Investigaciones

Resumen

• Las vacunas contra la covid 19 que salvan vidas han sido financiadas en gran parte por la población, pero al ser privatizadas y monopolizadas, se ha conferido a las empresas farmacéuticas el poder de cobrar precios excesivos para maximizar sus ganancias. El costo de vacunar a la población mundial contra la covid-19 podría ser al menos cinco veces inferior si las empresas farmacéuticas no abusaran de sus monopolios sobre estas vacunas.
• Las nuevas estimaciones del costo de producir las exitosas vacunas de ARN mensajero contra la covid-19 indican que cuestan US$1,18 por dosis. COVAX, el mecanismo que tiene como objetivo ayudar a ciertos países a acceder a las vacunas contra la COVID, ha estado pagando, como media, casi cinco veces más por cada dosis. Los informes disponibles sobre los precios abonados sugieren que, a nivel mundial, los gobiernos están pagando por dichas vacunas entre 4 y 24 veces más de lo que podrían tener que pagar.
• Las empresas farmacéuticas son libres y pueden priorizar los contratos más lucrativos, es decir aquellos que incluyen los precios más elevados, que son los que han celebrado con los países más ricos, en detrimento de proteger una mayor cantidad de vidas en más países. A pesar del incremento de los contagios y las muertes en muchos países en vías de desarrollo, Pfizer/BioNTech y Moderna han destinado más del 90 % de sus suministros a los países adinerados. El mecanismo COVAX y los países en vías de desarrollo no pueden competir, de ninguna manera, con los elevados precios que los países más ricos están dispuestos a pagar. Por lo tanto, en su intento de obtener vacunas se ven relegados al final de la fila. Menos del 1 % de la población de los países de bajos recursos se ha vacunado.
• Los precios elevados restringen el acceso, reducen el porcentaje de inmunización, agotan los presupuestos públicos y potencian las ganancias. Pfizer/BioNTech y Moderna han cobrado a los gobiernos unos US$41.000 millones por encima del costo estimado de producción. Es posible que Colombia haya pagado a Moderna y Pfizer/BioNTech un sobrecargo de hasta US$375 millones a cambio de tan solo 20 millones de dosis. Sudáfrica puede haber pagado US$177 millones extras. Los precios excesivamente elevados de las vacunas también afectan los ajustados presupuestos públicos de los países ricos. El Reino Unido y EE UU podrían haber pagado a Pfizer/BioNTech y Moderna US$18.00 millones y US$1.800 millones, respectivamente, por encima del costo estimado de producción de estas vacunas de ARNm, mientras que para Alemania la cifra podría ser de €5800 millones. La Unión Europea podría haber pagado €31.000 millones más que el costo estimado de producción de las vacunas de ARNm, lo que equivale al 19 % del presupuesto total de la UE para 2021.
• Los fondos estatales, que podrían destinarse a aumentar el salario de los trabajadores de la salud o a la lucha contra el hambre, están generando riqueza extrema. Desde el comienzo de la pandemia, y gracias a las vacunas, Moderna, BioNTech y CanSino han contribuido a que surjan 9 nuevos multimillonarios, que cuentan con un patrimonio neto combinado de US$19.300 millones.
• Acabar con los monopolios y permitir la competencia de los genéricos es el camino que hay que seguir para aumentar la producción y lograr que disminuyan los precios de las vacunas y los medicamentos. Los gobiernos de los países adinerados deben dejar de bloquear y deben empezar a promover la vía más rápida y económica para lograr la vacunación global, deben insistir en que se comparta la tecnología, y el conocimiento para saber usarla, a través de la iniciativa de la OMS conocida como Acceso Abierto o mancomunando a la tecnología contra la covid-19 (WHO’s COVID Technology Access Pool). Asimismo, deben comprometerse inmediatamente ante la Organización Mundial del Comercio a renunciar temporalmente a los derechos de propiedad intelectual sobre todas las vacunas, los tratamientos y pruebas de detección de covid-19.

Precios de monopolio
La innecesaria e inaceptable desigualdad en el acceso a estas vacunas se debe a la dependencia mundial en un puñado de empresas farmacéuticas que tienen el poder de decidir cuántas vacunas se fabrican, quiénes las obtienen y a qué precio. Mientras las empresas obtienen miles de millones en ganancias gracias a la rapidez con la que las vacunas contra la covid-19 se convierten en uno los productos farmacéuticos más vendidos en la historia de la humanidad, menos del 1 % de la población de los países de bajos recursos se ha vacunado [2]. Las tasas de incidencia y letalidad por covid-19 están aumentando en los países en vías de desarrollo que cuentan con muy pocos trabajadores de la salud y carecen de oxígeno para salvar vidas. Aun así, un pequeño grupo de países continúa negándose a insistir en que las farmacéuticas compartan la tecnología y el conocimiento o capacidad para producir las vacunas con otros fabricantes capacitados, renunciando a los derechos de propiedad intelectual. Esto incrementaría rápidamente el suministro de vacunas a un menor costo y prevendría la pérdida innecesaria de decenas de miles de vidas.

