Ahora que el presidente Biden ha dicho que Facebook es culpable de muertes por permitir que la gente utilice su sistema para esparcir mentiras sobre las vacunas, yo puedo decir lo mismo sobre las compañías farmacéuticas. En realidad, hay mucha más evidencia para respaldar esta afirmación contra las farmacéuticas.
Después de todo, utilizan el monopolio por las patentes que les confirió el gobierno y su control sobre la información técnica para producir vacunas para limitar su disponibilidad en el mundo. Como resultado, la mayor parte de la población de los países en desarrollo aún no ha sido vacunada. Y, a diferencia de los seguidores de Donald Trump, los residentes en estos países no se han vacunado simplemente porque no tienen acceso a las vacunas.
El engaño de la exención del ADPIC
El tema central de la estrategia para acelerar la distribución de vacunas en los países en desarrollo es la propuesta que India y Sudáfrica presentaron ante la OMC en octubre (sí, hace unos nueve meses) para suspender las patentes y otras normas de propiedad intelectual relacionadas con las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos mientras dure la pandemia. Desde entonces, los países con más recursos se la han pasado dando discursos y más discursos, y demorando cualquier acción que la OMC pudiera tomar, al parecer con la esperanza de que en algún momento esta discusión se vuelva irrelevante.
La administración Biden dio nueva vida a la propuesta al anunciar su apoyo a la suspensión de los derechos de patente, aunque solo se aplique a las vacunas. Para los residentes en EE UU y en otros países adinerados esta es una decisión fácil que no se basa únicamente en preocupaciones humanitarias por los países en desarrollo. Si se permite que la pandemia se expanda sin restricciones en estos países, será cuestión de tiempo hasta que surja una variante resistente a las vacunas. Esto podría provocar una nueva ola de contagios, muertes y cierres en los países con más recursos, hasta tener una nueva vacuna y se distribuya en todo el mundo.
Después de que la administración Biden expresara su apoyo a esta exención limitada, muchos países acaudalados hicieron lo mismo. Alemania, que desde hace años está bajo la dirección de Angela Merkel, se ha quedado prácticamente sola defendiendo los intereses de las farmacéuticas y oponiéndose a esta medida.
La semana pasada, tuve la oportunidad de confrontar directamente los argumentos de esta industria en un panel web auspiciado por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Siempre es educativo observar estos argumentos de cerca y conocer a las personas que los esgrimen.
La primera línea de defensa es que la exención de patentes en sí misma no hará que la producción aumente. Por supuesto, esto es correcto. Las vacunas se deben manufacturar; y eliminar los derechos de patente no es lo mismo que producir vacunas.
Pero, cuando nos ponemos serios, el punto es que muchos de los que podrían manufacturar vacunas no lo hacen por la amenaza de que les lleven a juicio por infracción de patente. En algunos casos, esto supondría hacer retroingeniería del proceso, algo que sería factible en el caso de las vacunas de adenovirus de Johnson y Johnson y AstraZeneca, pero no para las vacunas de ARN mensajero. El proceso de manufactura de estas vacunas es similar al que utilizan los fabricantes en varios países en desarrollo y también en varios países desarrollados que en la actualidad no están produciendo vacunas contra el covid.
Eliminar los derechos de patente también puede provocar que las compañías farmacéuticas establezcan más acuerdos de licencias voluntarias, guiados por la lógica de que es mejor ganar algo que no ganar nada, es mejor obtener un canon limitado o un acuerdo de licencia, aunque ingresen menos de lo que podrían haber ganado con un monopolio de patente sin restricción.
La suspensión del monopolio de patentes también puede abrir el camino para los exempleados de las compañías farmacéuticas que elijan compartir sus conocimientos técnicos con los fabricantes de vacunas del resto del mundo. En casi todos los casos, estarían sujetos a un acuerdo de confidencialidad, por lo que si compartieran sus conocimientos se expondrían a problemas legales graves. Pero tal vez algunos de ellos estén dispuestos a asumir ese riesgo. Desde la perspectiva de quienes podrían fabricar estas vacunas, la exención de patentes podría librarlos de tener que enfrentar acciones legales directas si decidieran hacerlo, y los países en donde trabajan no recibirían sanciones comerciales.
Tecnología de código abierto
La suspensión de los derechos de patente podría lograr que aumentase sustancialmente la producción de vacunas, pero si tomáramos la pandemia en serio, trataríamos de ir mucho más allá. Trataríamos de lograr que la tecnología que se utiliza para producir las vacunas sea de código abierto. Esto quiere decir que los detalles sobre el proceso de manufactura se podrían compartir a través del internet y los ingenieros de todo el mundo podrían beneficiarse de esta información. Lo ideal sería que los ingenieros de las compañías farmacéuticas también estuvieran disponibles para impartir clases virtuales y organizar visitas en persona a las fábricas de alrededor del mundo, para ayudarlos a acondicionar sus instalaciones lo antes posible.
