Se acaba de publicar un articulo que describe la estrategia de Brasil para mejorar el acceso al tratamiento para la hepatitis C [1]. Se estima que en Brasil hay 700.000 personas infectadas que requieren tratamiento. Dado el alto costo de los antirretrovirales de acción directa, Brasil ha tenido que desarrollar una estrategia que consiste en:

1. Adopción de las guías de tratamiento de la OMS, pero ofreciendo tratamiento de forma incremental, es decir, ofreciendo tratamiento a los pacientes más graves, para luego ir extendiéndolo al resto de la población.
2. Negociación de precios. Brasil puede usar su poder de compra para solicitar grandes descuentos. En 2015, logró comprar sofosbuvir-daclastavir a un 90% de descuento respecto al precio de lista en EE UU.
3. Producción local de versiones genéricas. En 2007, Brasil empezó a promover asociaciones entre la industria privada y los laboratorios públicos, son las llamadas Asociaciones para Promover Productos, con el objetivo de producir medicamentos estratégicos (entre los que se incluyen los antirretrovirales de acción directa). A través de este consorcio, Brasil ya ha registrado un genérico de sofosbuvir, que ofrecerá el producto a una cuarta parte del costo del producto original de Gilead.
4. Modificaciones a las leyes de propiedad intelectual. El éxito de la producción local depende de las leyes de propiedad intelectual. En Brasil, tanto el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) como la agencia reguladora de medicamentos, ANVISA, tienen que aprobar las patentes de medicamentos. Al igual que en otros países, grupos independientes y organismos no gubernamentales solicitaron al gobierno que negara las patentes de estos productos. ANVISA se opuso, pero las cortes revocaron la decisión. Al final, el INPI otorgó una patente mucho más restringida de lo que Gilead había solicitado. Este tema sigue en litigio, pero no ha impedido que el Ministerio de Salud haga una compra grande del genérico de producción local, porque consideran que no infringe la patente.

Los autores del articulo creen que independientemente de cómo se resuelva el litigio sobre las patentes de los antirretrovirales de acción directa, los acuerdos públicos-privados facilitan que Brasil pueda seguir ofreciendo tratamiento antirretroviral. Es decir, las patentes son un impedimento que se puede superar con otras estrategias.