Se sabe y cada vez se habla más de cómo los monopolios farmacéuticos son un obstáculo para el incremento necesario y urgente de la producción de vacunas a nivel mundial. El precio de las vacunas no se ha debatido ni discutido tanto. Se ha hablado poco de si son precios justos y del papel que desempeñan en intensificar el apartheid de las vacunas.

En cierto modo, no debe sorprender que se preste poca atención al precio de las vacunas. En medio de una pandemia mundial, hay que priorizar, a toda costa, la protección de las vidas. Además, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los costos de la vacunación global se vuelven insignificantes en comparación con las repercusiones económicas de no hacerlo [3]. Sea cual fuere su costo, vale la pena gastar dinero en vacunas.

Por otra parte, tanto los países ricos como los países pobres se han visto perjudicados durante décadas porque las empresas farmacéuticas han fijado precios excesivos y abusivos para los medicamentos que mejoran la calidad de vida o la salvan, logrando que sean inasequibles para millones de personas [4]. Esto ocurrió hace 20 años con los medicamentos para tratar la infección por VIH, antes de que la competencia de genéricos redujese los precios en un 99 % [5]. Suponer que estas mismas empresas han cambiado de comportamiento para responder a la pandemia es, en el mejor de los casos, ingenuo; en especial, cuando los países más adinerados les han dado la oportunidad de obtener ganancias.

Los datos recopilados y analizados por The People’s Vaccine Alliance indican claramente que los precios elevados de varias de las vacunas contra la covid-19 no se pueden justificar. Los gobiernos están pagando más de lo que deberían, lo que significa que los directores ejecutivos y los accionistas de dichas empresas están agotando los valiosos presupuestos nacionales y las donaciones internacional sin necesidad; en un momento en que estos fondos se deberían destinar, con urgencia, a los hospitales y a los trabajadores de la salud, y en afrontar otros problemas causados por la pandemia. Los precios elevados también contribuyen de manera directa a la escasez extrema de vacunas en el hemisferio sur. Sin los presupuestos necesarios para competir con los compradores en los países ricos, los países de bajos y medianos recursos, así como el mecanismo COVAX, se han quedado al final de la fila para conseguir vacunas. La incapacidad de los países ricos para exigir una reducción de precios mediante el desmantelamiento de los monopolios de las vacunas y la transparencia de la fijación de precios ha permitido que las empresas farmacéuticas prioricen los contratos que les permiten maximizar sus ganancias, aun a expensas de muchas más muertes. Se va acumulando evidencia de que las empresas farmacéuticas prevén imponer precios aún más altos para las vacunas contra la covid-19.

El costo de vacunar a la población mundial es al menos cinco veces superior a lo que debería
Los monopolios de las vacunas restringen la producción global, y la falta de competencia conlleva el riesgo de que los precios se mantengan artificialmente altos. La presencia de múltiples proveedores compitiendo entre ellos, es el camino seguro para lograr la reducción, de manera sostenible, del precio de las vacunas [6]. El análisis de los precios que dice haber pagado COVAX —el mecanismo internacional establecido para ayudar a todos los países, en especial aquellos en vías de desarrollo, a obtener vacunas contra la covid-19— indica que se ha estado pagando, en promedio, un precio cinco veces superior al costo estimado de producir la vacuna de Pfizer/BioNTech, una de las más costosas del mercado [7]. En otros acuerdos, cuyos precios acordados son de conocimiento público, los gobiernos de todo el mundo parecen estar gastando por las vacunas entre 4 y 24 veces más de lo necesario.

Un análisis reciente de las técnicas de producción realizado por Public Citizen con ingenieros del Imperial College London [8] estima que las vacunas de ARNm de Pfizer/BioNTech y de Moderna se podrían producir en grandes cantidades a un costo de entre US$1,18 y 2,85 por dosis. Sin embargo, estas vacunas están entre las más costosas del mercado: se comercializan a un precio promedio de US$16,25 y entre US$19,20 [9] y US$24 por dosis, respectivamente [10].Utilizando modelos informáticos, los expertos estiman que instalar centros regionales para transferir la tecnología y fabricar 8.000 millones de dosis de vacunas de ARNm en un año costaría US$22.800 millones para la vacuna de Moderna (US$2,85 por dosis) y US$9.400 millones para la de Pfizer/BioNTech (US$1,18 por dosis) [11].

Si los monopolios de las vacunas no restringieran el suministro y el precio de la vacuna de Pfizer equivaliera al costo estimado de producirla, los US$9.300 millones que ha gastado COVAX hubieran sido suficientes para vacunar completamente a toda la población de los países de bajos y medianos recursos [12]. En cambio, COVAX solo pudo comprar dosis para el 23 % de las personas de ciertos países en vías desarrollo que reunieron los requisitos para recibirlas [13].

