Resumen
Se evaluaron los registros de 30 peticiones consecutivas de internamiento por problemas de salud mental en las que se emitió una orden de medicación involuntaria en Anchorage, Alaska. En 29 casos, se concedió la solicitud de internamiento. Una paciente solicitó un juicio con jurado y el jurado falló a su favor. La orden de medicación forzosa se concedió en 27 de los 30 casos. En 26 casos, en violación de sentencias previas del Tribunal Supremo, se ignoraron totalmente los deseos, temores, anhelos y experiencias de los pacientes, incluso cuando éstos temían que los fármacos utilizados para la psicosis pudieran matarlos o cuando habían experimentado daños graves, como la discinesia tardía. Se ignoró el imperativo ético y legal de ofrecer un tratamiento menos intrusivo. No se ofrecieron benzodiacepinas. La psicoterapia no se ofreció ni se mencionó en quince de los 30 casos. Los proveedores alegaron que no funciona, aunque esa afirmación es manifiestamente falsa. Los procedimientos legales se pueden caracterizar como una farsa en la que los pacientes están indefensos. El desequilibrio de poder y los abusos fueron extremos y varios de los psiquiatras que defendieron el tratamiento forzoso obtuvieron órdenes judiciales para administrar fármacos y dosis peligrosas. La medicación forzosa debería abandonarse.