Tras repetidos ataques a la Comisión Nacional de Ética en Investigación (Conep), por el rol de la comisión y la validez de los estándares de ética en investigación vigentes en el país, el Consejo Nacional de Salud (CNS) se comunica con el público para aclarar los hechos, y explicar cómo están oficialmente documentados:

Según informan los medios de comunicación, el Dr. Flávio Adsuara Cadegiani es responsable de la investigación “Proxalutamida para pacientes hospitalizados por covid-19. El ensayo Proxa-Rescue AndroCoV” tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la proxalutamida en la lucha contra el covid-19. El protocolo de investigación fue aprobado por la Conep el 27/01/2021, después de haberle hecho ajustes al formulario de consentimiento y a otras partes del protocolo, y fue registrado en Plataforma Brasil bajo el número CAAE 41909121.0.0000.5553.

Al igual que éste, hay otros protocolos con la misma sustancia (o con otros productos antiandrogénicos similares) que también fueron evaluados y aprobados por la Conep. Las evaluaciones de la Conep tienen en cuenta el fundamento teórico de los protocolos y su adecuación a los requisitos éticos que deben cumplir los ensayos clínicos para que se puedan hacer en el país. Por tanto, la interpretación de que la investigación fue interrumpida por persecución política o intereses ocultos es errónea. Hay que subrayar que la investigación fue interrumpida por incumplimiento de las normas y no por motivación política. Tanto es así que otros estudios con el mismo fármaco no fueron interrumpidos, porque cumplían con los estándares de ética en la investigación del país.

A pesar de que la autorización para iniciar el estudio se otorgó a una sola institución ubicada en Brasilia, el investigador afirma que la autorización cubrió a todo el territorio nacional. El dictamen que emitió la Conep para autorizar el estudio es explícito en relación a los lugares donde se va a realizar y, no dice en ningún lugar que otorga una autorización amplia para realizar la investigación en todo el territorio nacional. Tampoco podría, porque cada centro debe contar con un Comité de Ética de Investigación (CEP), al que se debe notificar y quién debe autorizar la realización de la investigación en la institución a la que está vinculado. Al parecer, esto no sucedió en ninguno de los lugares donde se realizó la investigación.

La comunidad de investigadores de todo el país sabe que cualquier modificación al protocolo de investigación requiere una nueva autorización del Sistema CEP / Conep, es algo bien conocido, y cualquier estudiante de posgrado e investigador con una formación sólida lo sabe. Es más, esta norma no es una mera “burocracia” de nuestro país, sino un requisito adoptado a nivel internacional por investigadores de todo el mundo. La solicitud de modificación al protocolo (enmienda) para incluir otros centros de investigación y aumentar el número de participantes solo se entregó cuando el estudio ya estaba finalizado. Por tanto, el investigador implementó las modificaciones al protocolo sin la debida autorización de la Conep, realizó la investigación en centros no autorizados en el norte y sur del país, e incluyó un número de participantes mucho mayor al que había sido aprobado originalmente. El historial de modificaciones en la Plataforma Brasil (el sistema donde los protocolos se someten a análisis ético) muestra la secuencia de trámites en la Conep y la solicitud inoportuna de modificación al protocolo. Cabe señalar que no se trata de burocracia impuesta por el Consejo Nacional de Salud, sino que se adhiere a los lineamientos adoptados internacionalmente para evitar que vuelvan a suceder de atrocidades observadas en el pasado, cuando los fines justificaban los medios y no se respetó la dignidad del ser humano.

Sobre las muertes que se produjeron en el estudio y que fueron recogidas por el reciente manifiesto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el investigador afirma que la mayoría ocurrieron en el grupo placebo y, por tanto, no estuvieron vinculadas con la proxalutamida. Es una conclusión que no se podía anticipar durante la ejecución de la investigación, ya que el estudio era ciego, es decir, el investigador desconocía la medicación que recibían los participantes (proxalutamida o placebo). Desde un punto de vista ético, para analizar el exceso de muertes en uno de los grupos, había que abrir el ciego y verificar si las muertes se asociaban con la toxicidad del fármaco o si el grupo control estaba en desventaja por la supuesta eficacia de la proxalutamida. Durante la investigación nunca se abrió el ciego y, si la proxalutamida hubiera sido efectiva (como afirma el investigador), lo cierto es que se dejó morir PASIVAMENTE a las personas en el grupo de control sin tomar ninguna medida que pudiera beneficiarlas, como por ejemplo, administrarles el medicamento experimental. Cabe señalar que el cuestionamiento de la Conep no se relaciona con los resultados sobre la eficacia del producto en investigación, sino con la conducta ética del investigador y del Comité Independiente de Monitoreo de Datos, que en ningún momento interrumpió el ciego para investigar el exceso de muertes en uno de los grupos.