COVAX, y sus dos coordinadores Gavi, la Alianza para las Vacunas, y CEPI (la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias) deben asumir una gran parte de responsabilidad por no haber exigido a las empresas farmacéuticas que redujeran los precios de sus vacunas y por no haber desafiado los monopolios de las vacunas. Médicos sin Fronteras (MSF) señala que cuando mencionaron por primera vez que obtendrían grandes cantidades de vacunas contra la covid-19 para los países en vías de desarrollo, Gavi aseguró que se pediría a los fabricantes que se comprometieran a ser transparentes con sus costos, y que la propia alianza Gavi procuraría fijar un precio basado en el costo de producción más un incremento marginal. Sin embargo, en las directrices técnicas se incluyeron muy pocos de estos requisitos [14]. MSF y más de 40 organizaciones de la sociedad civil, exhortaron a Gavi para que no repitiera los errores cometidos al establecer los compromisos de compras anticipadas (Advanced Market Commitments o AMC, por sus siglas en inglés) de las vacunas contra la neumonía infantil, las cuales se vendieron a precios inasequibles para gobiernos y para las entidades que prestan servicios de salud, como MSF, durante más de diez años [15].

Además de pagar precios innecesariamente elevados, COVAX se ha caracterizado por ser poco transparente, tanto en la determinación de los precios como de los costos de producción. Asimismo, impidió la participación de la sociedad civil y de los países de bajos y medianos recursos en los procesos de desarrollo de su estrategia, negociaciones y toma de decisiones. COVAX tampoco respaldó otros mecanismos para maximizar el suministro, en especial la iniciativa de la OMS conocida como Acceso mancomunado a la tecnología contra la covid-19 (WHO COVID-19 Technology Access Pool), el mecanismo para compartir la tecnología y el conocimiento para implementarla, y para otorgar licencias en materia de derechos de propiedad intelectual. En todo momento, en su calidad de asociaciones público-privadas, Gavi, COVAX y CEPI, su socio principal, han mantenido una relación muy estrecha con la industria, pues, al parecer, preferían acuerdos convenientes y a puertas cerradas en lugar de exigir que las empresas hicieran lo correcto y priorizasen el suministro de las vacunas a COVAX, a un precio equivalente o cercano al costo de producción. En su informe sobre las inversiones, COVAX indica tener incluso menos intenciones de desafiar los precios excesivos, pues indica que en el futuro estaría dispuesta a pagar más para garantizar la adquisición anticipada de mayores cantidades [16]. A nuestro entender, ningún financiador de COVAX ha cuestionado o criticado públicamente la posible malversación de la limitada ayuda financiera por los precios excesivamente elevados de las vacunas.

Las empresas farmacéuticas y los gobiernos de los países ricos hacen que los países de menores recursos pierdan la competitividad y queden relegados al final de la fila
Los principales responsables de la escasez y el sobreprecio de las vacunas son los gobiernos de los países ricos y los organismos internacionales que estos financian, como COVAX y las instituciones que lo integran, por ejemplo, CEPI. El conjunto de estos actores no logró imponer las cláusulas necesarias a los más de US$100.000 millones provenientes del bolsillo de los contribuyentes que se destinaron al financiamiento de la investigación y desarrollo de las vacunas, así como a los compromisos anticipados de compra [17]. Tales cláusulas de acceso podrían haber garantizado que todos los productos exitosos se consideraran bienes públicos universales, estuvieran libres de derechos de propiedad intelectual, y contaran con el compromiso de las empresas o gobiernos que las desarrollaron para compartir la tecnología y el conocimiento para desarrollar las vacunas para que otros fabricantes calificados y capacitados a nivel mundial pudieran producirlas a la mayor brevedad. Una política de competencia abierta habría aumentado el suministro de las vacunas y provocado una baja de los precios. En 2021 se podrían haber producido muchos millones de dosis adicionales. Debido a la escala de la financiación pública y de la crisis mundial, se podrían, y se deberían haber movilizado más fondos con cláusulas que garantizasen la transferencia planificada de tecnología a gran escala y no exclusiva, así como el aumento de las inversiones en la capacidad de producción para garantizar que desde el principio se vendieran las vacunas a un precio igual o cercano al costo de fabricación. Aun teniendo en cuenta la incertidumbre en los primeros días de la pandemia, los datos de los ensayos clínicos publicados en el último trimestre de 2020 indicaban claramente que las nuevas vacunas serían seguras y eficaces. En aquel entonces, los gobiernos de los países ricos, en lugar de atesorar las dosis para ellos mismos, deberían y podrían haber destinado sus recursos, tanto económicos como políticos, a incrementar significativo de la producción mundial de vacunas a fin de garantizar que hubiera dosis suficientes para todos.

