Ética
Durante la mayor parte del siglo XX, las empresas farmacéuticas tuvieron muy poco interés en los reclusos. Las personas que necesitaban tratamientos de salud mental lo solían recibir en hospitales psiquiátricos estatales. Pero en EE UU, durante las décadas de 1950 y 1960, los estados comenzaron a cerrar muchos de los hospitales psiquiátricos, presionando a los pacientes a recibir tratamiento en sus comunidades. Luego, en las décadas de 1980 y 1990, los legisladores aprobaron políticas “duras contra el crimen” que ampliaron drásticamente la población carcelaria. Ahora, las cárceles y prisiones albergan a una gran cantidad de enfermos mentales, se calcula que al menos el 15% de los reclusos tienen algún problema de salud mental. Por esto, las empresas farmacéuticas que venden tratamientos psiquiátricos han empezado a demostrar interés en los jueces, policías, médicos, enfermeras y guardias que se relacionan con el sistema judicial y penitenciario, así como en los que regulan y establecen los estándares para el funcionamiento de las cárceles, incluyendo los servicios de salud.
En diciembre 2019, The Atlantic [1] publicó un artículo donde relata las tácticas que utilizan las empresas para lograr que los reclusos consuman sus medicamentos. Son muy parecidas a las que utilizan con los médicos, pero dirigidas a una población con pocos conocimientos clínicos. Las empresas esperan que muchos de los reclusos sigan consumiendo los mismos medicamentos cuando sean liberados. Los defensores de los derechos civiles dicen que estas prácticas podrían disminuir la autonomía de los prisioneros, que se pueden ver coaccionados por lo que digan sus superiores. El artículo está disponible en inglés en el enlace que aparece en la referencia.
Referencia