El representante de la industria que participó en mí panel no parecía comprender cómo los gobiernos podrían siquiera hacer los arreglos para que esta tecnología fuera de código abierto. Planteó la pregunta retórica de si los gobiernos pueden obligar a una compañía a revelar información. Desde el punto de vista legal, es posible que los gobiernos no puedan obligar a las empresas a revelar información que han decidido mantener en secreto. Sin embargo, sí pueden ofrecerles un pago por compartir esa información. Por ejemplo, el gobierno de EE UU podría ofrecerle a Pfizer US$1.000-2.000 millones para que su tecnología de fabricación fuera de código abierto.
Supongamos que Pfizer y otros fabricantes se negaran a aceptar ofertas razonables. Existe otro recurso. Los gobiernos pueden ofrecerles unos US$1 o 2 millones mensuales a los ingenieros de estas empresas, a quienes han desarrollado esta tecnología, a cambio de compartir su conocimiento con el mundo.
Es muy posible que compartir esta información violara los acuerdos de confidencialidad que han firmado con sus empleadores y, como consecuencia, podrían demandarlos por revelar información protegida. Los gobiernos pueden ofrecerse a cubrir todas las costas legales y cualquier arreglo o compensación que surja como resultado de haber hecho estas revelaciones.
El punto principal es que queremos que esta información esté disponible lo antes posible. Luego podemos preocuparnos de cuál sería la compensación más adecuada. Esto nos lleva a volver a pensar si consideramos que esta pandemia es una emergencia real.
Supongamos que, durante la Segunda Guerra Mundial, algún contratista militar como Lockheed o General Electric hubiera desarrollado un sistema nuevo para facilitar la detección de submarinos alemanes. ¿Qué haríamos si, sabiendo que esta tecnología permitiría mejorar la defensa de las naves mercantes y militares, esas compañías se negaran a compartirla con el gobierno de EE UU?
Aunque es imposible imaginar tal situación – ninguna compañía estadounidense se habría negado a compartir con el gobierno tecnología militar valiosa durante la guerra – también es inconcebible que el gobierno se encogiera de hombros y dijera “bueno, supongo que no hay nada que podamos hacer.” (Todavía es más difícil de imaginar si se tiene en cuenta la cantidad de fondos públicos que se han destinado al desarrollo de esta tecnología). El punto es que entonces se veía a la guerra como una emergencia nacional, y la gran mayoría pensaba que debíamos hacer todo lo posible por ganar la guerra lo antes posible. Si vemos a la pandemia como una emergencia similar sería razonable tratarla de la misma manera que a la Segunda Guerra Mundial.
Tal vez lo más interesante de esta historia sea que el representante de esta industria consideró que sería desventajoso difundir esta tecnología de ARN mensajero porque, en realidad, no se desarrolló para luchar contra el Covid, sino para combatir el cáncer y otras enfermedades. Que fuera útil para combatir la pandemia fue una coincidencia afortunada.
Desde la perspectiva de esta industria, la difusión de esta tecnología permitiría que otras compañías pudieran utilizarla para desarrollar sus propias vacunas contra el cáncer y otras enfermedades, poniéndola en desventaja. En otras palabras, el mayor miedo es que si esta tecnología está disponible, habrá más avances en el cuidado de la salud, casi lo opuesto a la idea de que impediría que hubiera más innovaciones en el futuro.
Supongo que a muchos de nosotros no nos preocupa que la tecnología de código abierto haga que proliferen nuevas vacunas contra enfermedades mortales, pero vale la pena tomarse un momento para pensar en el proceso de innovación. Por mucho tiempo, la industria ha afirmado que la manera de promover mayor innovación es fortalecer las patentes y los monopolios, y alargar su duración. La idea es que, al aumentar las posibles ganancias, habrá mayor inversión en el desarrollo de vacunas, tratamientos y curas para diversas enfermedades.
Pero estos monopolios son solo una manera de otorgar incentivos a la industria, e incluso en este momento no son el único mecanismo que utilizamos. Además, solo en EE UU, invertimos más de US$40.000 millones en investigación biomédica, sobre todo por medio de los Institutos Nacionales de Salud. La mayor parte de este dinero se invierte en investigación básica, pero muchos fármacos y vacunas se han desarrollado principalmente con financiamiento del gobierno, como la vacuna Moderna, que se financió enteramente a través de la Operación Warp Speed.