Sin estas cláusulas, las vacunas contra la covid-19 que han sido financiadas en gran parte por la población se han privatizado y monopolizado, de modo que se les otorgó a las empresas farmacéuticas la facultad de fijar los precios sin someterlas a ningún tipo de control. Algunas cobran precios muy diferentes a distintos compradores, lo cual demuestra que los precios no guardan relación alguna con el verdadero costo de producción. Asimismo, algunos países de altos ingresos parecen haber estado dispuestos a abonar precios más elevados de lo necesario para colocarse al principio de la fila para obtener vacunas. De este modo, contribuyeron de manera directa a la escasez de vacunas para los países de bajos y medianos ingresos.

Según los precios registrados en los países que proveen acceso a los datos, Pfizer/BioNTech ha estado cobrando un precio entre 6 y 24 veces mayor al costo estimado de producción de sus vacunas. De acuerdo con los informes, el precio más bajo fue el que le cobró a la Unión Africana: US$6,75 por dosis, lo cual sigue siendo casi 6 veces superior al costo estimado de producción. El precio más alto lo pagó Israel: US$28 por dosis [18].

Moderna, que recibió fondos públicos para financiar la investigación y la elaboración de sus vacunas y trabajó con científicos de instituciones estatales [19], parece haber cobrado a los países un precio entre 4 y 13 veces superior al costo estimado de su vacuna. El precio más bajo registrado fue el impuesto al gobierno de EE UU, que osciló entre US$12 y 16,5 por dosis [20], aunque declaró haber cobrado a algunos clientes hasta US$37 por dosis [21]. Al parecer, reserva algunos de sus precios más elevados para los países de menores recursos que tienen menos posibilidades de pagarlos, y que han experimentado un aumento de las tasas de incidencia y letalidad, y casi no tienen acceso a las vacunas. Según lo informado, Colombia pagó US$30 por dosis, es decir, el doble de lo que se cobró al gobierno de EE UU [22]. Se afirma que Sudáfrica rechazó la inasequible oferta de Moderna de hasta US$42 por dosis [23].

El análisis realizado por Public Citizen con los ingenieros de Imperial College ofrece una comparación útil entre el costo y el precio de las nuevas vacunas de ARNm, e indica que no existe justificación alguna para que los precios sean tan elevados. A nuestro entender, no se llevó a cabo ningún análisis equivalente sobre el costo de producción de otras vacunas contra la covid-19 que no utilizan la tecnología del ARNm. Sin embargo, el precio que se ha pagado por una amplia selección de vacunas para otras enfermedades diferentes a la COVID-19 puede ser un punto de referencia práctico, por no decir perfectamente comparable. Según un análisis de 2018 publicado en The Lancet que utilizó datos de la OMS, los países en vías de desarrollo pagaron en promedio US$0,80 por dosis de otras vacunas al comprarlas a través de UNICEF [24]. Por las vacunas contra la covid-19, incluso una de las vacunas más económicas del mercado, la de Oxford/AstraZeneca, tiene un precio casi cuatro veces superior al mencionado anteriormente: el más divulgado es de US$3 por dosis [25]. Johnson & Johnson afirma que el precio de su vacuna es sin ánimo de lucro [26] y la vende a US$10 por dosis, es decir 13 veces más. Al parecer, Senegal, un país de bajos recursos, pagó US$20 por dosis de la vacuna Sinopharm [27], es decir, el precio medio que pagaron los países en vías desarrollo por las vacunas antes de la pandemia multiplicado por 25. Las vacunas de Pfizer/BioNTech y de Moderna son hasta 46 veces más caras.

El nivel abismal de transparencia que los gobiernos exigen a las empresas farmacéuticas, la exigencia de confidencialidad absoluta que imponen las farmacéuticas a cambio del acceso temprano a las vacunas, y la lamentable falta de transparencia por parte de los propios gobiernos impiden monitorea con precisión los precios que fija la industria para las vacunas. Sin embargo, la información proporcionada en los párrafos anteriores y la magnitud de la catástrofe que enfrentan los países hacen que recaiga sobre las empresas la obligación de justificar que las vacunas contra la covid-19 cuesten más de US$1 o 2 por dosis. Es responsabilidad de los gobiernos insistir en que las empresas proporcionen las pruebas; sería ideal que fuese a través de auditorías independientes de terceros. Desde el principio, esto debería haber sido un requisito para la financiación pública del desarrollo, fabricación y distribución de dichas vacunas.

El análisis de mercado también pone de manifiesto que los precios de las vacunas y los medicamentos solo disminuyen de manera sostenida cuando existen múltiples ofertantes que compiten entre ellos (véase abajo). La solución al problema del acceso a dichas vacunas supone desmantelar los monopolios farmacéuticos de las vacunas, las pruebas de detección y los tratamientos de la covid-19 y exigir la transferencia de tecnología y el conocimiento para fabricarlas a un mayor número de productores en países en vías de desarrollo mediante un mecanismo coordinado, transparente y no exclusivo, como el Acceso mancomunado a la tecnología contra la COVID-19 de la OMS. Solo de este modo aumentará el suministro de vacunas y se reducirán los precios a los niveles más bajos posibles de manera sostenible.

