“Sugestivamente” en estos días, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dependiente de la Secretaría de Comercio, decidió dar curso a una denuncia que presentó una cadena farmacéutica ligada al vicejefe de Gabinete, contra la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), acusándolas de supuestas maniobras discriminatorias para excluirla del acuerdo de las farmacias con el PAMI, reactivando un expediente que había sido archivado hace casi dos años.

La denuncia contra las instituciones farmacéuticas data de 2011 y fue hecha por Mario Quintana, por entonces presidente de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, que aún conserva el 3% de las acciones y que hoy reclama una compensación de 701,7 millones de pesos por supuestas pérdidas de rentabilidad.

No resulta un tema menor, que otra causa que la COFA le había iniciado a Farmacity en 2011 (causa 1400), la CNDC decidió archivarla este año, negando todas las pruebas ofrecidas por la Confederación Farmacéutica Argentina… y ahora surge esta nueva imputación.

La Confederación Farmacéutica Argentina, institución que representa a los profesionales farmacéuticos, considera esto una prueba más del lobby que está ejerciendo ese funcionario ante organismos del Estado y la Justicia para beneficiar a su propia empresa.

El sistema de PAMI es solidario y permite a través del sistema de bonificaciones que las farmacias de lugares más inhóspitos y alejados del país estén en posibilidades económicas de atender a los afiliados. Tanto el PAMI como las entidades profesionales ponemos siempre como prioridad al paciente, mientras que ese grupo inversor sólo pone el foco en la rentabilidad de su empresa.

Sería importante saber quiénes son los accionistas del fondo de inversión Pegasus, que controla a Farmacity entre otras empresas, y cuáles son los funcionarios que conforman el fondo y lo controlan. Además de preguntarnos cómo se permite que un fondo de inversión tenga injerencia en la salud de los jubilados, y en particular en el acceso al medicamento de los habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el medicamento no es un bien de mercado y la salud es un derecho de la población, no un negocio.

Por otra parte, es paradójico, que por un lado la cadena se niegue a hacer un aporte solidario en concepto de bonificación a los afiliados al PAMI, planteando que eso lo excluye del mercado y que le causa un perjuicio económico millonario, cuando por otro lado anuncia en una fiesta y promociona que piensa abrir 200 locales nuevos.

Esto claramente se encuadra en una estrategia política y económica de avanzar sobre diversos poderes del Estado para destruir el modelo sanitario de farmacias. Atacar a las instituciones farmacéuticas es un ataque directo a la red sanitaria de farmacias de todo el país y sus profesionales farmacéuticos, a las farmacias pequeñas y medianas, solidarias con la Seguridad Social y que hoy están distribuidas racionalmente para que toda la población argentina, incluso en los pueblos más pequeños y alejados del país, pueda acceder a la atención farmacéutica y a los medicamentos.

Confiamos en que la Justicia, las autoridades sanitarias, los representantes y toda la sociedad comprendan el daño que el avance de esta empresa y sus intereses económicos por sobre las legislaciones vigentes y las instituciones le hacen al futuro de la salud de la población.