Ensayos Clínicos y Ética

El artículo que resumimos a continuación se refiere a la forma como se ha compensado a las víctimas directas de los experimentos que se hicieron en Tuskegee (1932-1972) y en Guatemala (1946-1948) y a los otros grupos que han sufrido las consecuencias de esos abusos [1]. Por víctimas directas se entiende a los participantes, sus familias, parejas sexuales, hijos y nietos que se infectaron o sufrieron las enfermedades y la muerte de seres queridos. Sin embargo, estos estudios también afectaron a otros miembros de esas comunidades, ya sea por el conocimiento que surgió de esos estudios o por cómo esos estudios afectaron sus vidas, lo que los convierte en elegibles a recibir recompensas.

Estas dos investigaciones, ambas financiadas por el Departamento de Salud Pública de EE UU (PHS), han generado muchos litigios, algunos de ellos aún en proceso. En Tuskegee participaron 623 Afroamericanos (una tercera parte no tenían sífilis y actuaron como controles, el resto eran pacientes con sífilis en estadios avanzados, no contagiosos). El estudio era para documentar la evolución natural de la enfermedad y los investigadores nunca tuvieron intención de tratar a los participantes, aunque ellos creían que si estaban recibiendo tratamiento (les daban aspirinas, vitaminas, tónicos y les hacían punciones lumbares). Este estudio nunca se ocultó (se publicaron 15 artículos), pero se desoyó a los críticos y sólo se interrumpió cuando un periodista expuso en los periódicos lo que estaba sucediendo.

En el estudio guatemalteco, además de PHS también intervino el gobierno de Guatemala y la Organización Panamericana de la Salud. En este caso se infectó a entre 1500 y 2000 guatemaltecos (prisioneros, personas con problemas de salud mental, trabajadores sexuales) con sífilis, gonorrea y cancroide, y se hacían análisis serológicos a los hijos. En este caso se estudiaba el uso de varios medicamentos (incluyendo penicilina) como profilácticos, no como tratamiento, pero no se obtuvo consentimiento informado y ni siquiera los directores de los hospitales o de las prisiones conocían el objetivo del estudio. En este estudio se pagó a trabajadores sexuales para que infectaran a presos y enfermos mentales, y se hicieron heridas en los órganos sexuales y otras partes del cuerpo de los participantes para infectarlos con las enfermedades en estudio. Este experimento se mantuvo oculto, solo se publicó un artículo con el resultado de las pruebas serológicas.

La Comisión Federal de Bioética de la administración Obama recomendó que el gobierno estudiara la necesidad de establecer un sistema nacional de compensación para estas víctimas y comunidades, incluyendo las razones para no haberlo hecho con anterioridad. En el caso del juicio relacionado con el caso Tuskegee, el gobierno llegó a un acuerdo extrajudicial para compensar a los participantes y a sus familias, y estableció un programa de salud para los sobrevivientes y los hijos de los hombres diagnosticados con sífilis. A mediados de los 1970s, se trató a todos los participantes y familiares que desarrollaron sífilis, pero no ha sido fácil localizar a las 6.000 personas que deberían recibir compensación, en parte porque hay incerteza sobre el tipo de daños que los descendientes han podido sufrir, y eso dificulta identificar a las víctimas.

El caso de Guatemala presenta las mismas complicaciones. En uno de los juicios se dijo que la mayoría de los sujetos no recibieron tratamiento y contagiaron a sus familiares, pero las historias clínicas no revelan con exactitud la identidad de los pacientes que se contagiaron. Al final, el gobierno de Obama decidió entregar más de un millón de dólares al gobierno guatemalteco para invertir en enfermedades de transmisión sexual y en Sida.

Reverby afirma que los daños ocasionados por estos estudios perduran en las comunidades donde se produjeron de diversas formas, por ejemplo, profundizan el sentimiento de haber sido discriminados por pertenecer a otra raza y generan desconfianza en los proveedores de servicios de salud. Reverby afirma que esas comunidades deberían recibir una compensación y cuestiona cómo debería hacerse. Se llega a la conclusión de que hay que ampliar el espectro de los que pueden salir perjudicados por experimentos que violan los derechos humanos y los principios éticos básicos; y hay que esclarecer las consecuencias que esto puede acarrear para los investigadores, las instituciones a las que pertenecen y los patrocinadores.