Al no lograrlo, las empresas farmacéuticas se sienten libres para priorizar a los países más ricos, con mayor volumen de compra a precios elevados, a expensas de proteger más vidas en más países. El mecanismo COVAX y los países en vías de desarrollo no pueden competir, en absoluto, con los elevados precios que los países más desarrollados están dispuestos a pagar. Por lo tanto, se ven relegados al final de la fila para recibir las vacunas. Moderna y Pfizer/BioNTech son los mayores culpables. Hasta el momento, Pfizer/BioNTech han asignado apenas el 8% de sus suministros globales a países de escasos y medianos recursos, incluyendo a COVAX y la Unión Africana. En el caso de Moderna, ha sido solo el 7 %.[28] En total, hasta la fecha, los países de escasos recursos han vacunado a menos del 1 % de su población con una sola dosis [29]. Se espera que aquellos que viven en los países ricos que integran el G7 cuenten con el esquema de vacunación completo para enero de 2022, mientras que, al ritmo que se está vacunando ahora, los países de bajos recursos tardarán 57 años en alcanzar la misma cobertura [30].

Asalto a los valiosos presupuestos públicos para generar fortunas multimillonarias con las vacunas
Los elevados precios son un problema sumamente grave porque los países necesitarán vacunar a la gran mayoría de sus poblaciones, a lo mejor de manera regular. Las vacunas, a los precios vigentes, son muy costosas para muchas naciones, lo que podría traducirse en porcentajes bajos de vacunación, lo que permitiría que el virus siga propagándose.

Debido a que COVAX solo tiene como objetivo ayudar a alcanzar hasta un 27 % de la vacunación en los países que reúnen los requisitos, los países en vías de desarrollo, que cuentan con recursos limitados y que hoy en día se enfrentan a la catástrofe económica causada por la pandemia, no tienen ninguna posibilidad de obtener las cantidades de vacunas que necesitan. El motivo es evidente. Uganda, uno de los países menos desarrollados, gasta apenas US$6,83 por persona y por año en salud. Eso corresponde a US$0,08 más del precio que abonó la Unión Africana por cada dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Si Colombia vacunara a toda su población pagando los precios impuestos por Moderna, requeriría el 16% del presupuesto público total. Aun así, se calcula que lo que Colombia abonó a cambio de las vacunas de Moderna y de Pfizer/BioNTech, representa un exceso de US$375 millones sobre el precio estimado de costo de producción [31].

Es posible que, en relación al costo estimado de producir la vacuna de Pfizer/BioNTech, Sudáfrica haya pagado un exceso de US$177 millones por sus 20 millones de dosis. Simplemente el exceso de pago sería suficiente para completar el esquema de vacunación de todos los sudafricanos restantes con vacunas compradas a un precio equivalente al costo estimado de producir de la vacuna de Pfizer/BioNTech, y sobraría una cantidad más que suficiente de vacunas para destinar a todas las poblaciones vecinas de Zambia y Namibia.[32]

La Unión Africana demostró tener capacidad de negociación y obtuvo el precio más bajo, según lo registrado hasta la fecha, a cambio de 50 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech [33], pero este sigue siendo 6 veces mayor al costo estimado de producción y podría implicar un pago excesivo de US$279 millones.

Los países en vías de desarrollo no tienen los medios para pagar los precios impuestos por los monopolios de vacunas. Por tanto, resulta escandaloso que se los obligue a asaltar sus presupuestos públicos, considerablemente agotados, que deberían utilizar para reforzar los servicios de salud y prevenir el aumento de la pobreza y del hambre, para contribuir a las descomunales ganancias de empresas farmacéuticas, que ya son millonarias y poderosas. Asimismo, es esencial que la ayuda externa, que incluye el fondo US$12.000 millones del Banco Mundial para otorgar préstamos y subvencionar a los países de bajos y medianos recursos para que compren vacunas contra la covid-19 [34] no sirva para llenar los bolsillos de los que se han vuelto multimillonarios gracias a las vacunas, sino que financie, en la medida de lo posible, los servicios y a los trabajadores de la salud, para garantizar que quienes necesitan las dosis puedan acceder a ellas. Se ha observado que la Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) ha tenido que contribuir a financiar los 500 millones de dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech para los países de bajos y medianos recursos, conforme a lo anunciado por el presidente Biden en la cumbre del G7 en junio de 2021 [35]. Para ello ha utilizado el presupuesto de US$1.500 millones que tenía asignado para ayudar a que ciertos países a distribuir las vacunas y obtener los medicamentos e indumentaria de protección personal para evitar el contagio con covid-19 [36].

No obstante, como el gasto público y los presupuestos para los servicios esenciales se dispararon a nivel mundial, el sobreprecio de las vacunas también genera preocupación para los países ricos. En estos casos, el monto de los sobrepagos también es asombroso.

En Canadá, se afirma que el gobierno adquirió 20 millones de dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca a US$8,18 por dosis [37]. Dado el compromiso de Oxford/AstraZeneca de no lucrar con la vacuna, cuyo precio más difundido ronda alrededor de los US$3 por dosis [38], se estima que el gobierno pagó, por lo menos, US$100 millones de más a AstraZeneca.

