Siete meses después de que el presidente Trump dijera que la industria farmacéutica “asesinaba sin que le pasara nada”, ahora está ocupado forrando los bolsillos de grandes compañías farmacéuticas de todo el mundo, animándolas a cobrar precios más altos en el extranjero. Es probable que los monopolios de precios se extiendan en virtud de un proyecto de orden ejecutiva que promete una “mayor protección de la propiedad intelectual” en los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por ejemplo, ya se ha determinado que se deben armonizar los estándares de propiedad intelectual extranjeros para que se asemejen a los de EE UU. Canadá, al parecer, será el primer objetivo del adoctrinamiento de EE UU.

Se ha criticado repetidamente al gobierno canadiense por su fracaso en imitar las leyes de propiedad intelectual de EE UU, recibiendo numerosas amonestaciones en las audiencias del Congreso y en los informes del Representante Comercial de la Oficina de EE UU por atreverse a definir sus propios estándares de patentabilidad. Mientras que EE UU defiende con vehemencia su propia soberanía y singularidad, parece que no puede tolerar estos principios en otras naciones.

Esa fue sin duda la opinión del gigante farmacéutico estadounidense Eli Lilly cuando, en noviembre de 2012, presentó una demanda de arbitraje en una disputa inversor-estado contra el gobierno canadiense por revocar dos de sus patentes farmacéuticas.

Como E. Richard Gold de McGill University recientemente describió en STAT, descontenta con sus pérdidas, Eli Lilly demandó al gobierno canadiense por US$500 millones por “no seguir en absoluto” los estándares de propiedad intelectual de EE UU. Cinco años después, la compañía ha gastado más de US$12 millones tratando de educar al gobierno canadiense sobre lo que es, y lo que no es, un margen aceptable de cambio en su legislación nacional.

La estrategia de la compañía de moldear la ley canadiense finalmente prevaleció. En junio, el Tribunal Supremo de Canadá emitió una decisión deslumbrante, anulando décadas de precedentes canadienses, por la que se adoptará el mismo estándar de patentabilidad exigido por Eli Lilly y aplicado en EE UU.

La Cámara de Comercio de EE UU elogió la decisión, mientras que los académicos canadienses lamentaron el aumento de titulares extranjeros de patentes a expensas de nuevas empresas locales. La Corte Suprema canadiense se habría adelantado a la renegociación del TLCAN, que había identificado las normas de patentabilidad de Canadá como un “problema grave” que tendría que abordarse.

El efecto impactante del arbitraje en la disputa inversor-estado sobre la soberanía nacional no es nuevo, y el caso Eli Lilly es solo uno en una larga lista de presiones de las empresas con grandes ganancias deseosas de extraer mayores ganancias en otros países.

Otro ejemplo. El gobierno colombiano había intentado proporcionar a sus ciudadanos una versión genérica asequible de Gleevec, un medicamento contra el cáncer fabricado por Novartis. Preocupado por perder ganancias con su píldora de US$15,000, Novartis amenazó al gobierno colombiano con una disputa inversionista-estado, y el gobierno colombiano no tuvo otra alternativa que aceptar.

De manera similar, Gilead Sciences utilizó la amenaza de una disputa inversionista-estado de US$800 millones para obligar al gobierno ucraniano a cancelar el registro de un medicamento genérico que compite con sofosbuvir (Sovaldi), la medicación contra la hepatitis C de Gilead de US$84.000.

El creciente uso de los litigios inversor-estado por parte de las grandes compañías farmacéuticas para intimidar a las naciones soberanas para que retiren las medidas de salud pública, refleja el alcance amplio y peligroso del arbitraje entre inversores y estados.

A medida que continuamos presenciando el arbitraje privado de los intereses públicos, debemos preguntarnos si Trump continuará incitando a las compañías farmacéuticas a “asesinando sin que les pase nada”.

Book F. Baker es profesor de derecho de la Northeastern University en Boston y analista de políticas de Health GAP (Global Access Project). Katrina Geddes is una investigadora en el programa Global Access in Action en la Facultad de Derecho de Havard University.