Litigación y Multas

La empresa de consultoría McKinsey ha llegado a acuerdos con 49 estados por las recomendaciones para aumentar las ventas que hizo a varios fabricantes de medicamentos, incluyendo a Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin.

McKinsey & Company, al que consultan las empresas más importantes y los gobiernos de todo el mundo, acordó pagar casi US$600 millones para resolver las investigaciones sobre su papel en ayudar a “impulsar” las ventas de opioides, un caso poco frecuente en el que se pide que rinda cuentas al público sobre el trabajo que ha hecho para sus clientes.

La firma ha llegado a un acuerdo por US$573 millones con los fiscales generales de 47 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios, según un expediente judicial que se presentó en Massachusetts el jueves. Se anunciaron acuerdos separados para el estado de Washington, por US$13 millones, y West Virginia, por US$10 millones. Nevada, que no está incluido en el acuerdo, y continuará su investigación sobre los opioides, dijo la oficina del fiscal general.

Los acuerdos se producen después de que las demandas descubrieran una gran cantidad de documentos que muestran cómo McKinsey trabajó para impulsar las ventas del analgésico OxyContin de Purdue Pharma mientras EE UU pasaba por una crisis de opioides que ha contribuido a la muerte de más de 450.000 personas en las dos últimas décadas.

El extenso trabajo de McKinsey para Purdue incluyó la recomendación de que se concentrara en vender las lucrativas píldoras de dosis alta, según muestran los registros, incluso después de que la farmacéutica se declaró culpable en 2007 de cargos penales a nivel federal por haber engañado a los médicos y reguladores sobre los riesgos de OxyContin. La firma también dijo a Purdue que podría “unirse” con otros fabricantes de opioides para evitar recibir un “tratamiento estricto” por parte de la FDA.

Maura Healey, la fiscal general de Massachusetts, dijo que la investigación de la firma involucró la revisión de “miles y miles de documentos y correos electrónicos” que, en conjunto, describían “la historia de las fechorías de McKinsey”.

“Siempre se ha tratado de responsabilizar a quienes crearon y se beneficiaron de la epidemia de opioides”, dijo. La Sra. Healey fue la primera fiscal general del estado en investigar las relaciones comerciales entre McKinsey y Purdue.

La consultora no admitirá culpabilidad, según el acuerdo multiestatal, pero aceptará las restricciones que ordene la corte sobre su trabajo con algunos tipos de narcóticos adictivos. McKinsey también guardará los correos electrónicos durante cinco años y revelará los posibles conflictos de interés al responder a solicitudes de ofertas para adjudicar contratos estatales. Y, al igual como ocurrió con los acuerdos con la industria tabacalera de hace unas décadas, colocará decenas de miles de páginas de documentos relacionados con su trabajo con los opioides en una base de datos que estará disponible al público.

Los estados utilizarán el dinero de las sanciones civiles, incluyendo los US$478 millones que deben pagar en un plazo de 60 días, para los programas de tratamiento, prevención y recuperación de opioides, dice el documento del acuerdo. Será el primer dinero que verán los estados después de que Purdue Pharma acordara en octubre pagar US$8.300 millones y se declarara culpable de cargos penales federales por la comercialización de OxyContin. Purdue se declaró en bancarrota, lo que significa que los estados incluidos en ese acuerdo tendrán que alinearse con otros acreedores.

Además, los miembros de la familia Sackler, dueños de Purdue, acordaron en otoño pasado pagar al gobierno federal US$225 millones en multas civiles y están en conversaciones con otros litigantes para pagar US$3.000 millones.

Massachusetts y muchos otros estados no estaban satisfechos con el acuerdo de octubre, que negoció el Departamento de Justicia de la administración Trump solo unos días antes de que el expresidente fuera derrotado en las elecciones de noviembre.

La cantidad que McKinsey está pagando es sustancialmente superior a lo que ganó por el trabajo relacionado con los opioides con Purdue o Johnson & Johnson, Endo International y Mallinckrodt Pharmaceuticals, los otros clientes que producen opioides, dijo una persona involucrada en las negociaciones del acuerdo.

McKinsey puede enfrentar aún más reclamos en los próximos meses. En algunos estados, los acuerdos no prohíben que los gobiernos locales demanden, y el condado de Mingo en Virginia Occidental, uno de los estados más afectados del país, presentó una demanda contra McKinsey la semana pasada. La administración Biden también podría emprender acciones contra la empresa.