Si suministramos más fondos públicos, se requiere menos inversión privada. He afirmado que sería preferible confiar casi por completo en los fondos públicos [1]. Así desaparecerían los incentivos perversos de que gozan los productos protegidos por el monopolio que les otorgan las patentes, como el establecimiento del precio y la promoción, por ejemplo la promoción del uso de opioides ha sido un factor importante en la crisis de opioides en este país. También podría facilitar la investigación abierta, que se debería poner como como condición para recibir financiamiento público. Esto generaría temor en el mundo de la industria, ya que muchas compañías aprovecharían las ventajas del desarrollo de la tecnología de ARN mensajero para desarrollar vacunas contra un abanico de enfermedades.
Incluso si no logramos que se financien enteramente con fondos públicos, es obvio que aumentar la financiación pública reduce la necesidad de proveer incentivos en forma de monopolios fuertes. Si invertimos más dólares en la investigación, los ensayos clínicos u otros aspectos del proceso de desarrollo, podemos ofrecerles los mismos incentivos pero con protecciones de monopolio más débiles y menos prolongadas.
En el contexto del desarrollo de vacunas, esta apertura implica no solo compartir la tecnología que ya existe, sino también generar oportunidades para mejorarla, permitiendo que ingenieros de todo el mundo analicen las técnicas de producción. La industria prefiere fingir que ha perfeccionado el proceso y que las posibilidades de mejora son improbables, pero a la luz de lo que se conoce públicamente, esta idea no es acertada.
Para citar algunos ejemplos, Pfizer anunció en febrero que había descubierto que podían acortar el tiempo de producción a la mitad si hacían algunos cambios en las técnicas que estaban utilizando. También descubrieron que su vacuna no requería tanta refrigeración y se podía almacenar en un congelador normal por hasta dos semanas. De hecho, Pfizer no se había percatado de que su vial estándar contenía no cinco sino seis dosis de la vacuna. Esto significa que una sexta parte de sus vacunas se estaban tirando a la basura en un momento en que escaseaban.
Teniendo esto presente, es difícil creer que Pfizer y otras compañías farmacéuticas tienen un sistema de producción óptimo que no admite más mejoras. Como dice el dicho, ¿cuándo dejaron las compañías farmacéuticas de cometer errores en su tecnología de producción?
¿Alguien tuvo noticias de China?
Cuando se habla de la necesidad de vacunar a todo el mundo, llama la atención que a menudo se descartan las vacunas producidas en China. Aunque no son tan efectivas para prevenir los casos graves y las muertes como las vacunas de ARN mensajero, son mucho más efectivas que el no haber recibido ninguna vacuna [2]. Y, en un momento en el que las compañías farmacéuticas insisten en que este año no pueden producir suficientes vacunas para distribuirlas en los países en desarrollo, y quizás tampoco durante el año próximo, deberíamos tener en cuenta a las vacunas chinas para suplir esa necesidad.
En junio, China distribuyó más de 560 millones de vacunas en su territorio, además de las que envió a otros países. A menos que ya tuvieran una reserva cuantiosa a comienzos de ese mes, esto parece reflejar que tienen capacidad para producir unos 500 millones de vacunas por mes. En este momento, sus vacunas representan alrededor del 50% de las dosis administradas en el mundo.
Sería extraño no aprovechar la capacidad de China. Obviamente, existen problemas políticos de fondo, pero EE UU y otros países occidentales deberían tratar de hacerlos a un lado, si vamos a tomar en serio la necesidad de vacunar a todo el mundo lo antes posible.
Nuestro lema nacional no debería ser “Cometimos errores”
Si aparece una variante del virus resistente a las vacunas, tendríamos que enfrentar una nueva serie de contagios, muertes y cierres, sería un desastre enorme desde cualquier perspectiva. La peor parte es que este desastre es absolutamente prevenible.
Si EE UU y otras superpotencias lo hubieran considerado prioritario, ya se podría haber vacunado a todo el mundo. Desafortunadamente, esto no ocurrió porque estábamos demasiado preocupados por las ganancias de la industria farmacéutica y por competir y ganarle a China.
Sin embargo, podríamos tener suerte. Los contagios en el mundo han descendido abruptamente desde los picos que vimos en abril, pero están volviendo a subir a causa de la variante Delta. Es esencial hacer todo lo posible para acelerar la distribución de las vacunas. Ya es momento de que comencemos a tomar esta pandemia en serio.
