Entrevista

En el contexto del regreso de Colombia al South Centre y en singular momento geopolítico y de la vida nacional, Misión Salud presenta a la opinión pública los planteamientos de los Doctores Rossi y Velásquez sobre salud y acceso a medicamentos en el sur global.

El 14 de octubre de 2022, el director de Misión Salud, César Moreno-Romero, entrevistó a los doctores Germán Velásquez, Directivo del organismo intergubernamental South Centre, y Francisco Rossi, Director Encargado de Invima y asesor de la Ministra de Salud y Protección Social, con ocasión del regreso de Colombia al South Centre.

En su amplia trayectoria, el Dr. Rossi, cuenta con dos décadas como Director y Asesor Senior de la Fundación Ifarma. Por su parte, el Dr. Velásquez fue Director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad en la cual trabajó por más de 20 años. Actualmente, es Asesor Especial sobre Política y Salud del South Centre.

César Moreno-Romero (CMR): Doctor Germán Velásquez, qué comenta usted sobre la iniciativa de conformar una agencia regulatoria subregional, tal como se informó el 13 de octubre en el Ministerio de Salud y Protección Social, en evento dirigido por la Ministra Carolina Corcho y por usted.

Lo anunció la Ministra y yo diría que este es el momento preciso, está la situación madura para una iniciativa subregional de ese género y hay un país que está liderando cosas nuevas: Colombia. Yo creo que es una iniciativa perfectamente viable que se puede obtener a corto plazo. El país va a contactar a las agencias reguladoras de la región, sobre todo las de Brasil y de Argentina para empezar a ver cómo se pueden hacer las cosas.

Estamos hablando 25 años después de que se creó la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Yo creo que ahora nos toca a nosotros en la región y que esto sea una iniciativa de un país es mucho más importante y que no sea una propuesta de la Conferencia Internacional de Armonización. Esta va a ser una iniciativa pública de un gobierno que quiere liderar estos asuntos sanitarios en la región.

CMR: Dr. Velásquez, además de la disposición política desde el gobierno de Colombia, ¿qué otras condiciones ve favorables para que se avance hacia una agencia regulatoria subregional?

Germán Velásquez (GV): Estuvimos conversando, el Dr. Francisco Rossi y yo, con el anterior Director Ejecutivo de Unasur [Unión de Naciones de Suramérica], el expresidente Ernesto Samper, quien nos informó que Unasur está todavía viva jurídicamente. Entiendo que, aunque se dieron tentativas de retiro de Brasil y Argentina, estas no fueron ratificadas por los respectivos congresos. De tal manera que Colombia podría promover el reactivar una integración subregional a través de Unasur u otro mecanismo.

En Colombia se está definiendo una agenda de salud pública muy importante. Estamos hablando del momento en que todavía no se ha acabado la pandemia, de manera que hay una respuesta subregional a la pandemia diciendo “reforcemos las autoridades sanitarias en la región, integrándolas”.

CMR: ¿Qué agencias de países de la Región podrían asumir esta iniciativa?

GV: Anvisa del Brasil, agencia con mucha trayectoria y que funciona bastante bien; la agencia de Argentina [Anmat] también es una agencia grande y con experiencia, y evidentemente el Invima, son tres agencias importantes en Suramérica. Estas tres pueden perfectamente liderar y llegar a un acuerdo de crear una agencia subregional.

CMR: ¿Esta agencia internacional tendría alcance sólo suramericano o de Latinoamérica y el Caribe?

GV: Yo diría en términos de proceso, que primero se avanzaría con las tres agencias que ya mencioné y eventualmente con representantes de Chile y otras agencias de América del Sur y tratar de discutir si se integra México, y del Caribe sería Cuba evidentemente. Cuba tiene una agencia regulatoria bastante fuerte. Sería más indicado en términos de procesos ir paso a paso, pero esa es una propuesta totalmente abierta.

La naturaleza y la originalidad de una futura agencia latinoamericana regulatoria que se querría es que sea fundada estrictamente en el interés público y que no haya ningún interés comercial o industrial, sino que sea una agencia técnica de regulación, lo que no es evidente en el caso de la FDA. Esta organización tiene intereses económicos y comerciales muy fuertes.

CMR: Dr. Rossi: ¿Ese interés público iría en dirección de avanzar hacia la autonomía sanitaria de la región?

