La guerra de palabras entre el gobierno chileno y la industria farmacéutica por las estrategias que el país sudamericano está considerando para controlar el aumento de los precios de los medicamentos está al rojo vivo.

En comentarios recientes, José Ramón Valente Vias, ministro de Economía, Desarrollo y Turismo, rechazó el último esfuerzo de la cámara de la industria farmacéutica (PhRMA) por convencer al Representante de Comercio de EE UU de mantener a Chile en su lista anual de países que no protegen ni respetan los derechos de patente. El Representante Comercial de EE UU lanzará en breve su última lista de países bajo vigilancia prioritaria (US priority watch list).

Sin embargo, la lista “no tiene en cuenta la sólida ‘institucionalidad’ que tiene Chile en términos de propiedad intelectual”, dijo Vias a La Tercera, un sitio web chileno. Y sostuvo que el gobierno chileno continúa trabajando con los socios comerciales del país “para obtener resultados equilibrados en la preparación e implementación de estándares de propiedad intelectual”.

Su declaración, que se hizo la víspera de una visita a Washington, se produce tras los comentarios de PhRMA instando al Representante de Comercio de EE UU a mantener la línea dura contra Chile, en gran parte por el tema de las licencias obligatorias. Esto marcó el 12º año consecutivo, de hecho, que la industria tomó esta posición con respecto a Chile.

Las licencias obligatorias son un punto crítico en la relación entre los fabricantes de medicamentos y un número creciente de países con problemas de liquidez que buscan controlar sus gastos en medicamentos.

Un país puede otorgar una licencia para producir un medicamento a una agencia pública o un fabricante de medicamentos genéricos, lo que le permite copiar un medicamento patentado sin el consentimiento de la compañía de marca que posee la patente. Este derecho quedó aclarado en una sección de un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio conocida como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o ADPIC.

Sin embargo, los fabricantes de medicamentos argumentan que tales licencias evisceran los derechos de patente y a menudo han instado al Representante Comercial de EE UU a regañar a los países que han tomado medidas para obtener licencias. Por su parte, los grupos de defensa de pacientes han respondido diciendo que tales esfuerzos de la industria para hacer cumplir los derechos de patente pueden ser a expensas de los pacientes que no pueden pagar los medicamentos cada vez más costosos. Malasia, por ejemplo, el año pasado emitió una licencia obligatoria para un medicamento contra la hepatitis C de Gilead Sciences (GILD).

En comentarios que se entregaron al Representante Comercial de EE UU, el grupo comercial de la industria citó las medidas tomadas por los legisladores chilenos, a fines de 2017 y principios de 2018, que iban encaminadas a emitir licencias obligatorias para los medicamentos contra la hepatitis C, un esfuerzo que fue apoyado por el ministro de salud de Chile. La idea sobrevivió a un cambio en el gobierno, ya que el nuevo ministro de salud en agosto pasado también respaldó la idea.

“Los miembros de PhRMA están muy preocupados por las acciones recientes del Congreso Nacional que están presionando al nuevo gobierno de Chile para que emita licencias obligatorias para ciertos medicamentos innovadores. Estos desarrollos se suman a los problemas de propiedad intelectual de larga data”, escribió el grupo comercial, al tiempo que señalaron el “fracaso” en respetar las patentes en un acuerdo comercial con EE UU.

Mientras tanto, la legislatura chilena adelantó tres medidas: regular los precios, facilitar el mecanismo para emitir licencias obligatorias y crear un sitio web del gobierno para monitorear los precios, lo que ha alarmado a la industria farmacéutica.

En particular, una de las iniciativas tiene preocupados a los fabricantes de medicamentos. La propuesta de ley, que el mes pasado fue aprobada por la Comisión de Salud, permitirá al gobierno determinar el precio de un medicamento patentado en función de si los compradores tienen “accesibilidad económica”. En otras palabras, si el medicamento tiene un precio fuera del alcance, el ministerio de salud podrá limitar su precio.

Además de la accesibilidad económica, otra prueba de fuego que podría usarse para regular los precios es prevenir la “explotación abusiva de una posición dominante en el mercado”. Los fabricantes de medicamentos temen que, si el ministerio de salud tiene recursos limitados, es teóricamente posible que cualquier medicamento pueda enfrentar precios máximos. Por cierto, el gobierno chileno es el principal comprador de medicamentos.