Un amparo judicial le ordenó a una obra social el suministro a una afiliada del remedio considerado más caro del mundo, con un valor de 2,1 millones de dólares por cada ampolla. La medida, la tercera en el país relacionada con el mismo medicamento, causó alarma por igual en el Gobierno y las prestadoras sindicales por las dificultades de financiamiento que puede acarrear una eventual sucesión de cautelares del mismo tenor. Se trata de la droga Zolgensma, indicada para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME) en menores de dos años.

La medida de la Justicia porteña obligó por igual al Estado nacional, la Obra Social del Ministerio de Economía (OSME) y la prepaga Swiss Medical a suministrarle a un paciente que sufre AME en grado I, el estadío más grave de la enfermedad que se manifiesta en niños menores de 2 años y que se produce por el bajo nivel de una proteína que colabora al desarrollo de los músculos. La droga, cuya patente le pertenece al laboratorio Novartis, cuenta con una probada eficacia en la reparación de los genes que se encargan del desarrollo muscular a pesar de que recibió en Estados Unidos cuestionamientos por parte de las autoridades en su fase de pruebas.

Por tratarse de un compuesto relativamente nuevo (en 2019 lo aprobó la FDA, el organismo encargado de EEUU) la casuística es acotada pero no menos inquietante para el Gobierno y los efectores de salud: además de los tres casos sometidos a amparos judiciales, una proyección del desenvolvimiento de la AME en esa población de menores sugiere que hasta fin de año surgirán entre 13 y 22 más. Para dimensionar del impacto financiero, una ampolla de Zolgensma equivale al 7% de todos los desembolsos que hace en un mes el Fondo Solidario de Redistribución para todo tipo de enfermedades, explicaron en el Ejecutivo.

La cautelar fue concedida por el titular del juzgado Civil y Comercial 8, Marcelo Gota, a favor de una afiliada del gremio del personal de la AFIP (Aefip) que administra la obra social OSME, y que a su vez terceriza prestaciones hacia la empresa de medicina privada Swiss Medical. El magistrado basó su resolución en la necesidad de brindar una respuesta urgente y admitió que esa urgencia le impidió un análisis más profundo del caso, un criterio habitual en los amparos de salud.

La apelación de la obra social, a su vez, se basó en que supuestamente no está debidamente probada la eficacia de la droga y en el caso particular alegó que los síntomas de la menor son más asimilables al grado II de la dolencia que al I, el que está indicado para el suministro de Zolgensma. De todos modos, advierte que en caso de determinarse obligatorio el suministro de la droga el financiamiento deberá corresponderle a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), otra arista de los conflictos de esta naturaleza.

Es que la SSS tiene entre sus misiones reembolsar el costo de los tratamientos más caros que afrontan las obras sociales sindicales mediante el Fondo Solidario de Redistribución (que a su vez se constituye de un porcentaje de los aportes de las prestadoras gremiales al fisco) aunque los funcionarios del área señalaron que el Zolgensma no se encuentra entre los medicamentos establecidos para los reintegros. Para saltear esas marañas administrativas los fallos judiciales sobre dolencias médicas suelen adjudicar responsabilidades compartidas para acelerar la ejecución de los tratamientos, como sucedió con OSME, Swiss Medical y el Estado.

Se trata del tercer caso en la Argentina con igual desenvolvimiento en lo que va del año. Antes la Justicia de Santiago del Estero falló en el mismo sentido en contra de la prepaga y la compañía de seguros SanCor. Lo mismo sucedió con una cautelar en Chaco que benefició a un afiliado que le reclamaba la misma droga a la obra social del gremio de Comercio (Osecac). Abogados y funcionarios explicaron que en estos dos casos, sin embargo, las resoluciones le cargaron la mayor responsabilidad al Estado: SanCor sólo debió abonar el 20% de la droga y Osecac, el 10%, mientras que el resto fue absorbido por el FSR en ambas situaciones.

En la SSS admitieron compartir la preocupación de los sindicatos, que en plena pandemia debieron acudir al sostén financiero de sus obras sociales por la caída estrepitosa de los aportes de empleadores y afiliados. En esa línea dijeron que se trabaja con el Ministerio de Salud para establecer una canasta de medicamentos con un financiamiento propio. Durante el gobierno de Mauricio Macri la CGT negoció la creación de una agencia de evaluación de tecnologías médicas (Agnet) que tuviese a su cargo la definición de qué remedios y tratamientos deberían cubrir obras sociales y prepagas, y cuáles no. El deterioro de la relación entre Cambiemos y los sindicatos frustró esa iniciativa y desde la asunción de Alberto Fernández fueron infructuosos los intentos de la CGT por reflotarla, menos aún en plena pandemia de coronavirus.

Otro factor que agrava la situación es el hecho de que se trata de drogas, al igual que Nusinersen (también indicado para AME y que se comercializa con el nombre de Spinraza) o Trikafta (contra la fibrosis quística) que cuestan cientos de miles de dólares y que están sujetas al pago del IVA en su totalidad. En el caso de Zolgensma el valor comercial es de US$1,7 millones, pero llega a US$2,1 millones por el impuesto, se quejaron en Salud.