Francisco Rossi (FR): Yo diría que el énfasis está en recuperar la dimensión sanitaria y restarle un poco el peso que tiene la dimensión comercial. Al respecto hemos estado haciendo una reflexión en esa dirección sobre una reestructuración del Invima en mediano-corto plazo, porque nos parece que se ha hipertrofiado la dimensión económica, de regulación económica y se ha perdido mucho la dimensión sanitaria, que entre otras cosas, es un poco la tendencia incluso de la EMA y de la FDA. Yo sí creo que la agencia latinoamericana tendría este direccionamiento de ser una agencia sanitaria que más que controlar el mercado sea un apoyo para las industrias locales y que sea un apoyo para las transacciones comerciales de la región, pero que no sea lo comercial la dimensión fundamental. Eso es válido para la propuesta subregional y es válido para lo que queremos hacer con el Invima.

La soberanía sanitaria, que es otra propuesta que la Ministra resaltaba en nuestro diálogo del 13 de octubre, forma parte del ideario y de la propuesta con la cual llegó el Presidente Gustavo Petro al poder, va en la línea de cambiar “el chip” que tenemos de hacer todo con lógica de mercado y que tenemos que ser productivos, competitivos y confiar estrictamente en el sector privado.

La propuesta en la que estamos trabajando desde Colombia es que rescatemos la lógica de la reindustrialización con una participación importante del sector público. En eso hay un cambio en lo que se había estado discutiendo, al menos en el Gobierno anterior, y en buena medida se había estado discutiendo en la lógica de preguntarnos qué vamos a hacer desde el punto de vista regional para tener la capacidad de producir vacunas, y los estudios de factibilidad que se han venido haciendo y que apuntan a que todos los países tengan una capacidad de producción basada en las capacidades públicas, por su puesto, con muchas alianzas con el sector privado.

Al final una cosa que hemos aprendido es que el gran comprador de vacunas y tecnologías de salud pública es el Estado y que entonces volvamos a darle el peso y liderazgo que debe tener la producción y el direccionamiento públicos para la región y país por país.

CMR: Dr. Rossi, el Invima vive un momento difícil. ¿Qué permitirá concretar la reestructuración del Instituto para que se fortalezca y contribuya a una futura agencia subregional?

FR: Vamos a hacer una reestructuración de Invima vía Plan Nacional de Desarrollo y con base en facultades extraordinarias de Gobierno. Por supuesto, creemos que va a tener respaldo general porque todos los sectores están de acuerdo en que ante la crisis que tiene hoy el Invima, debe fortalecerse.

Al respecto vamos a abrir un debate, porque el análisis que tenemos que hacer sobre lo que ha sido la experiencia del Invima y de otras agencias regulatorias, es un análisis en el que debemos tener puntos de vista sobre todo muy críticos.

En alguna ocasión Ifarma hizo un acuerdo con Public Citizen y una ONG de Estados Unidos que permitió enviar un grupo de profesionales en apoyo técnico a Sierra Leona y por Colombia fue Andrea Carolina Reyes Rojas. La intención fue apoyar al Ministerio de Salud de dicho país africano en Política Farmacéutica. Lo único que se pudo hacer fue ayudar al Gobierno de Sierra Leona a formular un proyecto para crear una agencia regulatoria que instaurara un modelo de registro sanitario.

En Sierra Leona, lo poco que llegaba de medicamentos era de contrabando, sin control, medicamentos falsificados por todos lados y ausencia de medicamentos en las zonas a más de 20 kilómetros de la capital. Ante eso lo primero que se hizo fue un sistema de registro sanitario que le garantizara un mínimo de condiciones para tener un espacio en el mercado farmacéutico a la industria, aunque eso no resuelve el problema de acceso a medicamentos.

Una reflexión que hemos venido haciendo sobre lo que pasa con el registro sanitario en Colombia es que tenía como función, sí, mejorar las capacidades locales y organizar el mercado farmacéutico, pero resultó creando las condiciones para las cuales la industria global del medicamento y la industria nacional del medicamento se moviera en unas condiciones de mercado cada vez más maduro, cada vez más global y cada vez más internacional, no para responder a las necesidades de acceso a medicamentos, de salud o de garantía de salud, sino las de mercado y eso hizo que el Invima, y eso tiende a pasar en todas las agencias, le dieran peso al registro sanitario que al final si tiene peso documental, legal, de normas de mercado, pero por concentrarnos en esa función, no hicimos el resto de cosas que hay que hacer desde el punto de vista sanitario, pues en Colombia hemos avanzado en buenas prácticas de manufactura, pero no hacemos suficiente vigilancia.