En el Reino Unido, donde se adquirieron 100 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech[39] a £15 libras por dosis y 17 millones de las de Moderna a £25 libras por dosis [70] se calcula que el gobierno pudo haber pagado £1.800 millones por encima del costo estimado de producción de ambas vacunas. Esto bastaría para pagarle a cada trabajador del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido un bono superior a £1000 [41]. EE UU adquirió 300 millones de dosis de Pfizer/BioNTech a US$19,50 y 500 millones de dosis de Moderna a US$25 [42], lo cual implica que el gobierno pagó un exceso estimado de US$17 400 millones sobre los costos de producción.

Al parecer, la Unión Europea no tuvo éxito en sus negociaciones. Las economías de escala suponen que, dado el gran volumen de vacunas que se deben fabricar, los costos de producción deberían disminuir con el tiempo. Además, al efectuar un segundo o tercer pedido de grandes cantidades, los gobiernos deberían poder negociar precios más bajos. Pero, en el caso de la Unión Europea, sucedió lo contrario. Aparentemente, en su primer pedido de 600 millones de vacunas, pagó €15,50 por vacuna a Pfizer/BioNTech. Luego, en el pedido posterior de 900 millones de vacunas, el precio aumentó a €19,50 por dosis [43]. Teniendo en cuenta estos pagos y los que hizo por los 460 millones de dosis de Moderna a un precio, según lo informado, €14,80 por dosis, se estima que la UE ha pagado un exceso de €31 000 millones sobre los costos estimados de producción de las de ARNm contra la covid-19. Esto representa el 19 % del presupuesto total de la UE para 2021.

Si los costos de las vacunas se distribuyan de manera proporcional al número de habitantes de cada estado miembro (incluso los miembros del Espacio Económico Europeo que forman parte del mecanismo), se estiman que los diferentes países de la UE tendrán el siguiente exceso de gastos:

A pesar de los precios elevados, parece que los negociadores de la UE ni siquiera contemplaron cuestionar los monopolios farmacéuticos sobre las vacunas. El principal negociador de la UE, Clement Auer, declaró: «Nos encomendaron la tarea de comprar vacunas, no de debatir los derechos de propiedad intelectual. La comunidad global debería haberlo hecho en 2020, pero eso no sucedió. Quizás tendríamos que haberlo discutido el año pasado, pero ahora es demasiado tarde. A lo hecho, pecho» [44]. De hecho, las pautas de negociación de la Comisión Europea detallaban que «la Comisión intentará promover con la industria farmacéutica las cuestiones relacionadas al intercambio de propiedad intelectual, en especial cuando dicha propiedad intelectual se haya desarrollado con fondos públicos» [45].Al parecer, se han ignorado estas pautas.

Ahora hablaremos sobre los destinatarios de este enorme gasto público.

Con frecuencia, las empresas farmacéuticas afirman que sus ingresos y ganancias se reinvierten en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos que salven o mejoren la vida de las personas. No obstante, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca, en los últimos 12 meses, han invertido US$26.000 millones en pagar dividendos a sus accionistas y hacer recompras de acciones [46]. Desde el comienzo de la pandemia, Moderna, BioNTech y CanSino, fabricantes de exitosas vacunas contra la covid-19, han logrado que al menos nueve personas se convirtieran en nuevos multimillonarios gracias a las vacunas. El patrimonio neto combinado de estas personas alcanza los US$19.000 millones, según indica nuestro análisis de la lista de Forbes sobre los principales multimillonarios del mundo de 2021 [47].

Aparte de los nuevos multimillonarios gracias a las vacunas, había otros ocho con una gran cartera de valores en empresas farmacéuticas que fabrican vacunas contra la covid-19 y que, en conjunto, registraron un aumento de su patrimonio de US$32.200 [48].

Los precios de las acciones de gran parte de las empresas farmacéuticas que fabrican dicha vacuna han mostrado una tendencia en alza desde el año pasado, en especial las de BioNTech y Moderna [49]. Se espera que sus vacunas de ARNm se conviertan en dos de los tres productos farmacéuticos más vendidos en el mundo, e incluso quizás en la historia de la humanidad, y dichas compañías proyectan que en 2021 generarán ganancias por la venta de vacunas de US$19.200 millones [50] y US$26.000 millones [51] respectivamente.

Los análisis de estos mismos pronósticos de ventas a nivel mundial de Pfizer/BioNTech y Moderna indican que este año, gracias a su monopolio sobre las vacunas eficaces, estas empresas podrían cobrar a los gobiernos hasta US$41.000 millones por encima de los costos estimados de producción. Esta cifra no incluye los ingresos adicionales [52] que BioNTech pueda obtener a partir de sus ventas directas a países como Alemania y Turquía [53].

