Acceso y Precios

Datos discordantes, predominio de compras directas e incrementos de precios son algunos de los datos que revela el último informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos sobre las compras públicas en la Argentina. Durante la presentación del informe, elaborado por la organización civil de personas que viven con VIH Fundación GEP, también se destacaron las barreras que ejercen las patentes medicinales para un acceso equitativo al derecho a la salud.

Agencia TSS – Richmond, el laboratorio nacional que esta semana se instaló en los titulares de los medios por haber sido seleccionado para la fabricación de la vacuna para la COVID-19 desarrollada por el Instituto Gamaleya y comercializada por el Fondo de Inversión Ruso, es el principal proveedor de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT). Junto con la farmacéutica internacional MSD, en 2019 y 2020 acapararon más del 70% del gasto público en antirretrovirales.

Algo similar ocurrió en el año 2020 con las compras públicas de medicamentos para la hepatitis C, que solo tuvieron dos proveedores importantes, el nacional Elea (que incrementó su participación en la inversión en medicamentos de esta dirección, del 2% al 18%) y el extranjero Abbvie. Estos son algunos de los datos que se desprenden del último informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos, que elabora la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP), que releva datos de compras de medicamentos desde el año 2012.

Con la intención de evaluar el estado actual de las políticas públicas y la disponibilidad de medicamentos para tratamientos de VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual, así como de tuberculosis, este informe incluye una caracterización del stock y una medición de la variación del presupuesto de la dirección de VIHT. También analiza la incidencia de los distintos mecanismos de compra y la participación de industria nacional y extranjera en la provisión de medicamentos, así como la fluctuación de los precios y la situación de la propiedad intelectual de las drogas adquiridas por el Estado nacional.

“Algo novedoso de este informe es que incluimos análisis de stock de medicamentos, lo que nos trajo nuevos hallazgos y una nueva forma de analizar la política pública de acceso a medicamentos. Por ejemplo, al identificar algunos cuya disponibilidad estaba comprometida, nos permitió solicitar información a la DVIHT, que nos respondió de manera rápida considerando los tiempos de la administración, y surgieron aclaraciones que son muy importantes para la población que vive con VIH o depende de estos tratamientos”, le dijo a TSS el investigador a cargo del informe, Fausto Ferreyra.

Según Ferreyra, a partir de información del Boletín 2020 de la DVIHT, se estima que en la Argentina hay 136.000 personas con VIH, de las cuales sólo el 83% conoce su diagnóstico. De ellas, casi 7 de cada 10 se atiende en el subsistema público de salud, donde alrededor de 60.000 personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado.

En detalle, se monitorearon 38 medicamentos (tres de ellos pediátricos), de los cuales 9 fueron retirados del vademécum para ser reemplazados por otras alternativas terapéuticas más convenientes y hubo otros 15 que estuvieron en situación deficitaria y comprometieron los tratamientos, al menos una vez entre 2019 y 2020. En total, se relevaron 135 compras de medicamentos para VIH, tuberculosis y hepatitis C, entre las cuales hubo 10 cuya información presentada en los informes de la DVIHT no pudo ser contrastada con los datos disponibles en los sitios de compra del Gobierno nacional; y que otras cuatro adquisiciones presentaron “ciertas incongruencias”.

Las compras públicas de medicamentos de esta DVITH se realizan de tres maneras diferentes. Una de ellas es a través del denominado Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo de compra conjunta regional que permite abaratar costos y facilitar el acceso de drogas y otros insumos de salud. Otra opción más transparente y eficaz son las licitaciones públicas, a través de las cuales se evalúan distintos oferentes, lo que permite la competencia de precios. Y, por último, existen las compras directas, en las cuales no hay confrontación de ofertas y que deberían realizarse solo en casos de exclusividad por patentes y derechos de propiedad intelectual vigentes.

Según se desprende del informe, si bien las compras directas disminuyeron en cantidad, del 45% en 2019 al 23% en 2020, la inversión a través de este mecanismo sigue siendo la más representativa, del 81% y 68%, respectivamente. Las compras a través de OPS, en cambio, se redujeron a la mitad (del 8% al 4%), mientras que las licitaciones públicas casi se triplicaron, del 12% al 30%. “En 2020, hay una cantidad de compras por adjudicación simple por exclusividad que no se debe a que sean medicamentos con patentes. Compramos en forma directa muchísimos medicamentos que podríamos comprar a productores argentinos o extranjeros genéricos, o a través del Fondo estratégico de OPS”, cuestionó José María Di Bello, presidente de Fundación GEP, durante la presentación del informe.

Esto también se vio reflejado en los precios. En el caso de los antirretrovirales para VIH, por ejemplo, Richmond vendió el compuesto Darunavir + Ritonavir con un 200% de aumento. Es la formulación que se emplea en el tratamiento de más de 19.000 personas en el país y fue adquirida a través de compras directas que alcanzaron los 1.300 millones de pesos, que representaron el 31% del presupuesto de la DVIHT. Más llamativo aún fue el caso del compuesto Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg, comercializado por la empresa nacional Elea, que tuvo un aumento del 1300%: pasó de tener un precio de 20,04 pesos por unidad en 2019, a costar 280,72 pesos cada uno el año pasado.