En Invima se cobra por el trámite del registro sanitario. El Invima no cobra por acciones de la vigilancia sanitaria porque no son un trámite, es una función que se podría costear. Buena parte de los ingresos del Invima vienen del registro sanitario, cuyo trámite es complejo, es muy voluminoso, detallado y que permanentemente es motivo de muchos problemas porque le dimos demasiado peso al registro. El Invima es institución de inspección, vigilancia y control, que no inspecciona, no vigila y no controla lo suficiente, solamente marca las reglas del mercado. Aquí quién entra, cómo entra, cómo sale y cómo hace modificaciones. En eso [registro sanitario] la hipertrofia es brutal, pero en la vigilancia en la calle estamos cortos. No vamos a decir que no hacemos nada. Por supuesto que hacemos, pero en un 80% vs un 20% en el mejor de los escenarios y ese es un tema de reestructuración que tenemos que discutir.

CMR: Dr. Rossi, en los cambios que se prevén en Invima, ¿qué se proyecta en cuanto a generación de nuevo conocimiento y de datos abiertos?

FR: Una de las fallas, de los déficits que se encuentran en el Invima es que la entidad tiene una enorme cantidad de información que no utiliza el propio Instituto y que no está disponible para investigadores científicos. Es información que habría que empezar a mover. En eso la colaboración de Universidades colombianas y del South Centre será importante para generar conocimiento, generar publicaciones que tengan origen en el Invima y en la que sea posible colaboración con muchas otras instituciones.

CMR: Dr. Rossi, en el ámbito nacional el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, está coordinando una iniciativa, un Proyecto de Ley cuyo ponente es el Senador Pedro Flórez y que se prevé tenga primer debate en el Senado antes de finalizar noviembre. El proyecto busca avanzar en política industrial farmacéutica para la autonomía sanitaria, y se ha construido en conjunto con la Asociación Colombiana de Programas [de Pregrado] de Farmacia y gremios industriales, ¿Cómo observa esta iniciativa?

FR: Los proyectos de ley sufren los procesos a que son sometidos en los Congresos de los países. Son muchos intereses los que en el legislativo están representados y causan presiones. No obstante, que estos temas lleguen a un debate en el Congreso de la República es una cosa histórica a la que tenemos que sacarle el máximo provecho en bien del país, haciendo mucho trabajo para evitar que el peso de los poderes económicos no termine desdibujando el enfoque de las iniciativas.

CMR: Dr. Rossi y a propósito de la reglamentación de Ley Estatutaria 1751 de 2015, por la cual se logró que en Colombia la salud sea un derecho fundamental, ¿usted qué prevé en la agenda nacional?

FR: Este es un asunto muy complejo. Va a ser una discusión en el Congreso el año entrante. La preocupación es que en el Congreso entra un Proyecto y a veces sale algo muy diferente. Hay que tener presente que el Congreso es susceptible a presiones y es demasiado susceptible al peso que tienen los intereses económicos. La preocupación es que, aunque está claro el enfoque como se va a presentar la reglamentación, no sabemos cómo va a terminar y no sabemos cómo va a ser el trámite, pero hay un impulso muy fuerte desde el Gobierno y está relacionado con varios de los temas de la reforma a la salud, que se prevé que tendrá mucho respaldo popular.

Recordemos que esta es una iniciativa de sociedad civil [la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”], de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, de instancias del movimiento popular por la salud. Vamos a ver eso cómo termina y vamos a trabajar mucho para que se haga lo que necesitamos.

En lo de la reforma a la salud creo que hay cosas fuertemente definidas, por ejemplo, el cambio de la naturaleza jurídica de los hospitales que yo creo que eso va a salir adelante.

CMR: Dr. Rossi y desde el Gobierno qué se prevé en cuanto a Política Farmacéutica Nacional y el Documento Conpes 155 de 2012.

FR: Esa es una discusión que está en el tapete y que no creo que sea este año porque este año hay urgencias, pero para el año entrante es una tarea de la agenda. Hay que revisar [en términos del Conpes 155] hasta dónde pudimos cumplir la política, que quedó pendiente y qué necesidad habría de una nueva.

CMR: Se observa en este Gobierno, armonía entre los Ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, armonía que no se veía en otras épocas. ¿Esa armonía se traduciría en ajustes de la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de patentabilidad o en temas de flexibilidades en derechos de propiedad intelectual?

