestó poca atención a una reunión extraordinaria que tuvo lugar en la Casa Blanca y en la que el Presidente Trump renegó de su promesa de campaña y dejo a millones de estadounidenses “olvidados” en manos de las gigantes compañías farmacéuticas.

Hace casi exactamente un año que Trump, mientras hacía campaña en New Hampshire, dijo que era una locura que el gobierno federal, el mayor comprador mundial de medicamentos de venta con receta, no pudiera negociar directamente con las compañías farmacéuticas para obtener precios más bajos, alardeando de que en “el primer día” de su gobierno él podría ahorrar a los contribuyentes US$ 300.000 millones al año a través del programa Medicare.

En una conferencia de prensa la semana antes de su toma de posesión, Trump dobló su promesa de reducir los precios, declarando que las compañías farmacéuticas estaban “matando con impunidad”. Y el martes, llamó a los ejecutivos de las compañías farmacéuticas para hacer lo que ya había hecho con los fabricantes de automóviles y los ejecutivos aeroespaciales, avergonzarlos para que crearan empleos y bajaran los precios.

“Tenemos que bajar los precios”, dijo a las farmacéuticas. “No hay opción.”

Una hora más tarde, sin embargo, el gran negociador apareció para decir que todo era un malentendido. Leyendo casi textualmente los puntos para discutir que había preparado la industria, se comprometió a “oponerse a cualquier cosa que dificultará que las empresas más pequeñas y más jóvenes tomaran el riesgo de llevar sus productos a un mercado vibrantemente competitivo”. Él no tendría nada que ver con algo tan odioso como “Fijar los precios” para Medicare.

[Lo que los CEOs dicen que ocurrió durante la reunión a puerta cerrada de Trump con las grandes industrias farmacéuticas]

Al preguntarle más tarde sobre el aparente cambio de 180 grados, el secretario de prensa Sean Spicer evocó el comentario más reciente y absurdo de la industria, explicando que son los burócratas y reguladores gubernamentales, y no las compañías farmacéuticas que crean empleo, los que impiden que el gobierno obtenga el mejor trato para los contribuyentes.

El incidente nos recuerda la preocupante tendencia de Trump a estar de acuerdo con la última persona con la que habla, en gran parte porque entiende muy poco de los asuntos sobre los que emite opiniones con gran confianza. De hecho, todo el drama de los precios de los medicamentos fue muy dudoso desde el principio.

La promesa de Trump de ahorrar US$300.000 millones al año al programa de Medicare era absurdo, ya que US$300.000 millones representan la mitad de todo el gasto de Medicare y cerca de la mitad del gasto total en medicamentos en EE UU.

Trump también parecía no saber que mientras Medicare no puede negociar directamente los precios de los medicamentos, la mayoría de los medicamentos que paga Medicare se compran a través de planes de seguros privados patrocinados por Medicare que pueden y negocian precios con las compañías farmacéuticas competidoras.

El otro gran programa de seguro de salud del gobierno, Medicaid, tampoco negocia los precios de los medicamentos, pero en la mayoría de los estados, la ley requiere que Medicaid reciba el precio más bajo que las farmacéuticas ofrecen a los seguros privados. Como resultado, Medicaid paga más del 20% menos por los medicamentos que Aetna o Blue Cross. El Departamento de Asuntos de Veteranos negocia descuentos similares en nombre de su red de hospitales y clínicas.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que si se permitiera que Medicare negociara directamente en nombre de los 50 millones de beneficiarios, lograría reducir los precios, aunque modestamente. Pero de lo que Trump no parece darse cuenta es que para que esas negociaciones sean efectivas, tienen que suceder otras dos cosas con las que podría no estar de acuerdo.

En primer lugar, para las enfermedades para las cuales hay dos o más fármacos igualmente eficaces, el gobierno tendría que tener la libertad de tener un formulario y decirle a los pacientes y a sus médicos: “Vamos a pagar por este medicamento, pero no por ese”. No hay nada en Obamacare que se acerque a ese nivel de interferencia del gobierno en decisiones clínicas. Los republicanos nunca lo aceptarían, y si lo entendiera, tampoco Trump.