“En 2020 pagamos más del 65% de aumento en antirretrovirales, pero si sacamos las compras a través del mecanismo de OPS, el aumento superó el 85% de inflación”, advirtió Di Bello, y agregó que, de los cinco medicamentos con mayor aumento, cuatro son de fabricación nacional. “Por eso planteamos la importancia de la producción pública, que es la que puede balancear esta situación en la cual, muchas veces, los productores nacionales privados mantienen precios similares a los productos internacional y patentados”, le dijo a TSS y advirtió que, en general, estos proveedores locales –que en 2020 llegaron a captar el 62% de la inversión pública realizada en los medicamentos monitoreados– se presentan en licitaciones con valores apenas más bajos que sus competidores extranjeros, cuando deberían ser mucho menores, ya que los costos de producción pueden ser de cien a mil veces más bajos.

De manera similar, el Sofosbuvir, que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis C, registró un aumento de 1860% –entre 2018 y 2020, en 2019 no hubo compras públicas de medicamentos para esta enfermedad–. “Fue comprado al mismo productor nacional al que le habíamos comprado la vez anterior –Elea–, mientras que el precio del Daclatasvir –otra droga para estos tratamientos– bajó casi un 95%, porque se compró por OPS”, advirtió Di Bello, y destacó: “Estamos muy sorprendidos porque los precios han sido muy abusivos por parte de algunos productores nacionales. Creo que esto tiene que ver con la falta de planificación y previsión, ante la necesidad de dar respuesta urgente a los reclamos de la sociedad civil”.

El informe también analiza la variación presupuestaria de la DVIHT y da cuenta de que la compra de medicamentos continúa acaparando entre el 80% y el 90% del presupuesto, lo que impide destinar recursos para prevención, acompañamiento a la adherencia a los tratamientos y diagnóstico, entre otras acciones que también son necesarias para evitar la prevalencia del VIH en el país, que desde hace una década se mantiene en unos 5.500 casos nuevos por año.

Proveedores de medicamentos al Estado nacional, 2019 y 2020
“De 2016 a 2019 se ve una caída abrupta del presupuesto, del 49% para el año 2019, que coincide con la degradación del Ministerio de Salud en Secretaría”, agregó Di Bello, pero destacó que, sin embargo, el porcentual del presupuesto para la DVIHT –que suele ser del 4% del presupuesto total destinado a Salud– se mantuvo en casi el 7%, debido a las presiones y reclamos de la sociedad civil y las organizaciones de personas que viven con VIH.

Liberen las patentes
Una de las líneas de trabajo centrales de Fundación GEP para facilitar el acceso a medicamentos se vincula con las barreras que establecen las patentes medicinales, principalmente a través de la presentación de oposiciones, que es una de las salvaguardas de salud incluidas dentro del Acuerdo de los ADPIC.

Por eso, durante la presentación del informe, también participaron especialistas en propiedad intelectual que se refirieron al predomino del sistema de patentes global, que rige desde la Organización Mundial del Comercio (OMC) y cuyas limitaciones han quedado expuestas durante la actual pandemia. Al respecto, María Sol Terlizzi, coordinadora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO, recordó los orígenes del ADPIC y sus implicancias bioéticas.

Por su parte, la abogada especializada Lorena Di Giano, directora ejecutiva de GEP, repasó las promesas incumplidas por este modelo y los distintos recursos que tienen los países para evitar monopolios y precios abusivos, además de destacar que la Fundación adhiere al actual pedido de suspensión de patentes y otros derechos de propiedad intelectual frente a medicamentos y vacunas para atender a la COVID-19, propuesta inicialmente por India y Sudáfrica ante la OMC.

Di Bello detalló algunos de los logros de GEP durante los últimos años, en los que, tras presentar oposiciones a distintas patentes vinculadas con medicamentos que se utilizan en los tratamientos para el VIH y la hepatitis C, lograron que el Estado argentino pudiera acceder a precios más competitivos y alcanzar un ahorro total, entre 2015 y 2020, de 190,5 millones de dólares, “lo que equivaldría casi a tres o cuatro presupuestos para el programa de VIH, hepatitis C y tuberculosis, aunque tampoco alcanza para desarrollar otras políticas públicas debido a la reducción presupuestaria en términos reales y a que, finalmente, la mayor parte de ese presupuesto se destina a compras de medicamentos”, concluyó Di Bello.

Ver el documento completo de la GEP en la siguiente referencia: GEP. Observatorio de Acceso a los Medicamentos 19/20. https://www.fgep.org/wp-content/uploads/2021/03/Observatorio2020_Final.pdf