FR: Tenemos esa esperanza porque hay cercanía de criterios entre los dos Ministerios. Esperamos en el tema de propiedad intelectual lograr una revisión en Colombia, entre otros temas, de los criterios de patentabilidad, porque si una patente ya se otorga a un medicamento, se tiene un derecho que la contraparte reivindicará a ultranza con el apoyo del gobierno del país del caso, de la embajada, etcétera… y como ha dicho Marcia Angell, cuando uno baila con un gorila de 400 kg se sabe quién marca el paso.

GV: En la colaboración entre los Ministerios de Comercio y de Salud, el 13 de octubre hubo un ejemplo muy lindo: Colombia hizo una declaración en la OMC que fue elaborada conjuntamente por los dos Ministerios, de manera que ya Colombia empezó a hablar con una sola voz. De esto no había mucho precedente, sino que se notaban contradicciones entre el decir del Ministerio de Salud en la OMS [Organización Mundial de la Salud] y el decir del Ministerio de Comercio en la OMC [Organización Mundial del Comercio].

Esta coordinación entre Ministerios es determinante. En Argentina, por ejemplo, está muy avanzada la coordinación entre entidades de gobierno. La definición de los criterios de patentabilidad fue acordada entre los Ministerios de Salud, de Finanzas y de Comercio.

Esta coordinación al interior de cada gobierno haría posible estructurar una futura agencia sanitaria subregional armonizando algunas prácticas generales que pueden ser asumidas por todos los países en conjunto, aunque siga tramitándose el registro sanitario en cada país como pasa hoy en día en Europa: cada país tiene su “Invima”, aunque también cuentan con la EMA.

CMR: Dr. Velásquez, el Dr. Rossi comentó de un caso de cooperación sur-sur entre Colombia y Sierra Leona, ¿qué otros casos conoce usted de cooperación sur-sur desde el South Centre que sirvan de referencia para hacer ambiente en la región a una agencia regulatoria subregional?

GV: Desde el South Centre estamos haciendo bastante. Un ejemplo de cooperación sur-sur se está dando con oficinas de patentes de países de Asia, África y América Latina. Estamos realizando programas de formación de examinadores de patentes de productos farmacéuticos. Por ejemplo, Argentina ya está aplicando desde hace seis o siete años criterios de patentabilidad para productos farmacéuticos mucho más rigurosos con una perspectiva sanitaria, con una perspectiva de salud pública y entonces, por ejemplo, se da intercambio de examinadores de patentes con África del Sur, y también van examinadores de la India, que es un país pionero y es el país más estricto en cuestiones de patentamiento de productos farmacéuticos.

Clásicamente la orientación de examinadores de patentes está en manos de la OMPI [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual] y la OMPI a su vez está en manos de la Industria. Los criterios de salud pública son muy pobres, la misma cosa sucede porque hay una cooperación muy fuerte entre la Unión Europea y el Japón y los Estados Unidos, entrenando examinadores de patentes con criterios mucho más bajos y dejan entrar muchos productos que desde el punto de vista estrictamente sanitario, no tendría sentido dejarlos entrar.

Entonces para darle un ejemplo, en Argentina desde hace de siete u ocho años se patentan 20 a 25 productos farmacéuticos por año, en un país como México son dos mil, en Colombia alrededor de mil, de manera que entre mil productos al año y 25 hay una diferencia enorme, y hay una diferencia en términos de costo para el país y en términos de salud pública también, porque quiere decir que los que están entrando patentados normalmente entran con precios más altos. No están frenando el acceso de muchos otros productos que no necesitarían una patente y que pueden ser útiles también.

CMR: Dr. Velásquez, esto nos lleva a hablar en general de propiedad intelectual y acceso a medicamentos. Desde el South Centre, ¿qué se analiza de la actualidad respecto a la OMS y a la transparencia en el comercio internacional farmacéutico?

GV: Ese es un camino largo y últimamente he estado analizando que hemos perdido un poco de terreno con la pandemia. Yo pensé que en la pandemia iba a haber como una reacción de las autoridades tanto sanitarias como comerciales e íbamos a decir todos “la salud es fundamental y pongamos prioridad a esto, en invertir en salud etcétera, etcétera”.

