Dos organizaciones benéficas de ayuda al paciente pagaron un total de US$6 millones para resolver las denuncias de violación de la ley federal al permitir que los fabricantes de medicamentos pagaran sobornos a los pacientes de Medicare que utilizaron sus medicamentos.

Chronic Disease Foundation (CDF) y Patient Access Network Foundation (PANF) dieron asistencia financiera a los beneficiarios de Medicare que necesitaban ayuda con los gastos de bolsillo. Pero presuntamente al canalizar el dinero de las compañías hacia los pacientes, las organizaciones benéficas se aseguraron de que los beneficiarios no tuvieran que considerar el alto costo de sus medicamentos y también minimizaron la probabilidad de que consumieran los medicamentos rivales.

En el centro de la disputa hay una ley federal conocida como el Estatuto Anti-soborno que prohíbe a las compañías farmacéuticas ofrecer o pagar, directa o indirectamente, cualquier remuneración, que incluya dinero o cualquier otra cosa de valor, para inducir a Medicare u otros programas federales a comprar sus medicamentos. El Departamento de Justicia alegó que las organizaciones benéficas facilitaron que las compañías farmacéuticas evadieran la ley.

Las organizaciones benéficas “no funcionaron como organizaciones benéficas independientes, sino que hicieron de intermediarias para que compañías farmacéuticas específicas pagarán sobornos a los pacientes de Medicare que consumen sus medicamentos”, dijo el fiscal de EE UU Andrew Lelling en un comunicado. “Como resultado, CDF y PANF permitieron que sus ‘donantes’ socavaran el programa de Medicare a expensas de los contribuyentes estadounidenses”.

Los acuerdos se producen cuando los fiscales federales procesan a los fabricantes de medicamentos y a las organizaciones benéficas por programas desorbitados que ofreden a los pacientes medicamentos gratuitos, ayuda con los copagos o ayuda para navegar la cobertura del seguro, así como por las donaciones que se hacen a fundaciones que brindan asistencia con los copagos. En los últimos dos años, numerosos fabricantes de medicamentos llegaron a acuerdos con el gobierno federal por tales acusaciones.

Los críticos se han quejado durante mucho tiempo de que las organizaciones benéficas son campañas de relaciones públicas un poco veladas para conseguir que los pacientes consuman medicamentos caros, y las organizaciones benéficas se han vuelto cada vez más populares a medida que los fabricantes de medicamentos han aumentado los precios. Y a los federales les preocupa que estos arreglos puedan constituir sobornos y contribuyan al aumento de los precios de los medicamentos.

Un estudio reciente encontró que casi todos los programas de asistencia al paciente administrados por las seis organizaciones más grandes no ofrecieron asistencia a las personas sin seguro y tenían más probabilidades de incluir medicamentos de marca caros que los genéricos. Los investigadores sugirieron que estos programas tienen una utilidad limitada para los pacientes con necesidades financieras, pero son útiles para la industria farmacéutica porque impulsan el uso de los medicamentos más caros y les permiten hacer donaciones deducibles de impuestos.

Al anunciar los acuerdos, los federales alegaron que, entre 2010 y 2014, la CDF supuestamente conspiró con cinco fabricantes de medicamentos: Novartis, Dendreon, Astellas, Onyx y Questcor, para permitirles pagar sobornos a los pacientes de Medicare que toman sus medicamentos. Y entre 2011 y 2014, la PANF permitió que cuatro fabricantes de medicamentos: Bayer, Astellas, Dendreon y Amgen la usaran como intermediaria para pagar sobornos a los pacientes de Medicare que toman sus medicamentos.

Este es un ejemplo de cómo lo hacían: en 2012, Novartis le pidió a la CDF que abriera un fondo de copago para cubrir Afinitor, que trata los tumores neuroendocrinos pancreáticos progresivos (PNET). En ese momento, la CDF sabía que el Sutent, un medicamento de Pfizer, también estaba aprobado para tratar los PNET. Unos meses después, a pedido de Novartis, la CDF abrió el supuesto fondo PNET que Novartis financió para cubrir exclusivamente los copagos de Afinitor.

La CDF, también conocido como Good Day, y PANF acordaron pagar US$2 millones y US$4 millones, respectivamente, para resolver las acusaciones. Los acuerdos se determinaron en función del análisis de la capacidad de pago de cada fundación, después de revisar su situación financiera. Además, cada organización benéfica firmó un llamado acuerdo de integridad corporativa, que requiere instituir ciertos procedimientos de cumplimiento para garantizar que no se repita.

Una organización benéfica para pacientes está posponiendo una demanda presentada hace casi dos años que acusa al gobierno federal de sofocar sus derechos de libertad de expresión al presuntamente limitar la información que puede proporcionar a los donantes. Al argumentar su caso, Servicios al Paciente (Patient Services) mantiene una opinión consultiva actualizada del Departamento de Salud y Servicios Humanos que impone “restricciones opresivas” a su capacidad para comunicarse con los fabricantes de medicamentos, hospitales y otros donantes.