Compras

Los precios y las condiciones de los contratos de suministro no son secretos comerciales legítimos ni deben estar sujetos a acuerdos de confidencialidad

¿Por qué el PEPFAR (Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA o President’s Emergency Plan for AIDS Relief) y la Administración Biden apoyan el poder de monopolio de una empresa farmacéutica que produce medicamentos contra el SIDA?

Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Merck y otras grandes empresas farmacéuticas consolidaron las protecciones a su secretismo durante la pandemia de covid-19, para maximizar su capacidad de lucrar y controlar el suministro y la distribución de vacunas y medicamentos vitales. Al establecer los acuerdos de compra de medicamentos exigieron a los gobiernos, —salvo en contadas excepciones, principalmente en EE UU—, que firmaran acuerdos de confidencialidad sobre el precio de las vacunas y medicamentos y sobre las condiciones de suministro, indemnización y entrega. Lo hicieron aun cuando la legislación nacional de los países signatarios, como Sudáfrica, o las entidades regionales, como la Unión Europea, exigen transparencia en los precios cuando se trata de adquisiciones gubernamentales. Hicieron lo mismo con los tratamientos antivirales contra el covid, como el Paxlovid de Pfizer, en los acuerdos con UNICEF y el Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, quienes negociaron los contratos de compra en nombre del Acelerador de Acceso a las Herramientas contra el covid-19 (ACT-A o Access to covid-19 Tools Accelerator).

La industria biofarmacéutica obtuvo ganancias récord [1] con las contramedidas contra el covid, principalmente al priorizar las ventas a precios altos en los países de ingresos altos y aplicando precios escalonados secretos a los países de ingresos medios-altos por entregas retrasadas y parciales. Ni siquiera los precios de acceso preferencial en las ventas de vacunas a Gavi fueron siempre transparentes [2].

Ahora, las grandes farmacéuticas están intentando ampliar su escudo de confidencialidad, cuando hasta ahora la norma era revelar el precio íntegro de los medicamentos. El último ejemplo es el de Médicos Sin Fronteras (MSF o Médecins Sans Frontières), que informa [3] sobre el hecho de que la empresa ViiV ha insistido en que no se revelen los precios ni las cláusulas contractuales de su intento de compra de cantidades lamentablemente pequeñas de cabotegravir de acción prolongada (CAB-LA) para la profilaxis preexposición (PrEP) en países de ingresos bajos y medios. Los precios de los medicamentos antirretrovirales para tratar y prevenir el VIH se han hecho públicos de forma rutinaria, incluyendo los precios de dolutegravir de ViiV, uno de los pilares de los esquemas vigentes de tratamiento del VIH a nivel mundial. Durante años, MSF pudo publicar una guía exhaustiva sobre los precios de los medicamentos contra el VIH llamada Desenredando la Red (Untangling the Web) [4], y las empresas informaban de forma regular los precios de sus antirretrovirales en sitios web públicos.

¿Cómo es posible que información que antes se consideraba “pública” se trate ahora como información confidencial protegida por secreto comercial? ¿Cómo es posible que se coaccione a los gobiernos —y que ellos mismos se dejen coaccionar— para mantener la confidencialidad de las condiciones de los acuerdos de compra y de los términos para establecer los precios, incluso cuando la legislación nacional exige su divulgación total? La respuesta es su poder del monopolio y la rendición pusilánime de los gobiernos —y de los organismos multilaterales— ante las desmesuradas exigencias de las grandes empresas farmacéuticas.

Varios activistas sudafricanos han llevado al gobierno ante los tribunales [5] —y han ganado [6]— en un caso para levantar la confidencialidad sobre la compra de vacunas contra el covid de Johnson & Johnson. En la Unión Europea sigue habiendo controversia sobre la confidencialidad de los acuerdos sobre vacunas [7] que Pfizer negoció con la presidente de la Comisión Europea. Aunque la Administración Biden optó por resistirse a la confidencialidad y hacer público el sistema de precios de las vacunas y medicamentos contra la covid, ha dado un paso sin precedentes para eludir las leyes de transparencia al ordenar a su contratista, Chemonics, que firme un acuerdo obligatorio de confidencialidad con ViiV para la adquisición y distribución de CAB-LA por parte del PEPFAR. Esto debería ser impugnado ante los tribunales.

El mundo no se puede permitir —literal y moralmente— que la industria más rentable del mundo [8] utilice escudos de confidencialidad autodefinidos para ocultar información crítica sobre precios —información que es fácilmente accesible, e incluso obligatoria, en los tarros de mantequilla de maní de los supermercados—. ViiV y otras grandes empresas farmacéuticas utilizan la confidencialidad de forma malintencionada para impedir que los países quieran obtener los mejores precios que hayan negociado otros compradores. Exigen que se mantengan en secreto las condiciones inaceptables de entrega para poder colocar siempre a los países más pobres al final de la cola. Aunque los tratamientos diarios y orales de PrEP son seguros y eficaces, las investigaciones han revelado que la CAB-LA, tomada cada dos meses, es superior a la PrEP oral [9] para la prevención del VIH, incluso entre las mujeres transgénero, adolescentes y mujeres cisgénero, hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (poblaciones que son extremadamente vulnerables a la infección por el VIH debido a la discriminación, la criminalización y la marginación). La adherencia a un tratamiento diario de PrEP oral es un constante obstáculo que socava la eficacia de la PrEP oral como herramienta de prevención del VIH, especialmente en el caso de las adolescentes y las mujeres jóvenes del África subsahariana. Cada semana se producen 5.000 nuevas infecciones por VIH entre mujeres y niñas de 15 a 24 años. CAB-LA tiene el potencial de ser un avance revolucionario para acabar con la pandemia del VIH, pero ViiV es el mayor obstáculo para su disponibilidad, ya que reserva los suministros de CAB-LA, para la prevención y el tratamiento del VIH, en los países más ricos.

El uso indebido de las normas sobre secretos comerciales por parte de la industria biofarmacéutica va más allá de los acuerdos de compra. Moderna y Pfizer/BioNTech mantienen un riguroso control de la información, los conocimientos técnicos de fabricación y los materiales necesarios para fabricar vacunas de ARNm. Estas empresas se negaron a compartir sus “conocimientos secretos patentados” [10] con otros productores que podrían haber ayudado al mundo a recibir la vacuna contra el covid-19 de forma mucho más rápida y equitativa. Incluso ahora, la industria está promocionando su capacidad para responder a la demanda pandémica a través de medidas puramente voluntarias [11], incluyendo la fijación de precios escalonados, a pesar de que quiere que los acuerdos y los precios sean secretos y no tengan que rendir cuentas, mientras las empresas se van riendo de camino al banco.

Los gobiernos deben controlar las normas sobre secretos comerciales y la información confidencial y prohibir el uso de acuerdos de confidencialidad en los contratos de adquisición de productos biofarmacéuticos. En lo que consideren secretos comerciales deben incluir diversas excepciones de interés público y salud pública, y/o permitir la concesión obligatoria de licencias de secretos comerciales. En respuesta a las pandemias y otras emergencias de salud mundial, se deben suprimir los secretos comerciales de los productos médicos, y esto se debe abordar en la OMC y en las negociaciones de la OMS sobre las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y sobre un nuevo Acuerdo para la Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias.

De forma más inmediata, ViiV debería abandonar su insistencia en el secretismo en sus acuerdos de compra de CAB-LA con MSF, PEPFAR, el Fondo Global y otros, y también se debería comprometer a ampliar rápidamente la capacidad de producción para poder satisfacer las necesidades no cubiertas de PrEP en mujeres, niñas y poblaciones clave de todo el Sur global.