El discurso por ejemplo de que el medicamento era un bien público había avanzado bastante, e incluso el de la unión del discurso y el debate de acceso a la salud y derechos humanos había avanzado. También las resoluciones que normalmente se expedían en la OMS, de las que se hicieron varias en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, pero ¿qué pasó con la pandemia? Todo se enfocó en la comercialización, la producción de las vacunas, de los tratamientos y de los diagnósticos. Todo estuvo movido por intereses comerciales y políticos.

La pandemia fue manejada, no por los Ministerios de Salud, fue manejada a nivel de las Presidencias y del sector financiero. Yo creo que la gente en este momento quiere ver una evaluación de lo que no funcionó en la pandemia para que veamos, si llega una crisis de esta dimensión, poder poner remedio porque hay un peligro muy grande en este momento que se admite en la literatura científica y en muchos círculos incluido el de la OMS y en órganos de Gobierno.

De la OMS se reconoce que el famoso Covax, fundado entre abril y mayo del 2020, fue un fracaso, tuvo problemas muy graves, no sirvió absolutamente para los fines que se había creado y hoy en día están diciendo que puede haber alguna crisis semejante. Entonces vamos a ver qué va a pasar en próximos meses de invierno en el norte. Yo creo que habría que sentarse a ver qué fue lo que no funcionó y poner remedio a eso que no funcionó. A mi juicio una de las cosas básicas que no funcionaron es el hecho de que la OMS, y en general para la salud, no hay instrumentos de carácter vinculante que permitan tomar acciones oportunas atendiendo certezas científicas, volúmenes claros de evidencia que indiquen qué hay que hacer en salud pública.

Se empezó este año con una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que permite una discusión de un tratado vinculante para la prevención o para afrontar pandemias. En estas negociaciones que están en curso para mí hay problemas de partida. Ha sido una propuesta de los países industrializados y no fueron los países del sur los que estuvieron en el origen de esta iniciativa. Esto ya me crea a mí un pequeño malestar en la medida que esos mismos países fueron los que en los últimos veinte meses se negaron a aceptar una excepción de la propiedad intelectual de las patentes en vacunas, medicamentos y tratamientos.

A veces parece que el mundo industrializado tiene mucha urgencia de un tratado vinculante para lo que es el compartir información científica de los virus o agentes causantes en el momento que aparece una nueva epidemia o pandemia. A propósito, eso es de las únicas cosas que funcionó perfecto durante esta pandemia.

China en cuestión de dos semanas a inicios de enero, ya había entregado el genoma del virus y eso permitió un desarrollo rápido de las vacunas. Se suele reconocer a Pfizer y a Moderna y otras compañías que desarrollaron nuevas vacunas, aunque no se reconoce que se contó con información científica completa y oportuna sobre el virus.

Esta pandemia, la primera lección que nos legó, es la importancia de la comunicación rápida a nivel mundial de información sobre la causa biológica de la pandemia para que la comunidad internacional se encargue de desarrollar las vacunas. Lo que ha pasado es que aun cuando se desarrollaron en diez meses nuevas vacunas, estos desarrollos se realizaron paralelamente y en secreto. Nadie quería compartir absolutamente nada del desarrollo de plataformas científicas para salir al mercado, porque la visión era comercial, financiera y de quién llega primero para ganar más.

Si desde el inicio hubiera una autoridad pública que pusiera todo en común, quizás hubiéramos podido llegar a vacunas más rápido o con la misma rapidez, pero más seguras, porque había muchos más elementos que hubiéramos podido conocer y entonces ya no eran treinta mil ensayos clínicos para la de Pfizer, treinta mil para la de Moderna, etc. Mejor hubiera sido contar con más ensayos clínicos que generaran información compartida. Si la investigación se comparte y está en el dominio público podemos avanzar en una forma mucho más segura en términos sanitarios.

CMR: Dr. Velásquez y en cuanto a ese tipo de apertura para innovación farmacéutica, ¿Cómo observa usted disposición a cooperación científica por parte de instancias que cuentan con las capacidades?

GV: Muy poca disposición. Se dieron pocos avances. Se vio transferencia tecnológica de China a Brasil para producción de vacunas. Voluntad de compartir la tecnología por parte de Pfizer o de Moderna muy poca. Más bien una insistencia en que no se tocaran las patentes y a no compartir la tecnología.

CMR: ¿Qué apreciaciones tiene sobre la dinámica de la OMC en este tiempo de emergencia?

