En un veredicto histórico en la epidemia de opioides de la nación, Johnson & Johnson recibió una sentencia de US$572 millones por su papel en la crisis de adicción en Oklahoma. Los fiscales estatales promocionaron la decisión como una victoria importante, pero J&J aún no ha aceptado el veredicto.

El miércoles, en una apelación ante la Corte Suprema del estado, el fabricante de medicamentos calificó el veredicto de US$500 millones como una “interpretación sin precedentes de la ley de molestias públicas de Oklahoma”. Los abogados de J&J dijeron que los hallazgos de molestias públicas podrían sentar un precedente preocupante para futuras demandas contra la industria farmacéutica en el estado.

“Ese nuevo fallo tiene inmensas implicaciones de política pública, socava las reglas de la ley de responsabilidad por el producto, que siempre ha regido las disputas sobre la comercialización y venta de bienes, e indica que las empresas que hacen negocios en Oklahoma van a enfrentar una amplia gama de responsabilidades legales”, escribieron los abogados.

La interpretación de la ley de molestias públicas de Oklahoma fue el centro de su argumento contra J&J, que los fiscales tildaron de “eje central” de la epidemia de opioides del estado. Aunque en sí mismo es un golpe potencialmente importante para J&J, el veredicto de Oklahoma puede ser algo único, dado que otras demandas por opioides apuntan al marketing que hacen las empresas por sus productos en lugar de su efecto en la salud pública

El juicio más grande incluye miles de demandas y es un litigio multidistrital en Cleveland, que logró un acuerdo récord con un fabricante de medicamentos.

A principios de este mes, Purdue llegó a un acuerdo de principios con 24 estados y miles de demandantes locales por el marketing del poderoso opioide OxyContin.

Como parte del acuerdo, Purdue acordó pagar al menos US$10.000 millones y reestructurar la empresa como un fideicomiso público a través del Capítulo 11 de la ley de bancarrota. La familia multimillonaria fundadora de Purdue, los Sacklers, también acordaron aportar al menos US$3.000 millones como parte del acuerdo total (Nota: hasta la fecha, 9 de noviembre de 2019, este acuerdo de principios no se ha materializado).

Este acuerdo se clasificaría inmediatamente como el más grande firmado por un fabricante de medicamentos.

Como parte de su declaración de bancarrota, Purdue intentó asegurar incentivos anuales y a largo plazo para sus empleados para retenerlos, algo que una portavoz de la compañía tildó de “razonable” y “frecuente”.

Purdue solicitó el permiso de un tribunal de bancarrotas de Nueva York para desembolsar US$34 millones en incentivos anuales y a largo plazo para sus empleados, incluyendo US$26,5 millones en marzo de 2020 para su plan anual de incentivos, que premia a los empleados en función del desempeño personal y el desempeño financiero de la empresa. El fabricante de medicamentos también quiere US$7,9 millones para su programa de incentivos en efectivo a largo plazo, que cubre tres años de estímulos de desempeño para los empleados.

Si bien Purdue es el único fabricante de medicamentos que ha alcanzado un “acuerdo global” tentativo en Ohio, otros tres, Endo, Allergan y Mallinckrodt, han llegado a acuerdos en dos juicios en el condado de Ohio que se han calificado como referente (juicio indicador de tendencia o bellwether) para el litigio más grande.