Conducta de la Industria

Los eurodiputados se quejan de haber podido acceder sólo al acuerdo de Curevac, y parcialmente. Expertos cuestionan si todo debe salir a la luz.

“La opacidad es un insulto a la democracia. En cada contrato debe constar quién está comprando, en qué condiciones y a qué precio. Cuando la Comisión Europea compra vacunas, lo hace en nombre de los ciudadanos. Por eso es inaceptable que estos contratos se escondan”. Así se pronunció el eurodiputado belga del Parlamento Europeo Philippe Lamberts el martes pasado en un debate en Bruselas sobre la estrategia de vacunación covid. Fue una de las muchas comparecencias pidiendo transparencia a la industria farmacéutica, en un debate encabezado por la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

Kyriakides aseguró que el Ejecutivo comunitario está trabajando con los laboratorios con los que ha negociado la compra de la vacuna contra el coronavirus para que hagan públicos estos contratos: “Estamos sujetos a cláusulas de confidencialidad en los contratos, pero acojo positivamente que el primero de nuestros suministradores de vacunas haya puesto a disposición los textos”, señaló Kyriakides.

La comisaria europea de Sanidad se refería al contrato con Curevac, el único que ha facilitado el acceso al acuerdo de manera parcial. El eurodiputado francés Pascal Canfin fue el primero en leerlo: “Hay seis párrafos sobre la responsabilidad legal en caso de problemas, y dos de ellos están tachados. ¿Cómo vamos a estar satisfechos con este oscurantismo? Necesitamos que se publique el número de dosis mes a mes, país por país, para evitar rumores”, argumentó. Por su parte, Dacian Sciolos aludió a cómo “las teorías de la conspiración surgen de la falta de información”.

Transparencia en los procesos
Expertos consultados por este medio subrayan que la transparencia se ha convertido en un concepto demagógico, y que lo importante de cara a los órganos de control o la opinión pública es que los procedimientos de compra sean transparentes, para confirmar que ha habido licitación e igualdad de oportunidades. Una transparencia sobre los resultados, como el precio de compra del medicamento, sólo perjudicaría a Europa, porque siempre va a haber alguien que compre más caro. “Es una información tan sensible que Europa perdería capacidad de competitividad”, explica un experto que prefiere mantenerse en el anonimato.

Aun así, Nicolás Toro, jurista de TSL Consultores, explica a este medio que la legislación sobre transparencia varía de un país a otro dentro la misma Unión Europea, “pero la nuestra es muy garantista y exige muchos datos”.

Acuerdo de reventa con Andorra
En cuanto a los procedimientos de compra, aquí entrarían acuerdos bilaterales al margen de la Comisión Europea, que deben ser transparentes. En ese sentido, aunque está articulado en el marco de la Comisión Europea, hay quien cuestiona el acuerdo entre España y Andorra por medio del cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a revender 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech “en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar contrato con las farmacéuticas”, según explicó Salvador Illa, ministro de Sanidad, el mismo martes, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) [1]. En la misma situación que Andorra, a quien también nutre Francia, se encuentran Mónaco (a donde envía Francia), así como San Marino y Ciudad del Vaticano, países a los que Italia envía dosis.

A este respecto estas mismas fuentes señalan que dicho acuerdo no era conocido por todas las comunidades autónomas, que se han visto obligadas a recalcular sus estrategias de vacunación. “No sabemos si en otros países, con el mismo tipo de acuerdo, las autoridades regionales estaban al corriente”, sostienen.

Médicos Sin Fronteras, contra la confidencialidad
Por su parte, organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) sostienen que “los acuerdos de confidencialidad aumentan el beneficio de los laboratorios, y hacen que aumenten los precios en países con menos capacidad de negociación, cuando la mayoría de las compañías han recibido financiación pública para desarrollar la vacuna”, sostiene a este medio Miriam Alía, responsable de Vacunas y Respuesta a Epidemias de MSF. A su vez, indica que tampoco asumen la responsabilidad de los posibles efectos secundarios de la vacuna (no reportados en la fase III) en el caso de la covid, que recae en los países miembros de la UE: “Hay países que no tienen una agencia reguladora de medicamentos lo suficientemente solvente”, añade. Y se pregunta: “Entonces, ¿cuál es el riesgo de los laboratorios en esta pandemia? La ley del mercado no es la solución”.

Alía añade que los contratos de confidencialidad hacen que países como Brasil, Marruecos o Argelia deban pagar más que países con ingresos altos. En cuanto a que se hagan públicos los precios, Alía sostiene que se conocen, debido a una filtración de la ministra belga de Salud, “y no ha pasado nada”.

La portavoz de MSF comenta que algunas empresas se comprometieron a vender las vacunas a precio de coste, como AstraZeneca, “pero se desconoce la cuantía”. Y añade que gracias a que Fiocruz, un instituto de salud pública brasileño ha hecho público su contrato con Astrazeneca, se ha visto que el compromiso de mantener el precio de coste es hasta julio de 2021. “Si no se tiene acceso a los contratos, este tipo de detalles pasan desapercibidos y se crea un espacio para los monopolios y los precios abusivos”.

MSF también considera importante que los laboratorios no apliquen sus patentes. A este respecto, Alía menciona a Moderna como un laboratorio que ha dicho que no hará valer su patente: “Es decir, si otros laboratorios son capaces de fabricar su vacuna, no va a meterles en un juicio. No están compartiendo la propiedad intelectual de forma activa, pero han dicho éso”.

Sobre este laboratorio, MSF señala que el 80% de las dosis iniciales proyectadas de la vacuna de Moderna “ya están reservadas en acuerdos bilaterales no transparentes, por países de altos ingresos”.