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El gobierno italiano ha publicado un decreto que exigirá a las empresas farmacéuticas que divulguen información sobre las subvenciones públicas que puedan haber recibido para el desarrollo de fármacos [1]. Este puede ser el primer país en aprobar un decreto formal inspirado en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) titulada “Mejorar la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos de salud” [2] adoptada en mayo de 2019 (en adelante ‘la resolución’).

La resolución adoptada por todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los Estados Miembros a “tomar las medidas apropiadas para publicar información sobre los precios netos de los productos para la salud” y a “[trabajar] en colaboración para mejorar la presentación de los informes de los proveedores sobre los productos para la salud que están registrados, por ejemplo los informes sobre ingresos por ventas, precios, unidades vendidas, costos de comercialización y subsidios e incentivos ” [3]. La resolución también solicita que el Director General de la OMS “siga apoyando a los Estados Miembros, cuando lo soliciten, en la recopilación y análisis de los datos económicos a lo largo de la cadena de valor de los productos para la salud, y la información para el desarrollo de políticas pertinentes”.

Según ha informado Health Policy Watch, Luca Li Bassi, ex Director General de la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), explicó que “el decreto fortalecerá la posición negociadora de AIFA con las compañías farmacéuticas que quieren recibir una compensación por sus innovaciones. Proporcionará a las autoridades de salud pública no solo datos sobre las contribuciones públicas que se puedan haber hecho a la I + D de un medicamento nuevo, sino también sobre los ingresos por ventas, los costos de comercialización y el estado de las patentes relevantes. Las nuevas regulaciones también exigen que las compañías farmacéuticas envíen información a AIFA sobre los precios en otros países. Esto permitiría que las autoridades gubernamentales italianas puedan comparar los reembolsos y, por lo tanto, los precios de los mismos productos sanitarios en otros países” [5]. En este sentido, el decreto va un paso más allá de los compromisos de la Resolución de la AMS, que se centró en los precios netos de los medicamentos, aunque hace referencia a otras dimensiones de transparencia “a lo largo de la cadena de valor de los productos para la salud”.

En este contexto, varios países ya han promulgado o intentado promulgar requisitos administrativos y políticas específicas para aumentar la transparencia en el sector farmacéutico. Por ejemplo, Tailandia, un firme partidario de la resolución de la AMS, ha exigido que “353 hospitales privados […] muestren los precios de 3.000 medicamentos, así como las tarifas de los suministros y servicios médicos, para que los consumidores puedan tomar decisiones mejor informadas antes de recibir tratamientos”, según informó el Bangkok Post en mayo de 2019 [6].

En la sesión de octubre de 2019 del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la delegación de Sudáfrica inició un debate sobre los costos de la investigación y el desarrollo (I + D) y la fijación de los precios de los medicamentos, llamando la atención sobre el hecho de que “los verdaderos costos de I + D para productos farmacéuticos a menudo son desconocidos y muy variables, mientras que la contribución de los sectores público y sin fines de lucro a la I + D de medicamentos no siempre se contabiliza” (IP / C / M / 93 / Add.1). En Brasil, a raíz de la pandemia por COVID-19, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad de competencia del país lanzó el 18 de marzo de 2020 una investigación exhaustiva sobre posibles precios abusivos de todos los productos relacionados con la pandemia, lo que requiere la entrega de información a la autoridad para el control de la competencia [7].

El 3 de diciembre de 2019, la Asamblea Nacional francesa adoptó una enmienda de transparencia relacionada con los precios de los medicamentos y las inversiones públicas en I + D; sin embargo, la medida fue derogada por el Consejo Constitucional del país el 20 de diciembre, señaló la organización de la sociedad civil Observatorio de Transparencia de los Medicamentos [8]. Incluso en Estados Unidos, un país históricamente propenso a tener políticas laxas de precios en el sector salud y con los precios promedio de atención médica más altos del mundo, en junio de 2020, un tribunal federal decidió confirmar la política federal que exige la divulgación de los precios de los servicios de salud que se negocian con los hospitales y los seguros de salud, que generalmente se mantienen en secreto [9]. El fallo señala que la transparencia ayuda a abordar la gran variabilidad de precios entre proveedores, y es una forma de proteger los intereses de los consumidores.

Las medidas de transparencia están atrayendo cada vez más atención por sus implicaciones para el acceso a los productos médicos [10]. Muchos países enfrentan problemas por el aumento de los altos precios de los medicamentos y por la poca información sobre cómo las compañías farmacéuticas establecen esos precios. A pesar de las diversas formas de regular los precios en todo el mundo, los países generalmente tienen dificultades para negociar las adquisiciones públicas o definir lo que se consideran precios abusivos, porque no hay información precisa (sobre precios netos y de venta, ni de costos de investigación y desarrollo [I + D], marketing y distribución). En particular, debido a que no hay transparencia sobre el costo de la I + D, las autoridades sanitarias tienen poco espacio para las negociaciones cuando se enfrentan a los argumentos o estimaciones de la industria sobre los costos de I + D que podrían ser sustancialmente más altos a los efectivamente incurridos. Además, en la mayoría de los casos, las empresas farmacéuticas no necesitan proporcionar información sobre la financiación pública, que en la mayoría de las veces han recibido, que puede haber contribuido al coste de I + D de un medicamento determinado. Por ejemplo, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE UU (BARDA) ya ha apoyado, con casi US$1.000 millones a la empresa privada Moderna, que está desarrollando una candidata a vacuna contra el Covid-19, actualmente en ensayos clínicos de fase 3 [11].

Por tanto, una mayor transparencia sobre los costes de I + D y los precios de los productos farmacéuticos, negociada con otros gobiernos o agentes, podría ayudar a los gobiernos a obtener mejores precios [12]. Para los países en desarrollo que negocian contratos de adquisición con grandes empresas farmacéuticas transnacionales, ya sea solos o con otros países, el secreto de los costos de I + D, precios y otras condiciones contractuales de suministro generan una fuerte asimetría de información que limita su capacidad para obtener productos farmacéuticos para su población a precios asequibles.

A medida que los países estudian diferentes procesos para ayudar a aumentar el acceso a los productos farmacéuticos, las iniciativas italianas y otras mencionadas anteriormente son pasos positivos, que podrían emularse en otros países a la luz de la resolución de la AMS, y en el camino hacia una mayor transparencia en el sector farmacéutico, contribuyendo así a alcanzar sus objetivos de salud pública.