Tan solo el posible exceso de pago a Pfizer/BioNTech, que se ha estimado en US$24.000 millones bastaría para completar el esquema de vacunación de la población mundial si las vacunas se comercializaran a un precio equivalente al costo estimado de producción de US$1,18 por dosis; e incluso sobrarían US$4.600 millones para ayudar a los países a implementar el plan de vacunación [54].

Los planes para acabar con los presupuestos públicos no terminan aquí: hay pruebas de que las empresas farmacéuticas planean fijar precios aún más altos en el futuro. El director ejecutivo de Pfizer declaró que la vacuna es una gran oportunidad comercial y que las eventuales dosis de refuerzo podrían suponer una fuente sostenida de ingresos para la empresa [55]. En una convocatoria de inversionistas del 2 de febrero de 2021, los ejecutivos de Pfizer indicaron que la farmacéutica procuraría establecer un precio más alto por las dosis de refuerzo, en especial si estas fueran necesarias tras concluir la pandemia [56]. Según la empresa, una vez que esto suceda, «Obviamente, obtendremos más en términos de precios. Y sin duda… es una gran oportunidad para que esos márgenes mejoren una vez superado el entorno pandémico». Mencionó que el precio habitual que les pagan por las vacunas está entre US$150 y US$175 por dosis [57]. Si Pfizer cobrase estos precios para las dosis de refuerzo, como ha propuesto, estas costarían 148 veces más que el costo de producción que estimaron los expertos de Public Citizen y de Imperial College.

Debido a que las empresas farmacéuticas anticipan que pueden cobrar precios muy altos por estas dosis, se continuarán priorizando las ventas a los países ricos en lugar de abordar la escasez de vacunas en el resto del mundo. Las ganancias obtenidas de la venta de dosis de refuerzo resultan simplemente demasiado tentadoras para actuar de otra manera.

Evidencia previa: desmantelar monopolios salva vidas
Es frecuente que las empresas farmacéuticas utilicen sus monopolios para cobrar precios excesivos por sus productos, independientemente de las repercusiones que su accionar pueda tener en la salud de las personas. Al rehusarse a exigir que estos monopolios maximicen el suministro y reduzcan sus precios, los gobiernos de los países ricos han repetido los mismos errores fatales del pasado.

Hace veinte años, en medio de la crisis del VIH, el tratamiento que salva vidas estaba disponible en los países ricos, aunque a un precio de entre US$10.000 y US$15.000 por paciente y por año, y estaba fuera del alcance de millones de las personas que murieron innecesariamente en países de bajos y medianos ingresos [58]. A partir del año 2000, aumentó de manera drástica el acceso a los antirretrovirales que tratan el VIH, y en el 2020 hay más de 27,5 millones de personas en tratamiento [59]. Para eso fue necesario obtener una reducción radical de los precios de dichos medicamentos, y se logró a través de la movilización política para permitir la producción competitiva de versiones genéricas de medicamentos protegidos por patentes [60]. La competencia redujo el precio del tratamiento de primera línea para el VIH en un 99 %, pasó de US$10.000 a tan solo US$67 por paciente y por año [61]. El mantener la protección por patentes en los países ricos como EE UU implicó que, para 2018, el tratamiento de primera línea que la OMS recomendó ese mismo año para personas con VIH-1 estuviese disponible a tan solo US$27 en Georgia, pero costase hasta US$20.130 por persona y por año en EE UU [62].

En 2008, el 95 % de los tratamientos de VIH que se financiaban con ayuda externa a nivel mundial eran genéricos, sobre todo provenientes de la India [63]. Para entonces, los donantes comprendieron que sus presupuestos de ayuda podrían ir mucho más allá y ayudar a salvar millones de vidas adicionales a través de la adquisición de genéricos de bajo costo en lugar de medicamentos patentados a precios elevados.

La neumonía es la principal causa de muerte en los niños menores de cinco años, y la vacuna antineumocócica conjugada (PCV, por sus siglas en inglés) es una herramienta fundamental para proteger a los niños de esta enfermedad, así como para salvar vidas. Se estima que el uso mundial de la vacuna PCV podría salvar anualmente a 400.000 niños adicionales en los países de bajos y medianos recursos [64]. Sin embargo, a pesar de que en 2007 Gavi estableció compromisos anticipados de compra con el objetivo de fomentar la competencia entre los fabricantes y reducir el precio de dicha vacuna, se cometieron varios errores que hicieron que apenas dos productores mantuvieran un duopolio de la vacuna durante diez años adicionales, lo que les permitió conservar sus precios elevados [65]. Mientras Gavi negociaba un precio con descuento, pero alto, de alrededor US$9 por dosis, varios países de medianos recursos que no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda de Gavi seguían sin poder pagar dichos precios [66, 67]. El precio elevado de la vacuna hizo que en 2019 alrededor de un tercio de los países no hubieran podido incluir la vacuna PCV en sus calendarios nacionales de vacunación [68, 69]. El precio para los gobiernos se desplomó a US$3 por dosis en diciembre de 2020, cuando una tercera empresa, Serum Institute de la India, comenzó a producir la vacuna [70, 71].

