EE UU lleva años evaluando cómo sus socios comerciales protegen la propiedad intelectual (PI), y la Oficina del Representante Comercial (USTR) publica los resultados en el Informe Especial 301. Este informe ha recibido críticas de los grupos interesados en promover la salud porque suele castigar a los países que han incorporado, en sus legislaciones y normativas relacionadas con la PI, políticas para proteger la salud pública.
Este año, India vuelve a aparecer en la Lista de Países de Observación Prioritaria (Priority Watch List) por no haber hecho suficientes mejoras en su regulación de la PI. Especialmente por no haber solucionado problemas de larga data y por los nuevos retos que el año pasado afectaron negativamente los intereses de los titulares de derechos de PI estadounidenses [1].
Los problemas de larga data que el USTR dice que han perjudicado a los empresarios estadounidenses son los inconvenientes que pone la India al otorgar, mantener y hacer que se respeten las patentes, especialmente cuando se trata de medicamentos. Además, según el informe, la India limitó “la transparencia en las licencias de manufactura emitidas por el gobierno, sigue aplicando criterios estrictos de patentabilidad para rechazar solicitudes de patentes de medicamentos, y todavía no ha establecido un sistema efectivo para proteger el uso comercial indebido; además dice que ha revelado resultados de pruebas y otros datos secretos que se generaron para incluir en las solicitudes de comercialización de medicamentos y de ciertos químicos que se utilizan en agricultura” [1].
Los defensores del acceso a los medicamentos abogan por el uso de criterios estrictos de patentabilidad, pues es un derecho que la normativa internacional otorga a los gobiernos, que logra generar monopolio solamente para aquellos productos que realmente lo merecen, es decir aquellos que tienen altura inventiva, aplicación industrial y que son novedosos. Sobre este tema hay múltiples publicaciones, incluyendo una reciente del South Centre “Sección especial 301: Interferencia de los Estados Unidos con el diseño e implementación de leyes nacionales de patentes” [2].
Las acciones de India, que según EE UU perjudican a su industria farmacéutica, han ayudado a que millones de personas de todo el mundo, especialmente en países de medianos y bajos ingresos, accedan a medicamentos genéricos; y también han contribuido al desarrollo de una industria farmacéutica local, que hoy abastece a una gran parte del mundo, incluyendo a EE UU.
Médicos Sin Fronteras ha criticado la presión injustificada que el USTR ejerce al incluir países como Brasil, China, Canadá, Malasia, Colombia e India en la lista de observación prioritaria en materia de PI. Es claro que con el Informe 301 EE UU busca generar monopolios farmacéuticos en los países con los que tiene relaciones comerciales, con el objetivo de fortalecer su propia industria y en general las industrias farmacéuticas multinacionales, cuyos principales beneficiarios son los inversionistas [3].
El uso de las salvaguardas de salud pública contenidas en la normativa internacional ha cobrado importancia en el marco de la pandemia por COVID-19. Países como Chile, Alemania, Ecuador y Canadá [1, 4], entre otros, ya han tomado medidas para conceder licencias obligatorias sobre las tecnologías patentadas que puedan ayudar a superar este problema de salud pública. Ojalá todos los países del mundo se permitieran utilizar tales salvaguardas, tanto en este momento como en otras situaciones en las que el acceso amplio y suficiente a medicamentos esenciales resolvería miles de dramas humanos. Ojalá EE UU reconozca que la única forma de superar la pandemia es a través de la colaboración internacional, y decida apoyar a la OMS y a su Banco Voluntario de Patentes y deje de denunciar a los países que adoptan medidas a favor del acceso universal a los medicamentos.
Referencias