Compras

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El Ministerio Público también solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que hiciera una auditoria de los eventos relacionados con esta contratación.

El proceso de compra se inicia el 16 de marzo, con un requerimiento de Rosa González, de la unidad de gestión logística del Ministerio de Salud. Lo autorizó Héctor Giovanni Marroquín Barrios, mientras era Gerente General Administrativo Financiero, y lo aprobó Edwin Sicán, jefe del departamento administrativo.

El dictamen técnico que justifica la adquisición de medicamentos cuya utilidad en el tratamiento del Covid-19 y que está bajo escrutinio, lo firma Héctor Giovanni Marroquín Barrios, el 18 de marzo, y se basa en una opinión jurídica del 17 de marzo, que lo faculta para llevar a cabo el proceso de compras, bienes o suministros necesarios, y que deberán ser refrendados oportunamente por el ministro.

El asesor del viceministro, Arnaldo Bringues, emitió el dictamen técnico sobre especificaciones para comprar los medicamentos y detalla que “cumplen a satisfacción los estándares” y “satisfacen las necesidades de la unidad ejecutora”.

Los mismos servidores públicos y funcionarios intervienen en ambos concursos, únicamente varían los asesores jurídicos. Luis González e Iris Cardona, quienes avalan el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo los eventos

El 19 de marzo de 2020 se citó a los interesados en vender metilprednisolona y ceftriazona a presentar sus ofertas entre las 4 y 4:30 de la tarde. La encargada de recibir y revisar la documentación, así como de analizar cual propuesta era la más conveniente fue la química farmacéutica Gloria Lobos, quién firmó las actas 015 y 016, una finalizada a las 5 PM, y la otra 10 minutos más tarde.

Al día siguiente se adjudicaron las compras por Q28 millones (1US$=7,7Q) a Nuevos Éticos Neoethicals S.A. Ese día Héctor Giovanni Marroquín Barrios fue nombrado Viceministro de Administración y Finanzas (Marroquín Barrios tenía una relación estrecha con la secretaría general de la Presidencia, por lo que Marroquín Barrios tenía acceso directo al Ministro de Salud, Hugo Monroy).

El 24 de marzo, el ministro de salud firma el Acuerdo Ministerial (65-2000 y/o 67-2020, dependiendo de la fuente que se utilice) por el que delega a Marroquín Barrios la función de coordinar y firmar adjudicación de compras relacionadas con el Covid-19.

El 29 de marzo, tras señalarse una serie de irregularidades en la compra de los medicamentos, Marroquín Barrios anula la adjudicación.

El 5 de abril aprueban la adjudicación e Q20 millones para la compra de un millón de mascarillas N95, luego de conocerse que la representante legal de la empresa era la excomunicadora de la exprimera dama, Sandra Torres.

El 9 de abril, anulan la compra de las mascarillas N95.

El 10 de abril se inicia el proceso de compra de 15 millones de mascarillas de algodón reutilizables con el logotipo del gobierno.

El 11 de abril anulan en proceso de compra.

El 13 de abril se inicia el proceso de compra de 10.114.728 mascarillas quirúrgicas con material de filtración sintético.

El 14 de abril anuncian el proceso de compra, y en una citación con la bancada de UNE, el ministro de salud dice que ya ha presentado una denuncia por irregularidades en las compras.

El 19 de abril se conoce que Rodolfo Galdámez tiene contratos para proveer al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social mientras es Viceministro Técnico del Ministerio de Salud

El 20 de abril de 2020, la Comisión Presidencial Anticorrupción denuncia a 8 empleados del Ministerio de Salud, incluyendo a miembros de la cúpula administrativa.

Rodolfo Galdámez y Marroquín Barrios renuncian a sus respectivos cargos, y el Ministerio Público anuncia el inicio de una investigación contra Galdámez.

Juramentan a Ludwin Scheel Bartlett como Viceministro de Hospitales.

El 20 de abril, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas envió una carta al presidente Alejandro Giammattei para solicitar se destituya al Ministro de Salud, Hugo Monroy, por “ser evidente y público que con su actuación se han vulnerado derechos de salud y a la vida de los guatemaltecos”.

La solicitud llega después que la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades en eventos de compras realizados por la cartera de Salud.

Rodas señaló que muchas de las decisiones que ha tomado el ministerio colocan en riesgo la salud de la población durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, ya que existe un retraso inexplicable en la compra de insumos, medicamentos y equipos para responder a la pandemia.

El Magistrado de Conciencia [Defensor del Pueblo] manifestó que es necesario dar prioridad a la protección de los profesionales de salud que ya ha tenido como consecuencia contagios del personal médico y enfermeras.

