La agencia que controla los medicamentos en el Reino Unido debe reforzar su política de conflictos de interés, esto tras conocerse que seis de los miembros de su junta directiva reciben pagos de la industria farmacéutica.

Miembros de la junta directiva que supervisan la “dirección estratégica” del ente regulador tienen intereses financieros en empresas, incluyendo en grandes farmacéuticos estadounidenses y saudíes, así como en empresas que quieren entrar en el mercado de la salud del Reino Unido. Algunos ofrecen servicios de consultoría, mientras que otros están involucrados en la dirección o poseen acciones en empresas de medicamentos y dispositivos médicos, según las declaraciones oficiales de conflictos de interés [1].

No hay indicios de que se hayan cometido delitos, pero los hallazgos han suscitado preocupación por la percepción de conflictos de interés entre los altos cargos de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para la Salud (MHRA), que forma parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social y es responsable de regular los medicamentos y dispositivos médicos, y de garantizar su seguridad.

La MHRA afirmó que “para ser un regulador eficaz” necesita “incluir las perspectivas adecuadas de diversas partes de la industria, el mundo académico, el público y otros ámbitos”, y añadió que las reuniones de la junta directiva se celebran en público y los miembros no ejecutivos del consejo -que son los que tienen estos posibles conflictos- no participan en “ningún trabajo o decisión relacionados con la regulación de ningún producto”.

Sin embargo, los críticos han expresado preocupación por la posibilidad de sesgo -o la percepción del mismo- y han solicitado que las normas sobre los conflictos de interés sean más estrictas para quienes trabajan en la regulación farmacéutica.

La junta ayuda a establecer las prioridades estratégicas y asesora sobre la implementación de políticas, por lo que sus miembros podrían tener acceso a información que les podría ser útil para su trabajo en las organizaciones externas.

David Rowland, director del Centro para la Salud y el Interés Público (Centre for Health and the Public Interest), afirmó que los reguladores deben ser “más puros que el blanco” para mantener “la confianza absoluta del público”, sobre todo cuando son responsables de “autorizar productos y dispositivos nuevos que podrían ser innovadores”.

“Durante la pandemia mucha gente ha cuestionado la confiabilidad y seguridad de las vacunas y otros tratamientos“, dijo. “Cuando la gente empieza a pensar que se pueden obtener beneficios económicos, es muy difícil recuperar esa confianza“.

De los 16 miembros de la junta directiva, seis han declarado intereses financieros en empresas farmacéuticas o de dispositivos médicos, o en empresas que trabajan para ellas, según el análisis de los informes oficiales de transparencia que publicó el Observer en febrero.

Todos, menos uno de los seis se incorporaron a la junta en septiembre y es Ministerio de Salud aprobó cada uno de los nombramientos.

Según los registros, el Dr. Junaid Bajwa, jefe de ciencias médicas de Microsoft, es también director no ejecutivo de Ondine Biomedical, una empresa canadiense de ciencias de la vida, y de Nahdi Medical, un minorista farmacéutico saudí. También posee acciones de la empresa farmacéutica Merck Sharp and Dohme y es asesor remunerado de la empresa suiza Novartis.

El Dr. Paul Goldsmith es accionista y director de Closed Loop Medicine, que desarrolla productos para la hipertensión y el insomnio, según su página web. Posee acciones de Summit Inc, una empresa que investiga y desarrolla fármacos, y de Ieso, que tiene la intención de solicitar el permiso de comercialización para sus herramientas digitales autónomas -terapia de inteligencia artificial.

Raj Long ofrece servicios de “consejería [remunerada] sobre acceso” a Huya Bio, una empresa china que quiere facilitar “que el desarrollo de medicamentos sea más rápido, más rentable y de menor riesgo en los mercados globales”, y es accionista de Bristol Myers Squibb y Novartis, mientras que Amanda Calvert, que ha sido directora no ejecutiva de la junta de la MHRA desde 2019, es la directora de Quince Consultancy, entre cuyos clientes hay empresas farmacéuticas.

Haider Husain, nombrado al consejo de la MHRA como “director no ejecutivo asociado, sin derecho a voto”, es director de operaciones de Healthinnova, que ofrece servicios de consultoría sobre “cómo obtener el máximo valor de las inversiones en salud digital”.

Por su parte, el profesor Graham Cooke, vicepresidente de la junta directiva de MHRA, es asesor remunerado de dos empresas de dispositivos médicos, y asesor no remunerado de una tercera: DnaNudge, que ofrece productos dietéticos adaptados al ADN, además de ser proveedor de pruebas rápidas de covid-19.

La MHRA tiene una estricta política de conflictos de interés para su personal y está revisando sus normas para los miembros de sus comités de expertos, como la Comisión de Medicamentos para Uso Humano y los consejos consultivos de medicamentos herbales y homeopáticos, para garantizar que “los expertos que nos asesoran sean independientes e imparciales”.

Pero la semana pasada dijo que no tenía previsto revisar las políticas de los miembros no ejecutivos de la junta directiva, que en este momento pueden tener vínculos con la industria, siempre que los declaren.

Otros reguladores, como la Comisión del Juego, prohíben que los miembros de las juntas directivas acepten pagos de empresas del sector del juego o posean acciones en ellas.

Y la semana pasada, un director no ejecutivo del consejo de administración de la Autoridad de Aviación Civil, cuyo nombramiento fue aprobado por el Departamento de Transporte, dimitió debido a un posible conflicto de interés por poseer acciones de la empresa matriz de British Airways.

Harry Cayton, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Normas Profesionales (Professional Standards Authority), dijo que contar con figuras de la industria como miembros de la junta aportaba valor, y que “seguramente [habría] cierto nivel de intercambio”. “La cuestión no es si está usted en el consejo de la MHRA, sino si toma decisiones relacionadas con sus intereses”, dijo.

Sin embargo, el profesor John Abraham, experto en regulación médica y exasesor de políticas, pidió que se exija a los implicados en la regulación sanitaria que renuncien a “todos los conflictos de interés financiero directos y personales” para mantener la confianza del público.

“La respuesta de los reguladores a lo largo de muchos años ha sido que no podían conseguir la experiencia que necesitan para asesorar. Eso no es muy plausible porque hay muchos científicos y expertos“, dijo.

En 2020, la Revisión Independiente de la Seguridad de los Medicamentos y Dispositivos Médicos, dirigida por la colega Julia Cumberlege, suscitó preocupación por los conflictos de interés en la regulación médica y pidió una “revisión de la cultura” de la MHRA. La revisión señala que “se deben tomar medidas para garantizar que la perspectiva del paciente y el interés público tengan siempre prioridad sobre los intereses de la industria“.

La MHRA dijo que los miembros no ejecutivos de la junta directiva fueron nombrados para “desafiar de forma constructiva y ayudar a definir la dirección estratégica de la MHRA” a través de un “proceso abierto y transparente” dirigido por el Departamento de Salud.

“Los conflictos de interés se estudian caso por caso en el momento del nombramiento y al comienzo de cada reunión de la junta”, añadió.