Además hay enfermedades para las que solo hay un tratamiento ideal, ya sea porque está protegido por una patente o porque el mercado es demasiado pequeño para atraer a otra empresa. En esos casos, que incluyen a muchos de los medicamentos más caros, no hay competencia por lo que no podría haber licitación. El único poder de negociación que tendría el gobierno sería negarse a pagar el medicamento, negando el acceso a los contribuyentes. Otra forma de referirse a esto es el racionamiento. ¡Buena suerte con esto! [Lo único que puede detener a Trump de convertir a Washington en un Crazytown permanente].

La historia básica sobre el precio de los medicamentos es la siguiente:

Debido a que nuestro país es el único que no negocia los precios con las compañías farmacéuticas, usando un formulario nacional, los estadounidenses pagan aproximadamente el doble que los pacientes de otros países por los medicamentos que más se utilizan y están protegidos por patentes. Lo que esto significa, en la práctica, es que los estadounidenses pagan el 20% de los ingresos que la industria farmacéutica invierte en la investigación de nuevos medicamentos, con lo cual el resto del mundo no tiene que invertir. A cambio de esta generosidad, una proporción desproporcionada de los trabajos de investigación altamente remunerados se encuentran en EE UU. Las compañías farmacéuticas también solían pagar una proporción desproporcionada de los impuestos corporativos al Tesoro de EE UU, hasta que se hicieron tan innovadoras en evadir impuestos como en el desarrollo de productos.

Como casi todas las demás facetas del sistema de salud estadounidense, el precio de los medicamentos es extremadamente opaco. Mientras las farmacéuticas publican precios exorbitantes para algunos medicamentos, las grandes compañías de seguros y los administradores de beneficios de farmacia negocian grandes descuentos en nombre de sus clientes. Esos descuentos son secretos muy bien guardados, pero en promedio son cercanos al 40%.

Un efecto perverso de este sistema es que anima a las compañías farmacéuticas a subir cada vez más los precios que publican para poder ofrecer mayores descuentos y obtener más negocios. El resultado es mayores ganancias para las aseguradoras y los gerentes de las empresas administradoras de los beneficios de farmacia, pero también mayores costos de bolsillo para los consumidores que no tienen seguro o cuyas pólizas de seguro incluyen grandes deducibles o copagos para la compra de medicamentos.

La semana pasada, se describió detalladamente este asunto del reembolso durante el transcurso de una demanda colectiva presentada en una corte federal en Boston contra las tres principales compañías farmacéuticas – Sanofi, Novo Nordisk y Eli Lilly – acusadas de conspirar para elevar el precio de referencia de la insulina en casi 170% en los últimos cinco años, a pesar de que los costos de producción o distribución habían aumentado muy poco.

Mientras los pacientes completamente asegurados se ven poco afectados por este aumento, la demanda alega que otros que pagaban US$25 por receta ahora se ven obligados a pagar entre US$300 y $ 450, o incluso US$900 al mes. Las compañías dijeron que los juicios que les habían puesto no tenían ningún mérito.

A las compañías farmacéuticas tampoco les gustan los descuentos a través de estos mecanismos de reeembolso, aunque solo sea porque los elevados precios han contribuido a la mala prensa contra ellas. Ahora están presionando para que los precios se establezcan en relación al valor de los medicamentos, es decir, quieren que el precio se fije en función de la eficacia que tengan para el tratamiento de una enfermedad y en la reducción de otros costos médicos.

Pero si bien esta nueva forma de establecer los precios puede ser una buena idea, no hará nada para ayudar a Trump a bajar los precios de los medicamentos. La industria espera que la próxima generación de píldoras y productos biológicos reduzca drásticamente el número de días que la gente pasa en los hospitales, el número de operaciones quirúrgicas y el número de visitas que hacen a las consultas de los médicos. Para la industria farmacéutica los “precios según valor” significan que puede captar la mayor parte de esos ahorros en forma de precios más altos, no más bajos, y con ello una porción cada vez más grande del gasto salud.

Steven Pearlstein es escritor sobre Empresas y Economía. También es Profesor de Políticas Públicas en la Universidad George Mason.