En la mayoría de los países, la respuesta a la pandemia ha sido apresurada y no se han abierto los espacios de dialogo que hubieran sido necesarios para dar credibilidad a las recomendaciones de los gobiernos y lograr la adherencia de la población. En números previos del boletín hemos relatado ejemplos de científicos que han sido censurados. Más recientemente, el Guardian [1] publicó una nota sobre la censura de Twitter a Carl Heneghan, un epidemiólogo, profesor de medicina basada en la evidencia en Oxford. Twitter lo sacó de la red por publicar un estudio que sugería que el número de muertes que se dice que han sido causadas por el covid podría haber sido exagerado. Su conclusión era que se desconocía el número de muertes porque las estadísticas de salud del Reino Unido utilizan definiciones incoherentes. Esto bastó para que lo señalaran y le pusieran la etiqueta de anti-vacunas, aunque poco después la red lo volvió a admitir.

Heneghan no es un radical, simplemente ha estado cuestionando como la respuesta a la pandemia afecta a las personas más vulnerables, por ejemplo ¿cómo afecta la soledad a las personas mayores? ¿Qué pasa cuando se interrumpe el tratamiento de los enfermos mentales? ¿Qué puede hacer un ciudadano responsable para proteger a los demás, sin aislar a los que ya están aislados?

El Guardian usa este ejemplo para demostrar que la crisis de la desinformación no se soluciona adoptando normas generales, sino que hay que confiar en expertos, y afirma que el experimento de separar la génesis de información de los procesos de divulgación ha fracasado. Hay que confiar en la información que proveen los expertos en los temas de interés.

Un estudio que se acaba de publicar [2] documentó el acoso y las amenazas que sufrieron los especialistas en salud pública en EE UU, entre marzo de 2020 y enero de 2021. El 57% de los departamentos locales de salud que respondieron a la encuesta habían sufrido 1.499 episodios de acoso, y 222 personas abandonaron sus trabajos (el 36% de los abandonos se relacionaron con el acoso). Los expertos en salud pública dijeron que factores estructurales y políticos socavaron su capacidad para ejercer su trabajo profesional, sintieron que ignoraban el conocimiento que podían aportar, y sufrieron insultos y quedaron decepcionados.

De los que dijeron haber sufrido acoso, el 24% declaró haber sufrido reacciones en las redes sociales; el 6% recibió mensajes personales; el 6% dijo haber recibido amenazas contra su propia seguridad o la de su familia; y el 2% dijo que su información personal se había compartido públicamente en línea, un tipo de ataque conocido como doxxing. “Recibo mensajes amenazantes de personas que dicen que me están vigilando. Han seguido a mi familia al parque y han sacado fotos de mis hijos“, dijo un funcionario. “Sé que mi trabajo es estar al frente hablando de la importancia de la salud pública: educar a la gente, mantenerla a salvo. Ahora me asusta un poco… cuando empiezan a fotografiar a mi familia en público, tengo que pensar si vale la pena“.

Los autores concluyen diciendo que para tener servicios de salud pública de calidad hay que reducir el menoscabo, el ostracismo y los actos de intimidación contra los funcionarios. Recomiendan “capacitar a los líderes para que respondan a los conflictos políticos, establezcan redes de apoyo a los colegas, apoyen a los trabajadores que son víctimas de acoso, inviertan en personal e infraestructura de salud pública a largo plazo y establezcan sistemas de notificación de la violencia en el lugar de trabajo y protecciones legales”.