Desde 1984, cuando el Congreso aprobó la Ley Hatch-Waxman, que promovió la competencia de precios entre los medicamentos de venta con receta al incentivar la fabricación de medicamentos genéricos, el mercado de genéricos en EE UU se ha desarrollado exitosamente. En 2017, nueve de cada 10 recetas dispensadas en este país eran de medicamentos genéricos [1].

Como resultado, los pacientes y el sistema de atención médica están ahorrando anualmente cientos de miles de millones de dólares en medicamentos de venta con receta. Pero las acusaciones hechas en una demanda reciente frente a un tribunal federal sugieren que los ahorros en los últimos años deberían haber sido por miles de millones de dólares más.

El 12 de mayo, el fiscal general de Connecticut, William Tong, anunció que 43 estados y Puerto Rico estaban demandando a 20 fabricantes de medicamentos genéricos por conspirar a subir y manipular artificialmente los precios y reducir la competencia para más de 100 medicamentos genéricos de uso frecuente. Las compañías nombradas en la demanda incluyen a Teva, Sandoz, Mylan y Pfizer, así como a 15 altos ejecutivos de las compañías. Según la demanda, ya en 2012 “Teva y sus co-conspiradores habían organizado una de las más notorias y perjudiciales conspiraciones de la historia de EE UU para fijar precios”.

La demanda describió conspiraciones “generalizadas en toda la industria” que involucran dos tipos de conducta anticompetitiva ilegal. Primero, para evitar competir entre sí y, por lo tanto, reducir los precios de una amplia gama de medicamentos genéricos, los demandados se comunicaron entre sí y acordaron cual sería la participación de cada uno de ellos en el mercado y a qué clientes tendría derecho cada empresa competidora. En segundo lugar, las empresas competidoras en un mercado específico acordaron colectivamente elevar o mantener los precios de un medicamento genérico específico. En algunos casos, los aumentos coordinados de precios superaron un 1.000%.

Los medicamentos del supuesto esquema de fijación de precios incluían estatinas para reducir el colesterol, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores beta para el tratamiento de la hipertensión y las enfermedades cardíacas, antibióticos, antidepresivos, anticonceptivos y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. La demanda alega que las conspiraciones causaron “muchos miles de millones de dólares en sobrecargos” a los estados y otras entidades, y tuvieron un “impacto negativo significativo en nuestra salud y economía”.

Al comentar sobre la demanda, el Procurador General Tong dijo: “Tenemos pruebas sólidas que demuestran que la industria de medicamentos genéricos cometió un fraude de miles de millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses… Todos nos preguntamos por qué nuestra atención médica, y específicamente los precios de los medicamentos genéricos de venta con receta, son tan caros en este país, esta es la razón”.

Para muchos pacientes, los aumentos recientes en los precios de los medicamentos genéricos han causado problemas financieros debido a que subieron los copagos y los deducibles. Para otros, los medicamentos previamente asequibles se han vuelto inasequibles, lo que lleva a los pacientes a renunciar a tratamientos que necesitan. Por lo tanto, es imperativo que los perpetradores de esquemas ilegales de especulación de precios, como los alegados en la demanda de 44 estados contra la industria genérica, sean condenados.