Sanofi acordó pagar casi US$11,9 millones para resolver las acusaciones de que las donaciones a una organización benéfica eran en realidad sobornos para cubrir los copagos de los pacientes de Medicare que padecen esclerosis múltiple y recibían tratamiento con Lemtrada.

Esta es solo la última instancia en que funcionarios federales han tomado medidas enérgicas contra los acuerdos entre los fabricantes de medicamentos y las organizaciones benéficas de asistencia al paciente. En los últimos dos años, algunos de los nombres más importantes de la industria farmacéutica con los que se han alcanzado acuerdos similares incluyen a Pfizer, Biogen, una unidad de Johnson & Johnson, Amgen y Novartis, al igual que otras organizaciones benéficas.

Se trata de una ley federal conocida como el Estatuto Antisoborno, que prohíbe que las compañías farmacéuticas ofrezcan o paguen, directa o indirectamente, cualquier remuneración, incluyendo dinero o cualquier otra cosa de valor, para inducir a beneficiarios de Medicare u otros programas federales a comprar sus medicamentos. Los funcionarios federales sostienen que los fabricantes de medicamentos de venta con receta y las organizaciones benéficas han colaborado para aumentar sus recetas.

Los críticos, mientras tanto, explican que las organizaciones benéficas son campañas de relaciones públicas, cuidadosamente encubiertas, para lograr que los pacientes consuman los medicamentos caros, y las organizaciones benéficas se han hecho más populares a medida que los fabricantes de medicamentos han ido aumentando sus precios. Sin embargo, las regulaciones gubernamentales prohíben que las organizaciones benéficas divulguen información detallada sobre sus operaciones. Y a los federales les preocupa que algunos fabricantes de medicamentos puedan usar esta falta de transparencia para aumentar las ventas.

En cuanto a Sanofi, el Departamento de Justicia explicó que The Assistance Fund (TAF), una organización benéfica, administraba un programa para pacientes con esclerosis múltiple y pagaba los copagos de los pacientes de Medicare tratados con Lemtrada. Supuestamente, TAF aumentó la cantidad máxima de dinero de la subvención por paciente a US$20.000 para acomodar a los pacientes tratados con Lemtrada.

El fondo se quedaba con frecuencia sin dinero y se cerraba a nuevos pacientes, pero TAF no generaba una lista de espera. Consecuentemente, cada vez que el fondo de esclerosis múltiple se abría a nuevos pacientes, el fondo otorgaba subsidios a aquellos que inmediatamente presentaron una solicitud, pero no a aquellos que solicitaron previamente cuando el fondo estaba cerrado.

Durante 2015 y 2016, Sanofi trabajó con una empresa contratista para identificar a los pacientes de Medicare que habían recibido una receta de Lemtrada, que aún no habían recibido infusiones porque no tenían dinero para los copagos. Ocho de los nueve pagos que Sanofi realizó durante esos años se produjeron cuando el fondo de esclerosis múltiple se quedó sin dinero y se cerró a nuevos pacientes.

En un comunicado, los federales explicaron que Sanofi sabía que TAF no mantenía listas de espera y que la organización benéfica financiaría a los primeros pacientes que solicitaron asistencia tras recibir los nuevos fondos. Por lo tanto, junto con sus pagos a TAF, el fabricante de medicamentos instruyó a la empresa contratista para que remitiera rápidamente a la mayor cantidad posible de pacientes de Lemtrada al fondo TAF MS (TAF-Esclerosis Múltiple).

“Como resultado, cuando el fondo para la esclerosis múltiple de TAF se abría con los fondos de Sanofi, los pacientes de Lemtrada recibían una parte desproporcionadamente alta de las subvenciones de copago de Medicare emitidas por TAF y los pacientes tratados con otros medicamentos recibieron una parte desproporcionadamente baja de las subvenciones para el copago de Medicare emitidas por TAF”, escribieron los federales.

“Sanofi buscó socavar el programa de Medicare mediante el uso de sobornos disfrazados de donaciones benéficas destinadas a ayudar a los pacientes que luchan contra la esclerosis múltiple y que deben pagar copagos costosos”, dijo en un comunicado Joseph Bonavolonta, agente especial a cargo de la División del FBI en Boston. “Arreglaron el sistema para que aquellos que tomaban Lemtrada obtuvieran una ventaja injusta sobre los pacientes que usaban otros medicamentos, y con el acuerdo extrajudicial de hoy, finalmente se les hace responsables de sus acciones”.

Como parte del acuerdo, Sanofi también celebró un Acuerdo de Integridad Corporativa con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En un comunicado, el fabricante de medicamentos señaló que el acuerdo “no constituye ninguna admisión de culpa… (y que) las donaciones a organizaciones benéficas independientes pueden representar una ayuda importante para que los pacientes cubran los copagos de sus recetas”. La compañía agregó que sigue donando a fundaciones independientes que ayudan a los pacientes.

No fue posible contactar con TAF para recibir comentarios. En noviembre pasado, funcionarios federales alegaron que la organización benéfica conspiró con Teva Pharmaceuticals, Biogen y Novartis para canalizar el dinero donado por los fabricantes de medicamentos a pacientes con esclerosis múltiple y garantizar que los pacientes tomaran medicamentos fabricados solo por esas compañías, independientemente del precio. En ese momento, TAF culpó a su administración anterior por los pagos.