Conflictos de Interés

La directora del ISSS, Mónica Ayala, ingresó a la actual administración como directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM).

Mónica Ayala, directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), reconoció su parentesco con el propietario de una droguería, y reiteró que, cuando laboró para la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), firmó una declaración en la que aseguró no tener ninguna relación directa o indirecta con la industria farmacéutica, porque en su opinión, un negocio de este tipo no forma parte de esta industria. “Se me liga o se me trata de ligar porque él (su padre) es accionista de una sociedad que es dueña de una distribuidora. La droguería no es industria farmacéutica, es una canal de venta al por mayor y menor”, manifestó Ayala en la entrevista Punto de Vista, de la emisora YSKL.

Su padre, Luis Armando Ayala Gómez, es socio de Inversiones en Salud Ayala S. A. de C. V. desde 2016. Esa empresa es propietaria de la Droguería INSAYA, según documentos del Registro de Comercio y de la DNM. El artículo 5 de la Ley de Medicamentos, que fue aprobada en 2012, establece que “ningún integrante de la Dirección deberá tener relación directa o indirecta con la industria farmacéutica en el período asignado o en los últimos cinco años”.

La funcionaria alega que las droguerías y farmacias no forman parte de esa industria: “La industria farmacéutica es toda aquella productora y elaboradora de productos farmacéuticos, por ejemplo MK, Pfizer, eso es industria farmacéutica. Las distribuidoras o farmacias son canales de ventas, son parte del sector farmacéutico, no son parte de la industria farmacéutica”, insistió durante la entrevista radial.

Ayala Gómez también figura ante la DNM como propietario de la farmacia La Misericordia. “Categóricamente puedo decir que no tengo relación ni directa ni indirecta con la industria farmacéutica, que es lo que el artículo 5 de la Ley de Medicamentos pide para formar parte de la Dirección”, dijo Ayala.

Sin embargo, en una resolución del 8 de mayo de 2019, la Superintendencia de Competencia (SC) estableció que “el mercado de medicamentos salvadoreño del sector privado está conformado por la oferta nacional y extranjera”, y que en esta participan los laboratorios (fabricantes de medicamentos), las droguerías o importadoras (distribuidoras mayoristas) y las farmacias (comercializadoras minoristas).

El documento ubica a las droguerías como el segundo eslabón de la cadena de valor del mercado de medicamentos, y a las farmacias como un tercer eslabón.

“En general, siempre que se habla de la industria de ‘tal cosa’ se está hablando de la cadena de producción, de la cadena de valor de la actividad de que se trate. Ahí comprende la producción o fabricación de productos, la distribución y luego la comercialización”, le dijo Francisco Díaz, exsuperintendente de Competencia, a este periódico.

“Cuando se habla de la industria eléctrica se habla del generador, que es el que produce la energía, ya sea con combustible fósiles o energía; se habla de la transmisión, de la distribución y finalmente de la comercialización. Los cuatro pasos son la industria eléctrica”, ejemplificó Díaz.

“Cuando se habla de forma general de la industria de tal cosa, debe de entenderse que es toda la cadena. En este caso estamos hablando de la producción del medicamento, la distribución del medicamento y la comercialización, es decir del laboratorio que la produce, o de la droguería que la produce, quien la distribuye que puede ser ella misma o a través de un distribuidor y quienes comercializan que son las farmacias”, agregó el abogado.

Díaz acotó que cuando el artículo 5 de la Ley de Medicamentos se refiere a la industria de medicamentos se tiene que entender como todos los actores de la cadena. Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, coincide: “Cuando se refiere en general a la industria de cualquier tipo, se está hablando de de las empresas que participan en cada una de las etapas de ese ciclo económico”. Señala que el proceso económico tiene la parte de producción, distribución, comercialización.

“Visto desde esa perspectiva no tendría sustento el argumento de la directora del Seguro. Bajo esa óptica tendría una confrontación con lo que dice la ley”, anotó Escobar. Mencionó que en algunas ocasiones se da una figura llamada “puerta giratoria”, en donde funcionarios pasan del sector público a empresas privadas ubicada s en las actividades que regulaban y viceversa. “Al final ese intercambio de roles les significa en primer lugar, un conflicto de interés; en segundo lugar, les da información privilegiada que puede ser aprovechada a favor de alguna empresa del sector a que ellos representan”, explicó Escobar.

A futuro, en su rol como directora general del ISSS, “no puede participar, en primer lugar de alguna decisión que implique algún conflicto de interés, ya sea de ella o de familiares”, adelanta Escobar. También recordó que la LACAP prohíbe que familiares de los titulares oferten en las instituciones que estas personas dirigen.

Ayala descartó ayer esta posibilidad debido a que las decisiones en la autónoma las toma un consejo directivo. “Mi prioridad son los pacientes, las vidas, el personal médico. No andar respondienco cuestionamientos estúpidos, que lo único que buscan es dañarla integridad de alguien que quiere hacer bien las cosas”, se quejó la funcionaria ayer, al pedir centrar la atención en sus planes en el ISSS.