GV: Para ser diplomático y amable, ha sido bastante cínico el comportamiento de la OMC. Eso no es ninguna novedad. Han pasado veinte años desde la famosa declaración de DOHA sobre salud pública y propiedad intelectual que resultó en una cosa cosmética que hoy en día no se concretó en nada significativo, de tal manera que la excepción que solicitaron los países en desarrollo liderados por la India y por África del sur copatrocinados por 64 países, apoyados por cien países, llegó a una decisión (tuvieron la honestidad de no llamarlo excepción) que no implicó ningún progreso, ni hay algo sustancialmente nuevo.

Tenemos que decir que en la OMC no hubo una voluntad clara de actuar y de actuar rápidamente.

Cómo puede pasar que en una situación de pandemia hay veinte meses de negociación. Esto tendría que haber sido cosa de semanas. El director del South Centre, Carlos Correa, envió en mayo del 2020 una carta al director de la OMC, al director del OMS y al director de la OMPI diciéndoles que el artículo 73b del acuerdo sobre los ADPIC [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio] permite dar una excepción al ámbito de propiedad intelectual, (no solo patentes sino de todo lo que es propiedad intelectual) por los términos de la situación de urgencia. Eso había que utilizarlo. No respondieron. Si esa decisión la toman los miembros de la OMC en dos años, la situación hubiera sido muy distinta, porque las patentes para vacunas no hubieran existido y se hubiera podido compartir el desarrollo de la tecnología de las vacunas.

CMR: Dr. Velásquez ¿En qué tipo de iniciativas de transferencia tecnológica está trabajando el South Centre?

GV: Estamos asesorando al Gobierno de África del Sur desde el inicio en una iniciativa hacia un “Hub” de transferencia tecnológica tratando de definir las reglas del juego, cómo se va concretando y a instancias de la OMS se ha avanzado, se ha logrado buen intercambio de información y se observan buenas posibilidades, aunque va demasiado lento el proceso. Llevamos dos años de pandemia y esto todavía está en muchas discusiones. La OMS está promoviendo esta iniciativa del “Hub”, y al mismo tiempo está promoviendo, y de una forma muy fuerte, alianzas público-privadas y las licencias voluntarias.

Creo que un énfasis demasiado fuerte de la OMS en este momento es promover soluciones vía licencias voluntarias. Al respecto han sido insistentes los llamados para que se activen licencias voluntarias. El presidente de Costa Rica ha insistido al respecto. Finalmente nos damos cuenta que lo que se ha llevado al Medicines Patent Pool [1] relacionado con la pandemia es casi nada. Ahí está faltando un pilar muy importante: si la OMS u otros organismos (hoy en día nosotros en el South Centre creemos que somos uno de esos organismos), están insistiendo en el uso de las flexibilidades del acuerdo de los ADPIC incluidas las licencias obligatorias (que están legalmente aceptadas), de modo que, si no hay voluntad, haya gobiernos que estén dispuestos a proceder con una licencia obligatoria o a proceder con un uso gubernamental.

La OMS tiene que promover las dos vías. Yo no estoy en contra de lo voluntario, pero es que pedirle de regalo a una industria que está haciendo millones y billones de dólares con un monopolio que le otorga la patente no es un camino tan claro. Yo sé que todos los años el Medicines Patent Pool manda una carta a las grandes empresas pidiéndole que les “regalen” patentes, pero ellos no las van a regalar porque dicen, “yo estoy haciendo dinero y mi intención y la intención de mis accionistas es que haga más dinero. No voy a regalar el negocio”.

CMR: Dr. Velásquez, ¿Qué destaca de ese acumulado de experiencia de países de las Américas y de Asia durante diez años implementando flexibilidades en propiedad intelectual?

GV: Creo que con quienes hemos promovido desde el inicio (y me implico yo porque estuve en la OMS abogando por eso), tuvimos un error dándole demasiada visibilidad a la licencia obligatoria, porque es una figura que asusta a la industria y algunos llegan a deformar, a mentir y a decir “bestialidades”: que es una expropiación, cuando no es una expropiación para nada. Entonces el error que hemos cometido es que hay unas flexibilidades que para mí son mucho más fuertes y, por otra parte, creo que hubiéramos podido lograr mejores resultados dándole prioridad al rigor en los criterios de patentabilidad, porque si el examen de patentes es mucho más riguroso habrá menos patentes.