En el siguiente enlace hay una copia de la carta
https://twitter.com/PDHgt/status/1252390333339467776/photo/1

El 30 de mayo se publicó que las auditorías hechas al amparo del Estado de Calamidad por el COVID-19 señalan a Diego Alejandro Martínez Cabrera, excandidato a diputado con el partido Vamos y extrabajador del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como una de las personas que intentaba influir en las compras de medicamentos.

Walfred Rodríguez, director de Auditorías para Atención de Denuncias en la CGC, señaló que Martínez se presentaba como director del Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam) o como “asesor del despacho” y se hacía acompañar de los ex viceministros Héctor Marroquín y Danilo Sandoval.

“Él siempre hacía referencia a las compras que debían tenerse, sugería montos más altos de lo normal. Cuando le cuestionaban decía: ‘tenemos que tener justificación para ese monto’. Él solo decía que ya los había revisado con los viceministros. Incluso, en una licitación hasta llevó a una persona para que verificara el proceso, aunque no era esa su función”, indicó Rodríguez.

Según el contrato 201-029-01097-2020, firmado por el ex viceministro Sandoval, la función de Martínez era prestar asesoría y análisis en el Proam. En 2019 fue candidato a diputado con el partido Vamos en la casilla 19 en el Listado Nacional. Un tuit del MSPAS identificó a Martínez como director designado del Proam.

Al ser cuestionado por el Periódico, Martínez indicó que desde que supo de la denuncia de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción contra ocho personas del Ministerio, se puso a disposición de la Fiscalía y que está dispuesto a declarar para esclarecer el caso. Negó que haya tenido injerencia en las contrataciones y que el presidente Alejandro Giammattei fue “mal informado” por el entonces viceministro de Hospitales, Miguel Borrayo, hoy a cargo del Viceministerio Técnico.

“Los medicamentos se iban a repartir entre 47 hospitales. Después cambiaron las disposiciones y las compras solo se iban a hacer para el Parque de la Industria. Es problema del viceministro de Hospitales, Miguel Borrayo”, señaló Martínez.

Los que se benefician de los contratos públicos (equipo de investigación, 11 de mayo 2020)
Los ministerios de Salud Pública y de Cultura y Deportes benefician a empresas vinculadas a la familia política del Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia con compras directas por Q1.090.109.

Luis Amílcar García González y Luis Fernando Rivas Chaguaceda fracasaron en su intento de llegar al Congreso, por el partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos). Sin embargo, están triunfando en los negocios, consolidándose como proveedores del Estado.

Amigos y familia política. García González y Rivas Chaguaceda llegaron al partido oficial por medio de Camilo Dedet Casprowitz, secretario de Organización del partido Vamos y actual jefe de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). Ambos jóvenes (tienen 27 años) son muy amigos de Camilo Dedet Alvarado, hijo de Dedet Casprowitz. Y en agosto pasado Dedet Alvarado contrajo matrimonio con Ana Isabel García González, hermana de Luis Amílcar.

Proveedores del Estado. Luis Amílcar García González es representante legal de Amibla, S. A. (creada en junio de 2017 y dedicada a la venta de prendas de vestir y calzado) la cual empezó a venderle al Estado a partir del 6 de marzo pasado. Desde esa fecha acumula 28 compras por Q698.187.

Su principal cliente es el Ministerio de Cultura y Deportes con 15 compras directas de baja cuantía que suman Q375.000; y el Ministerio de Salud Pública con 11 compras directas de baja cuantía y una compra bajo la emergencia COVID-19 que suman Q298.887.

Además de Amibla, Luis Amílcar García González es representante legal de Distribuidora AMG, S. A. (creada en enero de 2014 y dedicada a la venta de calzado deportivo e industrial) que entre 2014 y 2019 realizó 17 ventas a varias entidades públicas por Q119.475,67. Su despegue llegó con el actual gobierno, desde el 5 de febrero pasado acumula 16 compras por Q391.922.

Su principal cliente es el Ministerio de Salud Pública con 11 compras de baja cuantía por Q200.062, seguido por el Ministerio de Cultura y Deportes con tres compras por Q140.300 incluida una compra por la emergencia COVID-19 de Q77.500; el Ministerio de Gobernación con dos compras por Q40.460; y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia que dirige Camilo Dedet Casprowitz le hizo una compra directa de alcohol gel y mascarillas por Q11.100.

