La pandemia de covid-19 ha cobrado más de 4,6 millones de vidas y ha causado una crisis económica. La circulación continua del coronavirus va a generar mas daño. En este contexto, este documento de investigación sostiene que las decisiones políticas de Canadá han contribuido a restringir la distribución equitativa de las vacunas contra el covid-19.

En la parte I se evalúa el enfoque nacionalista de Canadá de adquirir vacunas contra el covid-19 por encima de sus necesidades a través de acuerdos de precompra celebrados en secreto con corporaciones farmacéuticas, bajo asesoramiento de un grupo de trabajo vínculado a la industria. La segunda parte examina la posición vacilante y no comprometida de Canadá respecto a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La confusa posición de Canadá de “no bloquear” la exención de los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo no apoyarla, carece de claridad jurídica.

En la Parte III se analiza el caso Bolivia-Biolyse, que pone de manifiesto las contradicciones entre las declaraciones y las acciones del gobierno canadiense. Desde marzo de 2021, la empresa Biolyse Pharma se ha visto obstaculizada en solicitar una licencia obligatoria orientada a la exportación de vacunas a Bolivia en el primer paso del Régimen de Acceso a los Medicamentos de Canadá (CAMR), en el que un requisito preliminar es que la vacuna covid-19 debe ser añadida a la Lista 1 de la Ley Federal de Patentes de Canadá antes de la solicitud de licencia obligatoires.

El caso Bolivia-Biolyse es importante como caso de prueba para el sistema CAMR. El buen funcionamiento de este régimen de licencias obligatorias orientadas a la exportación es fundamental para los países de ingresos bajos y medios del Sur global que carecen de la capacidad nacional para fabricar vacunas contra el covid-19. El estudio de caso Bolivia-Biolyse también es importante dado que Canadá argumentó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la exención del ADPIC no es necesaria porque los mecanismos existentes están funcionando según lo previsto.

Según informa Al Jazeera [1]. Bolivia notificó al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) su intención de utilizar el sistema de licencias obligatorias especiales, y Biolyse Pharma está en condiciones de solicitar una licencia obligatoria en Canadá de conformidad con su legislación de patentes y las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. Sin embargo, este acuerdo no puede seguir adelante hasta que el gobierno canadiense emita una “licencia obligatoria” para que Biolyse fabrique la vacuna en Canadá y la exporte a Bolivia. El gobierno canadiense anterior no otorgó la licencia obligatoria que permitiría a Biolyse producir y exportar las vacunas. Este silencio fue denunciado en la Cumbre Internacional Progresista por el Internacionalismo de las Vacunas por el diputado opositor canadiense Niki Ashton, quien lo calificó de “inaceptable y vergonzoso”.

Puede obtener el informe en inglés en el enlace que aparece en el encabezado