A pesar de las solicitudes que ha hecho la Conep para que se aclare la situación, el investigador nunca ha compartido los documentos sobre la trazabilidad de los medicamentos que se utilizaron en la investigación (cadena de distribución y dispensación), por lo que es imposible certificar qué producto recibió realmente el grupo de control. Así, no se descarta la hipótesis de que el grupo control haya recibido inadvertidamente un fármaco con potencial tóxico distinto al placebo, lo que explicaría la alta frecuencia de insuficiencia renal y hepática en este grupo.

Las muertes que se produjeron durante el estudio solo fueron notificadas a la Conep cuando esta solicitó un informe sobre el avance de la investigación. Según el investigador, la notificación de las muertes solo es obligatoria cuando existe la sospecha de que están relacionadas con el fármaco experimental. Esta es una interpretación errónea, y es una mala interpretación de las guías de la Conep sobre la notificación de los eventos adversos. Si el estudio era ciego (es decir, si el investigador no sabía a qué grupo se había asignado al participante en la investigación), cada muerte se tenía que considerar como un evento adverso grave que se debía notificar a la Conep. La obligación de notificar las muertes en un ensayo clínico aleatorio y ciego es bien conocida, y es algo que respeta toda la comunidad científica internacional. En este caso, no se siguieron los principios más elementales de Buenas Prácticas Clínicas, lo que demuestra el desconocimiento de las guías adoptadas internacionalmente para la realización de ensayos clínicos.

Según el investigador, el protocolo fue acompañado por un Comité Independiente de Monitoreo de Datos. Sin embargo, los informes y recomendaciones remitidas por este Comité a los investigadores no cumplen con los estándares internacionales, además de que fueron firmados por un investigador que trabaja para el patrocinador del estudio. El Comité de Monitoreo de Datos tiene que ser independiente, y no puede ser dirigido por un representante del patrocinador de la investigación. Se trata de un indudable conflicto de intereses que pone en tela de juicio la idoneidad del Comité y los lineamientos que aborda.

El Consejo Nacional de Salud tuvo acceso a la investigación del Ministerio Público de Amazonas, que ya está a disposición del público. Hay que destacar el Consentimiento Informado que se adjuntó a la encuesta que se aplicó a los participantes en la investigación que residen en Amazonas. Esta forma consentimiento contradice profundamente el modelo aprobado originalmente por la Conep, pues elimina apartados que garantizan el respeto a los derechos de los participantes en la investigación, tales como la compensación y asistencia en caso de daño, el reembolso de gastos, y la provisión de métodos anticonceptivos durante la investigación, entre otros. La supresión de tales párrafos muestra que hubo intención de no informar adecuadamente a los participantes en la investigación sobre sus derechos, además de omitir la necesidad de anticoncepción. La proxalutamida es un fármaco antiandrogénico, cuyo efecto sobre la espermatogénesis y el feto es incierto, y su uso durante el embarazo está absolutamente contraindicado por la posibilidad de malformación. No informar a los participantes en la investigación sobre estos riesgos es inaceptable desde un punto de vista ético, ya que los expone a riesgos innecesarios.

Debido a la gravedad de los hechos y a que el investigador principal, a pesar de haber tenido muchas oportunidades, no ha aclarado suficientemente los aspectos cuestionados, la Conep ha denunciado la situación a la Fiscalía General de la Nación, y se han divulgado las razones a través de los medios de comunicación y están disponibles en este enlace https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0022580072&codigo_crc=18158CBC&hash_download=97ec9380511f1a1922ea2f639d3667261aad900d28626f6693321eb7d51d82b0aa33d8ac66d2747bf75add37faa161f8ec728c634a6423888fd937142451a20f&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0

El investigador ha utilizado la supuesta filtración de datos de la investigación (atribuida, sin pruebas, a la Conep) para desviar la atención de hechos incuestionables y ampliamente documentados en la Plataforma Brasil, y de la investigación que está haciendo el Ministerio Público de Amazonas. Cabe señalar que el Consejo Nacional de Salud está investigando la supuesta filtración y, cuando se identifique al responsable tomará las medidas oportunas. Pero esto no debe ensombrecer las transgresiones éticas cometidas durante la implementación del protocolo de investigación, por lo que los hechos deben ser investigados por los ámbitos competentes y se deben comunicar al público. En la historia del Consejo Nacional de Salud, no se han documentado casos que hayan violentado las normas éticas y los derechos de los participantes en investigación como se ha hecho en este estudio. El Consejo Nacional de Salud defiende y defenderá siempre a los participantes en la investigación, y su derecho a que la investigación se realice de forma segura y respetando los estándares de ética en la investigación que tiene el país.