Por su parte, Luis Fernando Rivas Chaguaceda es propietario de Tecnoservicios RCH, una empresa creada en 2012 y dedicada a la venta de medicamentos y realización de jornadas médicas, que entre 2014 y 2016 reportaba dos ventas a la Municipalidad de Retalhuleu por Q86.500 y 24 ventas por Q213.057 a la organización Fundación para el Desarrollo de la Mujer.

Fraccionamiento y compras a dedo. El modus operandi de las compras adjudicadas a las empresas Amibla y Distribuidora AMG de Luis Amílcar García González y Tecnoservicios RCH de Luis Fernando Rivas es similar.

La gran mayoría de las compras adjudicadas a dichas empresas fueron realizadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes; y por el Área de Salud de Santa Rosa del Ministerio de Salud que dirige el doctor Manuel Víctor Martínez Olivet, quien según fuentes del partido Vamos es cercano a Camilo Dedet Casprowitz (un hermano de Martínez Olivet fue financista de campaña de Vamos), en montos que no superan los Q25.000.

La modalidad de compra de baja cuantía le permite a las entidades públicas la adquisición directa de suministros a un determinado proveedor sin realizar un proceso competitivo (donde participen dos o más proveedores) hasta por un monto de Q25.000, según la Ley de Contrataciones del Estado.

Distribuidora AMG, S. A.
Representante Legal: Luis Amílcar García González
3 compras del Ministerio de Cultura y Deportes por Q140.300.
11 compras del Ministerio de Salud Pública por Q200.062.
1 compra de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia por Q11.100.
2 compras del Ministerio de Gobernación por Q40.460.
Total 17 compras públicas Q391.922.

Amibla, S. A.
Representante legal: Luis Amílcar García González
14 compras del Ministerio de Cultura y Deportes por Q375.000.
12 compras del Ministerio de Salud Pública por Q298.887.
1 compra del Ministerio de Desarrollo Social por Q24.300.
Total 28 compras públicas por Q698.187.

Tecnoservicios RCH
Representante legal: Luis Fernando Rivas Chaguaceda
30 compras del Ministerio de Salud Pública por Q582.285.
3 compras del Ministerio de Cultura y Deportes por Q35.380.
2 compras de la Municipalidad de Mixco por Q16.872.
1 compra del Instituto Guatemalteco de Turismo por Q5.920.
Total 36 compras públicas por Q640.457.

Constructora vendió medicinas hasta nueve veces más caras(Montepeque, 2020a)
El 16 de abril, la Municipalidad de Gualán, Zacapa, compró por excepción insumos médicos y mascarillas a Multiservicios Ramírez por Q299.835. La adquisición se justificó por la emergencia del COVID-19, pero al comparar los precios adjudicados con otras adquisiciones públicas se observa, por ejemplo, que la constructora vendió 6.500 tabletas de Ranitidina 300 mg a Q1.18 cada una, producto por el cual una semana después, el consultorio del IGSS de Los Amates, Izabal, pagó 13 centavos por cada unidad.

Dentro de la compra que se justifica para abastecer la clínica municipal, se incluyeron cien ampollas de Diclofenaco sódico de 75 miligramos a Q2,29 cada una. El mismo producto fue comprado por el Hospital del Seguro Social Juan José Arévalo Bermejo, a 29 centavos, según el evento identificado en Guatecompras con el NOG 12332690.

Además, la comuna de Gualán compró 750 tabletas de Metformina de 100 mg a Q1,57, pese a que el precio de referencia establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el concurso para el suministro de productos medicinales y farmacéuticos NOG 11382511, es de 57 centavos por cada tableta.

También se adquirieron 90 envases de 400 gramos de Psyllium Plantago, una fibra natural para la regulación intestinal, a Q61,86. Sin embargo, el 4 de marzo el consultorio del IGSS de Salamá, Baja Verapaz, los adquirió a Q18,49, de acuerdo con la compra NOG 12158178.

Otro producto adjudicado por arriba del promedio es el de 250 frascos de Acetaminofén de 100 mg con gotero a Q21,33 cada artículo. Por ese mismo producto, el IGSS pagó Q3,50 a la proveedora Jeny Bethzaida Aceituno, según consta en la adquisición NOG 10722238.

Para obtener una explicación de la Municipalidad de Gualán por los precios a los cuales se adquirieron las medicinas e insumos, se buscó al alcalde Luis Cordón, pero no respondió a las llamadas hechas a su celular. También se buscó al proveedor Multiservicios Ramírez, pero uno de los números registrados en Guatecompras está fuera de servicio, mientras que otro de los incluidos en esa plataforma pertenece a una persona ajena a la empresa.