Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Resumen
El artículo analiza el uso de medicamentos psicoactivos por parte de jóvenes delincuentes ingresadas en centros de detención (USE – Unidades Socioeducativas) de Brasil. El artículo también describe cómo las instancias subnacionales utilizan las directrices de las agencias públicas nacionales y la calidad de la coordinación en materia de atención a la salud mental.
Este artículo es el resultado de tres estudios de caso realizados en Rio Grande do Sul, Minas Gerais y Rio de Janeiro. La hipótesis central de la investigación es que la forma en que se gestiona el Centro de Detención Juvenil podría explicar las preferencias de medicalización psiquiátrica.
Los datos proceden de las historias clínicas y de entrevistas con informantes clave. Muestran que la gobernanza jerarquizada observada en Rio Grande do Sul se asocia directamente con una alta prevalencia de diagnóstico de trastorno de salud mental y uso de medicamentos psicoactivos por parte de jóvenes delincuentes privadas de libertad. En el modelo de gobernanza jerarquizada que se ha promovido en Río de Janeiro, es decir la adopción de un protocolo clínico en el que el psiquiatra es el último profesional en la línea de atención resultó en el uso residual de medicación psiquiátrica. A pesar de su articulación con la atención primaria, el uso de medicación psiquiátrica observado en Minas Gerais no fue residual porque alcanzó al 45% de las adolescentes detenidas.
Estos hallazgos indican que las sanciones de prisión por hechos ilícitos pueden provocar que en los centros de detención se tomen un conjunto de decisiones de medicalización que atenten contra los derechos de los adolescentes, en lo que respecta a su salud. Paradójicamente, las políticas nacionales de salud mental para menores infractores proponen un enfoque más cauteloso en relación con la medicación psiquiátrica. Las políticas nacionales también sostienen que la medicación debe incluir una evaluación continua de los riesgos y beneficios. La administración cuidadosa de la intervención psicofarmacológica puede evitar la prescripción excesiva y la subestimación de los efectos adversos.