Compras

El gasto farmacéutico y en productos sanitarios supone prácticamente un tercio del gasto sanitario de las administraciones autonómicas. Es una cifra que no deja de crecer año tras año –a finales de diciembre de 2021 ascendía a 4.518 millones de euros en Andalucía y a 26.746 millones en todo el Estado–.

En Andalucía, este asunto, tiene además un componente político e ideológico, porque el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) eliminó a finales de 2020 la subasta de medicamentos, un procedimiento de selección de medicinas que permitió ahorros de 570 millones de euros en la factura a pagar a las empresas entre 2012 y 2017.

El PSOE andaluz ha recuperado ahora este asunto y lo lleva a votación –mediante una proposición no de ley– en el Parlamento de Andalucía el próximo jueves. Lo hace en un momento caliente, en plena crisis de la Atención Primaria en la Comunidad más poblada, con todos los sindicatos sanitarios en pie de guerra contra los planes que prepara el Gobierno de Moreno en este ámbito y tras la publicación de la orden que permite a la Junta derivar pacientes de los centros de salud a las empresas privadas, con cargo al presupuesto público.

“En los últimos años –sostiene el PSOE de Andalucía– se han debilitado y/o desaparecido algunas de las estrategias existentes en Andalucía respecto a la calidad y control de la prescripción, a favor de los intereses de la industria farmacéutica: sistema de incentivos para asegurar el uso racional de medicamentos, falta de seguimiento y revisiones de los perfiles de prescripción, formación de los profesionales financiada por los laboratorios farmacéuticos y la supresión de la subasta”.

Los argumentos que ha venido defendiendo el Gobierno de Moreno y el PP andaluz para liquidar la subasta, basados sobre todo en la libre competencia, que favorecen a las empresas farmacéuticas, no han tenido en cuenta los estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha recomendado para toda España –con algunas mejoras– el sistema de subastas ensayado en Andalucía.

“La experiencia desarrollada en Andalucía, donde el sistema de selección de medicamentos (subasta) se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos, pone de manifiesto que es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional”, aseguró en su momento la AIReF.

El sistema fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y ante los Tribunales de Justicia por las farmacias y la industria. “Sin embargo, tanto el Constitucional como los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo siempre se han pronunciado a favor del sistema, al entender que el modelo está en línea con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y que no resulta de aplicación la normativa sobre contratación pública, porque no se trata de un contrato de suministros”, recoge la AIReF en un informe del año 2019.

Negativa
El gasto en farmacia tiene múltiples causas y afecta a todas las Comunidades, entre las que se cuentan, el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, además de la recuperación de la actividad asistencial tras la pandemia y el elevado coste de nuevos medicamentos.

Pero para el PSOE andaluz no todas las CCAA “tienen el mismo patrón de gasto farmacéutico” y creen que en Andalucía se produce un dispendio, lo que tiene consecuencias en el resto del sistema. Así, los socialistas vinculan el exceso de gasto farmacéutico con la crisis de la Atención Primaria: “A más recursos y a más tiempo por paciente, menos recetas y menos gasto farmacéutico”.

La consejera de Salud, Catalina García, rechazó recuperar la subasta de medicamentos, en una entrevista en Canal Sur Radio y aseguró que su departamento trabajaba “para que el gasto farmacéutico sea eficiente” y aseguró que la subida de la factura estaba “por debajo de la media”.

Los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda en sus indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario revelan que entre diciembre de 2018 –en enero de 2019 arrancó la era Moreno– y diciembre de 2021, la última anualidad disponible, la factura había aumentado en términos absolutos en 1.054 millones de euros –de 3.464 a 4.518–, un 30%. En todo el Estado, en esos mismos años, el incremento fue de 4.591 millones – de 22.155 a 26.746–, un 20,72%. Estas cifras se refieren a la factura total, incluyendo gastos en productos farmacéuticos (el grueso) y también sanitarios.

Las memorias de los presupuestos aprobados en estos años por los gabinetes de Moreno recogen esta evolución. En el año 2019, “el peso del gasto farmacéutico a través de recetas, que se sitúa en el 20,04% del total, y que junto con el gasto en farmacia hospitalaria, que se sitúa en el 10,52%, supone destinar a gasto en farmacia hospitalaria y recetas un 30,56% del presupuesto total” del Servicio Andaluz de Salud. En 2021, ascendía ya al 31,94% del presupuesto total.

En 2023, este año, el gabinete de Moreno, según la memoria del presupuesto, podría embridar algo el asunto, si cumplen con lo marcado: “El peso del gasto farmacéutico a través de recetas, que se sitúa en el 18,61% del total, y que junto con el gasto en farmacia hospitalaria, que se sitúa en el 10,32%, supone destinar a gasto en farmacia hospitalaria y recetas un 28,93% del presupuesto total, es decir casi un tercio del presupuesto”.