En su informe anual sobre el mercado mundial de las vacunas, la OMS confirma que el aumento de la competencia entre los proveedores, en especial entre los fabricantes de vacunas de los países en vías de desarrollo, es fundamental para que disminuyan los precios [72]. Afirma que los fabricantes de dichos países ofrecen todas las vacunas a un precio medio inferior que el de las empresas farmacéuticas multinacionales que forman parte de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA). En 2018, las vacunas producidas por fabricantes de países en vías de desarrollo costaban hasta 26 veces menos que las mismas vacunas producidas por los miembros de la IFPMA [73]. Un estudio reciente realizado por la FDA descubrió que, entre 2015 y 2017, la presencia de seis o más empresas compitiendo en el mismo mercado, lograba que los fabricantes de genéricos redujeran sus precios medios en un 95 % [74].

Desafortunadamente, la comunidad internacional, que ha experimentado el daño causado por los monopolios farmacéuticos, así como el éxito de la competencia de los genéricos en aumentar el suministro y reducir los precios, ha decidido ignorar, en gran medida, dichas experiencias durante la pandemia por covid-19, en detrimento de la vida y sustento de las personas. Esto no solo es difícil de comprender, sino que también resulta totalmente inaceptable.

El camino más rápido y económico hacia la vacunación universal
El mundo enfrenta a una segregación racial de vacunas. Es cierto que existen vacunas eficaces y que salvan vidas que se han financiado con fondos públicos, pero miles de millones de personas se encuentran desprotegidas y corren el riesgo de contraer la enfermedad o incluso morir por no poder acceder a ellas.

La privatización y la monopolización de la ciencia y de la tecnología de las vacunas, el mercantilismo por parte de las farmacéuticas y el accionar imperdonable de los gobiernos de países ricos son responsables de la escasez y la desigualdad en el acceso a las vacunas. Los habitantes de países de bajos y medianos recursos se han quedado sin las vacunas que necesitan, los países de ingresos altos pagan precios excesivos por dichas vacunas, y la población mundial sigue corriendo el riesgo de que se generen nuevas variantes resistentes a las vacunas.

La comunidad internacional no puede volver a tomar las decisiones equivocadas, establecer los compromisos, acumular vacunas y permitir la avaricia que hemos observado durante los últimos dieciocho meses. No obstante, debido a que las tasas de incidencia y de letalidad se incrementan en los lugares del mundo donde menos se puede acceder a las vacunas, es responsabilidad de los gobiernos no sólo aprender de los errores pasados, sino aprender de los éxitos de las últimas dos décadas. Se debe actuar inmediatamente para ofrecer la vacuna a todas las personas, es decir, una vacuna gratuita que esté disponible a nivel mundial tan pronto como sea posible, cuya prioridad de acceso esté supeditada a la necesidad, en lugar de a la capacidad económica.

The People’s Vaccine Alliance solicita:

• La redistribución inmediata de vacunas contra la covid-19 por parte de los gobiernos de países ricos antes de aplicar las dosis de refuerzo. Esto tiene como objetivo garantizar que, por lo menos, todos los trabajadores de la salud y los grupos de riesgo estén protegidos, en todas partes del mundo. Esta medida es temporal pero indispensable.

• Un incremento rápido de la divulgación de lo que es necesario conocer para la fabricación de las vacunas y de la transferencia de la tecnología. Esto se debe hacer a través de licencias «transparentes, no exclusivas y abiertas al escrutinio público». Así, la producción aumentará y los precios disminuirán. Para lograr esto, los gobiernos, en especial aquellos donde se encuentran las compañías farmacéuticas con las tecnologías de las vacunas exitosas, deben:

  1. Utilizar, de manera urgente, todas las herramientas políticas y jurídicas disponibles para exigir que todas las compañías acceder a la tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS. Además, se deberían ofrecer incentivos para- financiar la transferencia de tecnología.
  2. Proporcionar recursos políticos, técnicos, humanos y financieros a C-TAP para maximizar su efectividad y acelerar de su funcionamiento.
  3. Compartir el conocimiento para usar la tecnología de ARNm con el nuevo centro de transferencia de tecnología de ARNm de Sudáfrica de manera no exclusiva.
• Acordar inmediatamente, a nivel de la Organización Mundial del Comercio, que se suspendan temporalmente las normas de propiedad intelectual para todas las tecnologías relacionadas con la covid-19 según lo propuesto por los gobiernos de India y Sudáfrica. Los gobiernos, incluyendo el Reino Unido y Alemania, junto con la Unión Europea deben dejar de impedir y obstaculizar la propuesta de la renuncia temporal a los derechos de dicha propiedad.
• Un gran aumento en la financiación pública internacional para ampliar la capacidad de producción en los países de bajos y medianos recursos a fin de que nunca más vuelvan a depender de la buena voluntad de los países ricos para acceder a vacunas y otras tecnologías que pueden salvar vidas en una pandemia.