Europa

Sobre la autora: Ellen ‘t Hoen es la directora de Medicines Law & Policy, un grupo de expertos en derecho y política pública que asesora a organizaciones internacionales y gobiernos. Es fundadora y ex directora ejecutiva del Medicines Patent Pool.

Los agentes infecciosos resistentes a medicamentos, a veces llamadas “superbacterias”, se estima que mataron a 1,27 millones de personas en 2019, cifra que se espera que aumente a 50 millones en 2050 [1]. Se trata de una crisis global de salud que se ha estado gestando silenciosamente durante años. Y a pesar del elevado número de muertes, es una crisis a la que no se presta suficiente atención.

Las infecciones resistentes a los antimicrobianos se deben al uso excesivo e inadecuado de los antibióticos en medicina -por ejemplo, cuando se trata una infección vírica con un antibiótico- y a su excesivo uso en agricultura, donde con frecuencia se usan para estimular el crecimiento de los animales [2]. La resistencia antimicrobiana (RAM) amenaza con erosionar los importantes avances logrados en medicina desde que se utilizó el primer antibiótico sintético en 1910 [3]. Como parte de un paquete de medidas importantes para combatir la resistencia a los antimicrobianos, es primordial desarrollar nuevas clases de antibióticos eficaces. La última nueva clase de antibióticos que se llegó a comercializar se descubrió en 1984, y los planes de desarrollo de clases verdaderamente nuevas de antibióticos están prácticamente vacías [4].

Los antibióticos son una clase especial de productos farmacéuticos que no encajan en el modelo de negocio estándar de la industria. Este modelo de negocio farmacéutico se basa en vender tanto como sea posible, durante el tiempo más largo posible y al precio más alto que el mercado pueda soportar. Sin embargo, los antibióticos nuevos se deben reservar y se deben utilizar con cautela, al tiempo que se garantiza su disponibilidad para los pacientes que los necesitan. En otras palabras, habría que convencer a la industria farmacéutica de que deje a una gran parte de los antibióticos nuevos en la estantería, para que se utilicen con moderación.

La industria no invertirá en desarrollar productos para la salud que no pueda vender, por lo que las grandes empresas farmacéuticas han abandonado la búsqueda de nuevos antibióticos. Las empresas más pequeñas han entrado en este campo, pero tienen dificultades para captar los fondos que necesitan porque no se espera que generen mega-beneficios [5].

La falta de incentivos para desarrollar antibióticos nuevos se reconoce desde hace años y ha sido objeto de numerosos informes y propuestas, incluyendo un informe encargado por el gobierno del Reino Unido al economista Jim O’Neill, publicado en 2016 [6]. Un elemento central de la propuesta de O’Neill para fomentar el desarrollo de antibióticos nuevos son las llamadas recompensas por la entrada en el mercado. O’Neill recomendó un premio de alrededor US$1.000 millones para cada desarrollador de nuevos antibióticos exitosos, sujeto a ciertas condiciones para garantizar que tales medicamentos no se “comercialicen en exceso” y a la vez garantizar que estén disponibles para los pacientes que los necesitan dondequiera que vivan. Esa era la zanahoria. También propuso un castigo en forma de un sistema de financiación tipo “jugar o pagar” (play or pay), en el que las empresas deben pagar una modesta tasa sobre la venta de sus medicamentos a un fondo internacional o regional, a menos que puedan demostrar que invierten una cantidad equivalente en I+D de antibióticos.

Las recomendaciones de O’Neill en materia de I+D han sido ampliamente ignoradas. La Comisión Europea sigue ahora un camino totalmente distinto, que O’Neill no recomendaba. Según el borrador de la revisión de la legislación farmacéutica de la UE (artículos 40-42) que se acaba de filtrar, la Comisión propone los llamados “bonos de exclusividad de datos transferibles (TDEV)” para incentivar el desarrollo de antibióticos [7]. Una empresa que solicite el permiso de comercialización de un “antimicrobiano prioritario” a la EMA puede obtener un TDEV. Este bono proporciona un año más de exclusividad de datos, lo que equivale a un año más de monopolio, ya sea para el antibiótico registrado o para otro producto autorizado en la UE. La empresa que solicita el bono debe demostrar su capacidad para abastecer el mercado de la UE, en cantidades suficientes, y facilitar información sobre toda la financiación recibida para el desarrollo del antimicrobiano. El bono puede transferirse (venderse) a otra empresa, y se puede transferir un número ilimitado de veces. El sistema de bonos de la UE estaría en vigor durante 15 años, periodo durante el cual se podría conceder un máximo de 10 bonos (sujeto a prórroga a propuesta de la Comisión).

De momento, esto es sólo una propuesta y a muchos no les gusta.