Notas
Nota de Salud y Fármacos. Un artículo de libre acceso publicado en el BMJ [1], que resumimos a continuación, cuestiona si aprovecharse de la inequidad en el acceso a las vacunas se puede considerar un crimen contra la humanidad. Entre otras cosas dice que La Organización Mundial de la Salud quiere que las naciones ricas detengan la administración de las dosis de recuerdo y en su lugar envíen dosis a las naciones menos ricas. Sin embargo, Pfizer espera que las naciones ricas ignoren a la OMS y recomienden refuerzos, lo que ayudará a aumentar sus ingresos a US$33.500 millones.
La especulación pandémica es, en nuestra opinión, una violación de los derechos humanos que se debe investigar. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a “participar en los avances científicos y sus beneficios”. Ese avance permitió el desarrollo acelerado, con financiación pública, de vacunas eficaces contra el covid-19 que reducen las posibilidades de enfermedad grave y muerte.
En África, Asia y América Latina hay gente que muere o se enferma a una velocidad y escala sin precedentes, y todo ese sufrimiento se hubiera podido prevenir con las vacunas. Estos continentes no pueden competir con las naciones ricas que ejercen su poder de mercado. Dejemos en claro qué está causando estas muertes: un mercado libre, una empresa impulsada por las ganancias basadas en la protección de patentes y de la propiedad intelectual, junto con una falta de voluntad política. En contra de lo que se dice, es posible producir suficientes vacunas para el mundo.
Los fabricantes de vacunas y sus directores ejecutivos, que solo rinden cuentas a sus juntas directivas, han trabajado con un grupo de líderes poderosos para vacunar a toda la población. En septiembre de 2020, alrededor de 30 países ricos (aquellos que pueden pagar los altos precios de las vacunas) habían acaparado todas las dosis a través de compras anticipadas, ocasionando el apartheid de vacunas. Canadá compró dosis suficientes para vacunar cinco veces a sus ciudadanos. El Reino Unido logró dosis suficientes para vacunar a cuatro veces su población. Para fines de 2021, las naciones ricas estarán sentadas en mil millones de dosis sin usar, mientras que algunos de los países más pobres aún no habrán recibido las vacunas por las que han pagado.
En junio de 2021, la OMS anunció que estaba trabajando con un consorcio de empresas de vacunas, universidades y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África en Sudáfrica para establecer su primer centro de vacunas covid de ARNm. Pero ninguna empresa importante que tenga una vacuna aprobada por la OMS ha compartido la tecnología con C-TAP o con la OMS. La mayoría de los gobiernos se muestran reticentes a obligar a compartir ese conocimiento. Había alguna esperanza de que la vacuna de la Universidad de Oxford, desarrollada con fondos públicos, fuera de código abierto, pero los derechos se asignaron exclusivamente a AstraZeneca, que no ha sido completamente transparente con sus precios y los términos de sus sublicencias.
La única forma sostenible de avanzar es globalizar la fabricación para que los países desfavorecidos ya no dependan completamente de la caridad. Esto se logró con la crisis del SIDA, pero solo después de muchos años y muchas muertes. Los países más pobres requieren la relajación de los derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y el apoyo para establecer rápidamente centros regionales de fabricación de vacunas. África, Asia y América Latina son perfectamente capaces de producir vacunas, y afirmar lo contrario es un argumento engañoso.
En última instancia, aquellos que se niegan a renunciar a las patentes y compartir conocimientos acabarán dañando sus propios intereses a largo plazo, porque las entidades corporativas y políticas de China, India y Rusia ya están comenzando a llenar el vacío.
La asignación global de la vacuna covid-19 se basa en el poder, la ventaja de ser el primero en movilizarse y la capacidad de pago. Este escándalo moral, facilitado por las actitudes corporativas y gubernamentales ha producido muertes masivas, lo que equivale a un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, también nosotros somos cómplices de nuestro silencio. ¿Por qué los trabajadores y accionistas de las empresas de vacunas no se expresan? ¿Dónde están los académicos que claman por poner los “frutos de la empresa científica” al alcance de todos? ¿Dónde están los abogados que exigen justicia global y responsabilidad corporativa? ¿Qué líderes de las naciones ricas están presionando a las compañías de vacunas para que protejan a su gente haciendo que el mundo sea seguro? ¿Por qué no se movilizan los científicos y trabajadores de la salud para luchar por un acceso justo a las vacunas?
La desigualdad mundial en el acceso a las vacunas está derrumbando todos nuestros éxitos en el desarrollo rápido de vacunas y prolonga innecesariamente la pandemia. La desigualdad actual es una consecuencia directa de la codicia comercial y los intereses políticos de algunos. Bajo el pretexto de servir a la humanidad, y haciendo la vista gorda ante las innumerables muertes en naciones desfavorecidas, las corporaciones, ayudadas por sus aliados políticos están haciendo una vez más lo que mejor saben hacer: una matanza.
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