El 19 de mayo, el congreso de Colombia aprobó como ley un nuevo plan nacional de desarrollo que haría del gobierno de Colombia el dueño de la propiedad intelectual que resultara de “las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras financiadas con recursos públicos”. El cambio deja en entredicho los ensayos clínicos con productos experimentales que se realizan en el país. Sin embargo, el gobierno actual ha declarado con frecuencia su deseo de abordar la soberanía farmacéutica y lograr mayor flexibilidad en las reglas de propiedad intelectual. Según la ley, “en situaciones que se han declarado de interés público, el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia libre y no exclusiva de estos derechos derivados de proyectos financiados con recursos públicos… De igual forma, en caso de razones de seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos de propiedad intelectual deberá cederlos al Estado sin limitación alguna y a título gratuito.”