Al empezar el 2018, los líderes políticos y del sector salud deben aprovechar las oportunidades y el creciente impulso para enfrentar los desafíos al acceso a los medicamentos que durante mucho tiempo han estado socavando los esfuerzos por salvar vidas y mejorar la salud, metas que figuran en la agenda de objetivos de desarrollo global sustentable (SDG) 2030 que acordaron todos los estados miembros de la ONU.

Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios esenciales de salud, 3.500 millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales; no están disponibles ni son asequibles. Los incentivos no están bien alienados con las causas que dificultan el acceso y la investigación y el desarrollo (I + D) de nuevas moléculas para las enfermedades prioritarias.

Durante los últimos años, los titulares de prensa han hablado mucho de cómo el aumento de precio de EpiPens para las alergias graves, y de los tratamientos para el cáncer y la Hepatitis C han dejado a millones sin acceso a los tratamientos y vacunas que necesitan, incluso en los países de altos ingresos. Las muertes por enfermedades prevenibles o tratables por falta de acceso a vacunas o medicamentos comercializados son ética y políticamente inaceptables. O el costo de acceder provoca dificultades financieras insoportables para los pacientes y sus familias, quienes acaban empobreciéndose para pagar las grandes facturas médicas [1]. Los productos médicos de alto precio representan una gran carga financiera para los seguros de salud.

Las comunidades científicas y las empresas que producen vacunas no lograron desarrollar vacunas eficaces contra las enfermedades que afectaban particularmente a los pobres; esto se reflejó en 11.000 muertes por ébola en los países de África occidental. A pesar de que el ébola se descubrió en 1976 no se desarrolló ninguna vacuna. Además, desde 1962, solo se han desarrollado dos clases nuevas de antibióticos; aunque el desarrollo de productos equivalentes se hizo al ritmo de la aparición de bacterias resistentes (AMR) [2]. El estancamiento de la I + D de nuevas clases de antibióticos amenaza tanto a la seguridad humana mundial como al derecho humano a la salud; se estima que en 2050, la bacterias resistentes matarán a 10 millones de personas anualmente.

La falta de acceso al tratamiento de la hepatitis C no afecta únicamente a los residentes en países de bajos y medianos ingresos; a un costo de hasta US$84.000 por tres meses de tratamiento, es inasequible incluso para los ciudadanos estadounidenses y las compañías de seguros [3]. Las empresas deciden los precios en base a sus propios intereses financieros y a expensas del bienestar de los pacientes [4].

La falta de acceso a los medicamentos se debe principalmente a los monopolios de los productos protegidos por patentes, y el régimen de protección de la propiedad intelectual incentiva los monopolios. Cuando no hay expectativas de obtener altos márgenes de beneficios o grandes ventas, como en el caso del ébola, las enfermedades tropicales desatendidas o los antibióticos, no se invierte en I+D, independientemente de su importancia para la salud pública. Al contrario, donde hay un mercado lucrativo, como para el tratamiento de la hepatitis, el cáncer y otras enfermedades no transmisibles, la principal barrera es el aumento de precio [5].

La implementación de las flexibilidades ADPIC, un derecho legal de todos los países miembros de la OMC para salvaguardar los intereses de salud pública de su población, también enfrenta desafíos, por ejemplo, cuando Tailandia quiso usar una licencia obligatoria de efavirenz para tratar el VIH [6] o Colombia quiso favorecer el acceso al tratamiento de la leucemia: el imatinib. Cuando los países emiten licencias obligatorias, especialmente los que se consideran economías de ingreso medio alto, tienen que enfrentar considerables represalias y presiones políticas de los gobiernos de ciertos países de altos ingresos y de la industria. Por eso, un estudio predice que hay pocas probabilidades de que se sigan emitiendo licencias obligatorias [7]. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación sistemática de la gobernanza global de la salud y del régimen actual de patentes, incluyendo las flexibilidades de los ADPIC.

Al aumentar el reconocimiento tanto del desafío como de la necesidad de reforma, muchos gobiernos de todo el mundo están de acuerdo en cuáles son las claves para abordar los desafíos al acceso y la innovación biomédica. Esto incluye la importancia de la promoción de la competencia, la transparencia y los nuevos modelos de innovación. Por ejemplo, Malasia promueve la competencia para aumentar el acceso a tratamientos caros contra la hepatitis C. En 2017, Malasia fue el primer país en emitir una licencia obligatoria conforme al Acuerdo sobre los ADPIC para permitir la innovación y la competencia genérica [8]. La competencia genérica ha reducido los precios, el precio de un tratamiento de tres meses en Egipto se redujó de US$900 en 2015 a menos de US$200 en 2016, y en Pakistán, el mismo tratamiento hoy cuesta US$100 [9].

También hay un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de mayor transparencia en los precios de los medicamentos, los costos de I+D y los ensayos clínicos. Muchos Estados Miembros de la OMS [10-11] estuvieron de acuerdo en explorar nuevos modelos para responder a la urgente necesidad de desarrollar antibióticos nuevos, asegurando un retorno a la inversión pública, desvinculando el costo de la investigación y el desarrollo de sus precios y ventas, y mejorando el acceso a los medicamentos.

Para evitar esta “tormenta perfecta” de problemas mundiales de salud, tanto la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud del 22 al 27 de enero de 2018 como la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2018 considerarán por primera vez las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a Medicamentos del Secretariado General de la ONU de 2016 [12]. Según las recomendaciones del Panel, las dos plataformas deberían encontrar soluciones estratégicas y acciones concretas para mejorar el acceso a los medicamentos y no dejar a nadie atrás.

Dr. Jorge Bermudez; Oswaldo Cruz Foundation, Ministry of Health, Brazil and Member of UN Secretary General High Level Panel on Access to Medicines, email: jorge.bermudez@fiocruz.br

Dr. Viroj Tangcharoensathien; International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Thailand, email viroj@ihpp.thaigov.net