Sucedió ya un caso en Tailandia que procedió con una licencia obligatoria ante lo cual recibió presión por parte de la Unión Europea respecto a un medicamento que no debía tener nunca una patente porque no era una innovación auténtica. Es decir, no se está en contra del sistema de patentes, sino que se está en pro de mejorar el sistema con unos criterios para el servicio de la salud pública, de modo que se otorguen patentes verdaderas y genuinas. Si desde el inicio hubiéramos hecho bastante énfasis en eso, habría menos trauma, menos contradicción, menos polémica y menos susto a las licencias obligatorias, flexibilidad cuyos resultados en último término han sido ínfimos. Es decir, en todo este tiempo sólo hay alrededor de 15 países que han expedido licencias obligatorias y el que más ha expedido ha llegado a sólo cinco o seis licencias.

CMR: Dr. Velásquez, en qué otros temas se prevé que el South Centre apoye a Colombia.

GV: El South Centre desde hace mucho tiempo acompaña a los representantes de los países miembros en las diversas negociaciones que se llevan a cabo en Ginebra en distintas entidades multilaterales. En cambio climático estuvimos presentes en la COP [Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático] y desde mucho antes de la COP.

En este momento la agenda del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acelera más los avances internacionales frente al cambio climático. Entiendo que él va a ir a la próxima COP en Egipto [del 7 al 18 de noviembre de 2022]. Imagino que él allí va a lanzar una especie de desafío porque lo que se necesita es un llamado político para sacudir esta burocracia multilateral.

En el South Centre hay un grupo también que está trabajando el tema de resistencia a los antibióticos. El anterior director del South Centre solía decir que la resistencia a los antibióticos es mucho más grave que el cambio climático, en la medida que el cambio climático tendrá impactos más notorios en 10, 15, 20 o 50 años, en cambio la resistencia a los antibióticos puede darse mañana y eso nos devolvería a la edad media, cuando daba una infección en un dedo y el individuo se moría en unos días.

El mundo se puede quedar sin antibióticos efectivos por la irresponsabilidad de su uso indiscriminado en población humana o sobre todo en los países industrializados para profilaxia y engorde de ganado, las aves, etcétera.

CMR: Dr. Velásquez qué destaca usted de la dinámica de trabajo del South Centre con organizaciones de la sociedad civil.

GV: Se realiza cooperación con auténticas organizaciones de sociedad civil que realmente estén enfocadas en el interés público y que de manera seria, objetiva, académica y rigurosa, generan planteamientos y conocimientos sobre temas de interés global. El South Centre gracias a su prestigio puede divulgar entre los gobiernos, información relevante que aporte la sociedad civil.

En algunos países el Estado es mucho más hermético a recibir cualquier input, cualquier contribución de la sociedad civil, en otros hay bastante armonía. Yo creo que aquí en Colombia a pesar de muchos problemas que tuvieron los gobiernos anteriores, vieron de forma seria a Misión Salud y a Ifarma y hubo siempre un dialogo. Esto no es así en otros países entre gobiernos y organizaciones de sociedad civil.

En la creación de la agencia sanitaria subregional empezaremos a consultar a la sociedad civil para que tengan la posibilidad de opinar y dar, desde su perspectiva, los criterios que hay que tener en cuenta.

CMR: Volviendo a Colombia, doctor Velásquez y doctor Rossi, a instancias de Joan Rovira (1947-2022) se cumplieron dos décadas de trabajo académico, de nuevo conocimiento para dimensionar impacto de cambios en derechos de propiedad intelectual en acceso a medicamentos. Dicho conocimiento da fundamento a una caja de herramientas que Ifarma y Misión Salud han establecido para investigadores en esa área. Dentro de esa caja de herramientas se cuenta con el libro “Impacto sobre el acceso a medicamentos/Manual para estimar el impacto de cambios en los derechos de propiedad intelectual” de Joan Rovira y Miguel Cortés-Gamba. Ponemos a disposición del South Centre esta novedad editorial, que además incluye un aplicativo informático útil para los investigadores en este campo.

GV: Pues eso es una noticia excelente y tendríamos que ver la posibilidad de traducirlo al inglés y al francés. Nosotros conocemos y tenemos un gran aprecio por toda la obra de Joan Rovira que trabajó con el South Centre también en algunas oportunidades en consultorías. Esta sería la manera, yo creo, de honrar la memoria de Joan Rovira continuando ese trabajo que es fundamental para hacer hoy en día evaluación del impacto de la propiedad intelectual en los países en desarrollo.