Cuando AbbVie y Allergan están casi listos para concluir su megafusión por US$63.000 millones, ambos fabricantes de medicamentos están tratando de liquidar sus cuentas pendientes antes de cerrar el acuerdo. Allergan acordó desembolsar más de US$300 millones para resolver uno de ellos.

La víspera del juicio, la compañía acordó resolver las demandas de pago por demora contra dos de sus empresas – Warner Chilcott y Watson Pharmaceuticals – por US$300 millones, sin admitir irregularidades, con esto Allergan evita un juicio público y una disputa legal potencialmente prolongada.

Los compradores de Loestrin 24 Fe y Minastrin 24 Fe presentaron estas demandas antimonopolio y afirmaron que Warner pagó a Watson y a otro fabricante de genéricos, Lupin Pharmaceuticals, para que retrasaran el lanzamiento de copias baratas de esas dos píldoras anticonceptivas.

Warner Chilcott supuestamente utilizó una patente falsa para poner “juicios falsos” contra los fabricantes genéricos de Loestrin 24 y transfirió el mercado de Loestrin a Minastrin –– “un producto casi idéntico”, según la demanda –– en un esfuerzo por lograr que los médicos recetaran el nuevo medicamento.

En mayo, Lupin acordó resolver su parte de la demanda, llegando a un acuerdo de US$1 millón con los demandantes.

La demanda de pago por demora contra Warner Chilcott es solo el dolor de cabeza más reciente que la empresa ha provocado a Allergan, desde que la adquirió en 2013 por US$8.500 millones. Watson, por su parte, era una subsidiaria del fabricante de genéricos Actavis cuando acordó una fusión inversa con Allergan en 2015.

El mismo año, como parte de un acuerdo extrajudicial con la fiscalía, Allergan pagó US$125 millones en una investigación por sobornos que Warner Chilcott y su ex presidente, W. Carl Reichel, enfrentaron antes de la compra. Como parte del acuerdo, Warner Chilcott se declaró culpable de un delito grave de fraude de atención médica y pagó una multa de US$22,94 millones. También pagó US$91,5 millones al gobierno federal y US$106 millones a los estados para resolver los cargos civiles.

El cargo penal se basó en alegaciones de que, entre 2009 y 2013, los gerentes hicieron que los empleados presentaran justificaciones médicas “estandardizadas” para que Medicare y Medicaid pagaran las recetas de Atelvia, que se prescribían porque eran más caras que otros medicamentos para la osteoporosis.

Reichel fue acusado de decir a su equipo de ventas que invitaran al personal de atención médica a cenas gratuitas, sin una agenda educativa formal, y pidieran a los asistentes que aumentaran el número de sus recetas. Según una acusación federal, algunos representantes pagaron las barbacoas para familiares de los médicos y comidas de fiestas.

Más tarde, en junio de 2016, Reichel fue declarado inocente de estos cargos, pero una doctora involucrada en el caso, Rita Luthra, fue condenada por acusaciones de obstrucción a la justicia en mayo de 2018.