Sin embargo, la industria farmacéutica europea está presionando mucho a favor del plan de TDEV. No porque quieran volver a investigar antibióticos, sino porque esperan ampliar los monopolios de algunos de sus medicamentos de grandes ventas mediante la compra de bonos. Al fin y al cabo, los bonos son negociables. En la práctica, esto significaría que la competencia de los genéricos para el producto al que se aplique el bono se retrasará un año, por el periodo extra de exclusividad de datos. No es necesario decir que la industria de genéricos no está entusiasmada con la propuesta. Por un lado, señalan que aumentará drásticamente el coste para los sistemas de salud. Por ejemplo, ampliar el periodo de exclusividad del adalimumab (Humira, de Abbvie), un producto para tratar la artritis, habría supuesto un coste adicional de US$1.100 millones para los sistemas de salud de la UE [8]. Por otro lado, este esquema también introduciría incertidumbre sobre la fecha en que los productores de genéricos podrían entrar en el mercado con versiones genéricas o biogenéricas de un producto, cuando éste puede estar sujeto a un periodo prolongado de monopolio.

O’Neill abordó estos problemas en su informe de 2016: “[Los bonos] hacen que el costo del desarrollo de antibióticos recaiga sobre un conjunto arbitrario de pagadores y pacientes (aquellos que utilizan los medicamentos sobre los que se aplica el bono). En segundo lugar, en comparación con las recompensas por la entrada en el mercado, a largo plazo estos bonos costarían más al sistema de salud, ya que tienen que recompensar al desarrollador de los medicamentos innovadores y aportar un margen de beneficio adicional a la empresa que vende el medicamento sobre el que se aplica el bono”.

Un reciente comentario publicado en el Lancet compartía preocupaciones similares, señalando que un TDEV de un año podría costar a los sistemas de salud europeos hasta US$3.200 millones y disminuiría el acceso a los medicamentos al retrasar la entrada en el mercado de los genéricos [9]. Los autores señalan que hay estudios que demuestra que incentivos similares podrían acelerar la entrada en el mercado de productos que ya se encuentran en las últimas fases de desarrollo, pero harían poco por potenciar la I+D en las áreas desatendidas. Los bonos tampoco garantizan el acceso a antibióticos nuevos porque las empresas pueden optar por no abastecer determinados mercados o por detener la producción. El proyecto de ley permite que la Comisión revoque el bono cuando no se cumplan los criterios de suministro, adquisición o compra, pero sólo antes de su transferencia. El sistema de bonos tampoco establece ningún vínculo entre el valor clínico del nuevo antibiótico y la recompensa otorgada, ya que ésta viene determinada por el valor del producto al que se aplica el bono. En lugar de aplicar un sistema de bonos, los autores del comentario proponen pagos al estilo de suscripciones a nivel de la UE, que garanticen ingresos a quienes desarrollen antibióticos que estén desvinculados de la cantidad de producto vendido.

Las organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones similares relacionadas con el acceso a los medicamentos y las consecuencias financieras para los sistemas de salud europeos, y han señalado que la flexibilidad que ofrece la legislación sobre patentes para remediar las consecuencias indeseables de un monopolio por patentes no existe para la exclusividad de los datos [10, 11]. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) califica a la propuesta como “mala para los consumidores” [12].

En noviembre, 14 Estados miembros de la UE publicaron un documento no oficial (nonpaper) en el que se oponían al plan de TDEV afirmando: “Los bonos transferibles no incentivan directamente el desarrollo de nuevos antimicrobianos, ni garantizan que los productos sean accesibles y estén disponibles en toda la UE durante un periodo de tiempo acordado… los costos para los sistemas de salud nacionales serán elevados” [13]. Los Estados miembro prefieren incentivos financieros directos, como premios a la entrada en el mercado, un sistema de pagos por suscripción que garantice ciertos ingresos independientemente de los volúmenes de venta, e incentivos a la I+D, como premios vinculados a hitos. Además, consideran que la Autoridad Europea de Respuesta a Emergencias Sanitarias (HERA), creada recientemente, debe desempeñar un papel central en la iniciativa.

Es probable que el sistema TDEV no beneficie directamente a las empresas y entidades que se dedican realmente al desarrollo de nuevos antibióticos, incluyendo a las organizaciones sin ánimo de lucro como la Asociación Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos (Global Antibiotic Research and Development Partnership o GARDP).

El desarrollo de antibióticos se presta para usar un modelo de desvinculación en el que los incentivos para innovar están desligados de la capacidad de vender a precios elevados. Los detractores del plan TDEV también parecen preferir esta estrategia. La desvinculación podría llevarse a cabo a través de la financiación directa y premios por alcanzar ciertos hitos, posiblemente combinados con compromisos de compra para asegurar el abastecimiento del mercado. Estos últimos se tendrían que desarrollar teniendo en mente el acceso equitativo a nivel global. Los nuevos antibióticos deben ser bienes públicos mundiales y no deben estar disponibles sólo para los ricos. La nueva agencia de preparación para la salud HERA debería desempeñar un papel central en la aplicación de nuevos modelos de I+D, garantizando el desarrollo de antibióticos y su adecuada financiación.

Quizá valga la pena desempolvar la propuesta de O’Neill de “jugar o pagar” para financiar los nuevos modelos para estimular la innovación. Al fin y al cabo, las empresas están obteniendo enormes beneficios de las enfermedades infecciosas. Los ingresos por covid-19 ascendieron a cerca de US$100.000 millones en 2022 [14]. No es descabellado reasignar parte de esos recursos -generados por el gasto público- al desarrollo de antibióticos. Incluso un modesto recorte a sus beneficios generaría un fondo significativo para el desarrollo de antibióticos.