Tratados de Libre Comercio, Propiedad Intelectual y Patentes

Estimado Honorable Presidente Ramaphosa,

Encomiamos los esfuerzos de nuestro gobierno en responder rápidamente a la pandemia de COVID-19 con las medidas que ha tomado para reducir la tasa de infecciones y preparar a nuestros centros de salud para la inevitable demanda de camas y servicios. Pero también es importante tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a los productos de salud COVID-19, tanto existentes como futuros.

Le escribimos como académicos, investigadores y maestros de diversas disciplinas porque estamos muy preocupados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y en el mundo. En particular, nos preocupa la capacidad de proporcionar los productos de salud esenciales para responder de manera significativa a esta crisis: el equipo de protección personal, las pruebas de diagnóstico y los reactivos, los ventiladores, los medicamentos y las vacunas que se requerirán en grandes cantidades, en una escala sin precedentes.

En concreto, le escribimos por la urgencia de completar el proceso de enmendar la Ley de Patentes de Sudáfrica para fortalecer los criterios de patentabilidad, hacer un análisis sustantivo de las solicitudes de patentes y adoptar las flexibilidades legales bajo el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC para garantizar el acceso de todos a los medicamentos. Ese imperativo, que se ha retrasado mucho está ahora más claro ahora, ya que enfrentamos precios altos y suministros limitados de productos vitales contra el COVID-19.

Nuestro sentido de urgencia proviene de la realidad de que muchos de los productos requeridos ya están, o pronto estarán, protegidos por patentes y por otras protecciones de propiedad intelectual, como los datos de prueba y las protecciones a los secretos comerciales, lo que los vuelve inasequibles para nuestro gobierno, que no podrá cubrir el tratamiento de todas las personas de nuestro país. Dichas protecciones son como una sentencia de muerte al acceso equitativo a los productos de salud.

Según nuestro sistema actual de patentes, no se hace un análisis sustantivo de las solicitudes de patentes para garantizar que cumplen con la rigurosidad de los criterios para la concesión de una patente. Esto permite que las compañías farmacéuticas obtengan patentes iniciales indignas y, tras hacer solo pequeños cambios, patentes múltiples sobre el mismo medicamento, incluso cuando tales cambios son evidentes y carecen de inventiva. Esta estrategia de patentes múltiples, comúnmente conocida como ‘perennización de las patentes’, extiende los monopolios de patentes más allá de los 20 años requeridos por las reglas de comercio y propiedad intelectual de la OMC, y bloquea la entrada temprana de competidores genéricos que pueden ampliar las fuentes de suministro y traer más productos asequibles al mercado. Países como India y Argentina ya han incluido medidas proactivas en su legislación para contrarrestar este problema.

Nuestras leyes de patentes también comprometen la seguridad del suministro de medicamentos en el país. Si los titulares de patentes no pueden o no desean entregar suministros adecuados, como hemos visto recientemente con las prohibiciones a la exportación de pruebas diagnósticas por parte de ciertos países, en Sudáfrica deberíamos poder aumentar el suministro mediante el uso de genéricos registrados, lo que podría aumentar la disponibilidad y evitar desabastecimientos. También permitiría a los fabricantes locales ampliar la fabricación de los productos sanitarios necesarios, avanzando así en un objetivo clave de política industrial.

Tales abusos de patentes han restringido, y continúan restringiendo, el acceso a los medicamentos de millones de personas que padecen tuberculosis, cáncer, hepatitis y problemas de salud mental, y lo más probable es que también amenacen el acceso a cualquier tecnología futura relacionada con COVID-19.

Hemos visto esto antes. Fuimos testigos de primera mano de cómo estas leyes y procedimientos para proteger las patentes bloquearon el acceso a versiones asequibles de medicamentos antirretrovirales (ARV) que salvan la vida de las personas que los necesitan. Después de un lamentable período de demora, Sudáfrica ahora tiene el programa de tratamiento más grande del mundo, que otorga antirretrovirales a casi 5 millones de personas, gracias a la disponibilidad de versiones genéricas, que redujeron el costo del tratamiento de más de US$10.000 por persona por año a menos de $0,21 por persona por día. Observamos con desesperación cómo se perdieron innumerables vidas esperando que los precios fueran asequibles. Nuestra gente no debería tener que pasar por eso otra vez.

Precisamente por estas razones, su gabinete aprobó sabiamente la Política de Propiedad Intelectual de la República de Sudáfrica Fase 1 en mayo de 2018. Han pasado 2 años desde esa decisión, y todavía no se ha presentado en el Parlamento la legislación pertinente para garantizar que el gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales de ofrecer acceso a la atención médica y los medicamentos necesarios para derrotar a la actual pandemia. Como académicos, investigadores y docentes de nuestras universidades, colegios y otras instituciones, hemos participado activamente en ese proceso de formulación de políticas, aportando comentarios y asesoramiento técnico sobre borradores sucesivos de la política. Estamos firmemente convencidos de que las enmiendas propuestas cumplen con el derecho internacional y promueven el acceso a la atención médica que garantiza nuestra Constitución. Por lo tanto, es imperativo que el proyecto de ley se presente con carácter de urgencia, a través del ministro correspondiente, sujeto a un breve período para la recepción de comentarios públicos, sea procesado de manera expedita a través de nuestra legislatura y aprobado por el Presidente.

También apoyamos las llamadas a que el gobierno tome, con carácter de urgencia, medidas proactivas adicionales para garantizar el acceso asequible a productos de salud COVID-19 de calidad asegurada, como lo han hecho recientemente muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. Por ejemplo, la Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual (CIPC) podría y debería ser alentada a adoptar una moratoria temporal en la emisión de cualquier patente sobre productos de salud relacionados con COVID-19 durante la emergencia pandémica. Además, el gobierno puede y debe adoptar medidas de emergencia que permitan otorgar una licencia obligatoria automática u obligatoria para uso público y / o de todo el sector con respecto a cualquier producto médico COVID-19 que tenga precios demasiado altos, o los suministros sean insuficientes para satisfacer nuestras necesidades locales. Dichas licencias no solo deben abordar el derecho a las patentes, sino también el derecho a acceder y utilizar el secreto y la información comercial confidencial, especialmente los conocimientos de manufactura y, cuando sea necesario, acceso a ensayos clínicos y otros datos necesarios para facilitar el registro de productos médicos con licencia. El gobierno también podría asegurar que haya suficiente capacidad de manufactura para suministrar cantidades no predominantes de productos médicos producidos bajo tales licencias a los países africanos vecinos. Finalmente, el gobierno también podría emitir licencias obligatorias para permitir el suministro a países africanos con capacidad de fabricación insuficiente, de conformidad con el Artículo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC. Una vez más, le pedimos que demuestre, como lo está haciendo, la decisión y el liderazgo que la gente de Sudáfrica espera de usted.

Gracias

Sinceramente

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