McKinsey dijo en un comunicado el jueves, que creía que “su trabajo anterior era legal y ha negado las acusaciones”.

Pero Kevin Sneader, socio y gerente global de la firma, dijo: “Lamentamos profundamente no haber reconocido adecuadamente las trágicas consecuencias de la epidemia que está afectando a nuestras comunidades. Con este acuerdo, esperamos ser parte de la solución a la crisis de opioides en EE UU”.

Un antiguo socio dijo que los acuerdos eran de enorme importancia porque rompen la distancia que McKinsey, que argumenta que solo hace recomendaciones, pone entre sus consejos y las acciones de sus clientes. Durante décadas, la firma ha evitado su responsabilidad legal por fallos importantes de algunos clientes, incluyendo la compañía de energía Enron y Swissair, la difunta aerolínea nacional de Suiza. El ex socio pidió el anonimato porque los ex empleados de McKinsey están sujetos a acuerdos de confidencialidad.

Lo que aumenta la vulnerabilidad de McKinsey y sus competidores es el hecho de que en los últimos años han ampliado agresivamente sus líneas de trabajo; no solo ofrecen recomendaciones de gestión, sino que también ayudan a las empresas a implementar sus sugerencias.

Eso es lo que sucedió con McKinsey en Purdue, dijo Phil Weiser, el fiscal general de Colorado. Weiser dijo que dos socios senior de McKinsey lideraron el esfuerzo de la empresa en implementar planes para impulsar las ventas, trabajando con miembros de la familia Sackler e incluso anulando a los ejecutivos de Purdue. Y añadió: “Cuando se observa las acciones de estos socios de McKinsey, casi actuaban como ejecutivos de la firma.”

Los materiales de McKinsey que se han divulgado en los litigios de los últimos dos años van desde 2004 e incluye el 2019.

Los registros destacan que McKinsey y Purdue tuvieron una relación muy estrecha durante muchos años. En 2009, la empresa escribió un informe para Purdue en el que decía que las nuevas tácticas de ventas aumentarían las ventas de OxyContin hasta en US$400 millones anuales y “sugirió ‘impulsores’ de ventas basados en la idea de que los opioides reducen el estrés y hacen que los pacientes se sientan más optimistas y menos aislados”, según una demanda presentada en 2018 por Massachusetts. McKinsey trabajó con los ejecutivos de Purdue para encontrar formas de “contrarrestar los mensajes emocionales de las madres con adolescentes que sufrieron una sobredosis” cuando tomaban el medicamento.

En 2013, el gobierno federal llegó a un acuerdo con Walgreens, la cadena de farmacias, para tomar medidas enérgicas contra las recetas ilegales de opioides. Las ventas a Walgreens comenzaron a disminuir. Según la demanda de Massachusetts, McKinsey recomendó que Purdue “ejerciera presión sobre los líderes de Walgreens para que se relajaran”.

McKinsey, en una presentación de diapositivas que hizo para Purdue en 2017, presentó varias opciones para apuntalar las ventas. Una era dar a los distribuidores un reembolso por cada sobredosis de OxyContin atribuible a las píldoras que vendían. Las diapositivas incluían mucho detalle. Por ejemplo, McKinsey estimó que 2.484 clientes de CVS sufrirían una sobredosis o desarrollarían un trastorno por consumo de opioides en 2019 por tomar OxyContin. CVS dijo que el plan nunca se implementó.

Para 2018, los altos ejecutivos de McKinsey se estaban dando cuenta de que podrían enfrentar responsabilidades por su trabajo con los opioides. Después de que Massachusetts demandara a Purdue, Martin Elling, un líder en práctica farmacéutica de la empresa escribió a otro socio, Arnab Ghatak: “Probablemente tenga sentido tener una conversación rápida con el comité de riesgos para ver si deberíamos hacer algo” además de ” eliminar todos nuestros documentos y correos electrónicos. No pasa nada, pero a medida que las cosas se pongan más difíciles, alguien podría acusarnos a nosotros”.

Ambos hombres fueron puestos en licencia administrativa en espera de los resultados de una investigación externa sobre si se destruyó algún material, dijo la socia gerente de McKinsey en Norteamérica, Liz Hilton Segel, en una carta al Congreso en diciembre.

El jueves, un portavoz de McKinsey dijo que los dos hombres habían sido despedidos.